La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció que las Leyes de Transparencia de Puerto Rico no alcanzaron sus objetivos, en un informe todavía por aprobarse con motivo de su reunión semestral, que se celebra entre este martes y el jueves.

Los problemas de periodistas ante los tribunales por no revelar fuentes y cómo algunos medios se han visto obligados a acudir a la Justicia para obtener acceso a información pública son otros aspectos negativos a los que se enfrenta la prensa de la isla.

El informe indica que las Leyes de Transparencia todavía no han logrado su cometido porque no son precisas en su redacción y “obstaculizan la consecución de los propósitos que motivaron su aprobación”.

El documento señala que, para paliar los problemas de la normativa actual, surgieron proyectos que pretenden rectificar los defectos de las leyes vigentes sobre acceso a información pública.

En particular, los proyectos tratan de mejorar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, ambas aprobadas por el entonces gobernador Ricardo Rosselló (2017-2019).

Recuerda el informe que, con el objetivo de garantizar el acceso a la información, un grupo de legisladores propuso designar oficiales en cada agencia gubernamental y disponer de una entidad fiscalizadora para que vele por el cumplimiento de los procesos.

Además, el proyecto 1303 establece que el Instituto de Estadísticas será la entidad gubernamental responsable de implantar la Política Pública de Acceso a la Información y de mantener un portal de internet sobre los procesos de petición.

Establece ese proyecto que toda entidad gubernamental deberá divulgar cierta información de manera rutinaria.

Por otro lado, el informe señala que los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres figuran como demandados en un pleito por difamación radicado por reportajes publicados en 2018 sobre una investigación a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por supuestos cobros irregulares.

Debido a este caso, la senadora Joanne Rodríguez sometió el Proyecto del Senado 734 para establecer la Ley para la Protección de Fuentes Periodísticas.

Por otra parte, el Proyecto del Senado 743 busca establecer el “Privilegio del Reportero”, para que un periodista no pueda ser declarado en desacato por negarse a revelar sus fuentes.

El informe provisional también recuerda que en diciembre de 2021 se aprobó la Ley de Drones, con el fin de prohibir a personas, entidades o agencias estatales la toma y grabación de imágenes por medio de sistemas aéreos no tripulados.

Esta ley ha causado preocupación entre algunos juristas porque afectaría derechos de libertad de expresión.

Además, el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) se ha visto obligado a acudir a los tribunales para obtener acceso a información pública, según denuncia el informe.

La SIP, con sede en Miami (EE.UU.), es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa.