Esta es la primera entrega de una serie que analiza la otorgación del recurso de habeas corpus durante la pandemia y sus repercusiones.

La limitación de servicios que ofrecen los tribunales durante la pandemia del COVID-19 –procedimientos que en algunas instancias se paralizaron hasta por cuatro meses– ha provocado un retraso sin precedentes en el organismo judicial, incluyendo que en los primeros seis meses de la cuarentena impuesta por el gobierno se haya tenido que liberar mediante el recurso de habeas corpus a 316 confinados sumariados a los que se les expiró el plazo de detención preventiva en espera de juicio.

Esta cifra histórica -que comprende del 16 de marzo hasta el 15 de septiembre- es casi cinco veces más o un 470% por encima de todas las excarcelaciones de este tipo que se dieron en el mismo periodo en el 2019, las cuales suman 66.

Incluso, son 217 casos más que todos los recursos que se concedieron en total el año pasado, cuando se consideraron “ha lugar” 96 peticiones. Todos los imputados por distintos delitos -quienes se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal- gozan de una libertad provisional mientras se reanudan sus juicios, los cuales han sido retrasados ante la crisis suscitada por el coronavirus.

Así lo reveló un análisis de Primera Hora a través de datos solicitados a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) durante los pasados meses. La dinámica de liberación en este periodo de emergencia comenzó a registrarse tan pronto como el 18 de marzo, al tercer día del toque de queda y cierre de operaciones económicas, sociales y gubernamentales que, por directriz de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, se ha ido extendiendo con algunas flexibilizaciones.

Ya para finales de mayo se habían concedido otras 73 peticiones por habeas corpus, un derecho constitucional que tiene toda persona imputada de delito a quien se le debe garantizar no estar detenido preventivamente por un término mayor de seis meses (180 días) sin que se celebre un juicio en su contra. Esta protección constitucional a los acusados inicia desde que se encarcela a la persona procesada por no prestar fianza y está al amparo del Artículo II, sección 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado, la cual establece que “la detención preventiva antes del juicio no excederá seis meses”. Según la Regla 119 de Procedimiento Criminal el juicio comienza con el juramento preliminar del Jurado o, en los casos que se celebran por tribunal de derecho, cuando el primer testigo presta juramento.

Entre los 316 casos de habeas corpus otorgados entre marzo y septiembre en las 13 regiones judiciales, las seis que más casos de excarcelación “ha lugar” han concedido son: Mayagüez (44), Ponce (41), Arecibo (37), Caguas (30) y Humacao (29) y Aguadilla (27). Esta última no otorgó ninguno en el 2019. La región que menos solicitudes atendió es Fajardo con nueve casos.

Un reinicio de labores judiciales con grandes retos

La reducción dramática en la actividad judicial durante los pasados siete meses emergió en una crisis pues, al principio, solo se tramitaba un número limitado de asuntos considerados esenciales o urgentes, mientras el resto -incluyendo los casos penales pendientes para juicio- entraron a un compás de espera. Cabe señalar que los casos de desahucios, ejecución de hipotecas, cobro de dinero (Regla 60) y Revisión de Boletos de Tránsito no se han atendido durante toda la pandemia.

Entre los procesos urgentes se consideran las órdenes de protección, vistas de causa para arresto, solicitudes de traslado de menores fuera de jurisdicción, órdenes de ingreso involuntario al amparo de la Ley de Salud Mental, las peticiones de recurso de habeas corpus, entre otros. Poco tiempo después del cierre impuesto por el gobierno, la Rama Judicial anunció que adoptarían un sistema de videoconferencias como alternativa para atender de forma remota los asuntos urgentes.

Fue a partir del 8 de junio que se comenzaron a reanudar lentamente las operaciones mediante un plan de reinicio que estableció el proceso por fases, siendo la primera una ampliación en el horario de servicio de los tribunales y llevando el 20% del personal a trabajar de forma presencial.

No fue hasta el 22 de junio -fecha estipulada por el Tribunal Supremo- que inició una segunda fase, y es la que ha permanecido, dando paso a que el personal que trabaja de manera presencial aumentara a entre un 35% y un 40% y a que se celebren audiencias presenciales impostergables, incluyendo casos de naturaleza penal grave y menos grave.

Sin embargo, el retorno paulatino ha sido retante, pues la dinámica en la sala judicial-con las implementaciones de que los imputados asistan a sus vistas por videoconferencias- confrontan tropiezos.

De hecho, Primera Hora fue testigo hace unos días los traspiés que hubo en la vista preliminar contra José Santiago Maymí, imputado por robo agravado y violaciones a la Ley de Armas. El sujeto es el padrastro de un niño de dos años que se presume pudo haber sido víctima de un crimen. La Policía investiga si los restos hallados en un paraje solitario, en Humacao, corresponden al pequeño.

En la vista, Santiago Maymí nunca pudo ser escuchado en sala, pues hubo una falla técnica de audio. El hombre tuvo que recurrir a levantar sus manos para indicar si escuchaba y entendía el proceso que se lleva en su contra. El asunto preocupó a la abogada Luz Porrata Cotto, de la Sociedad para Asistencia Legal (SAL). La licenciada indicó al tribunal que el asunto pudiera afectar la pureza del proceso y los derechos de quien pudiera convertirse en su cliente. Porrata Cotto informó, además, que el proceso de entrevistar a Santiago Maymí -esencial para la representación legal- se llevó a cabo en un salón del tribunal en el que no estaba del todo segura que se garantizara la confidencialidad entre abogado y cliente. Como este caso, han surgido otras quejas similares por parte de diversos abogados.

De otra parte, este diario supo que hace unas semanas en el Tribunal de Carolina no habían fiscales disponibles, pues toda la plantilla de esa región estaba en cuarentena luego de que tres de ellos arrojaran positivo a pruebas de coronavirus.

“No se estaban dando vistas por esa razón”, reveló una fuente a Primera Hora al tiempo que sostuvo que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) también ha confrontado múltiples problemas con sus sistemas de videoconferencia desde las instituciones penales.

Reacciona el juez administrador de tribunales

Mientras, el reinicio de labores en la rama judicial implica otros grandes retos, pues hay instrucciones para que los 386 jueces que laboran a través de las 13 regiones logren recandelarizar los procesos que se vieron retrasados y completar la tarea titánica de tratar de que se pongan al día.

Así lo indicó a este diario el juez Sigfrido Steidel Figueroa, quien dirige la OAT, al reiterar que la crisis de coronavirus adelantó los planes que tenían de incursionar en el sistema de videoconferencias que, inicialmente, estaba pautada como proyecto piloto en Humacao. Acotó que tienen un “sistema robusto” de tecnología y que le corresponde al DCR vigilar que esa agencia también cuente con un sistema en las mismas condiciones.

Entre marzo y septiembre se celebraron más de 29,500 vistas mediante el mecanismo de videoconferencia. De estas 12,371 fueron en casos civiles y 3,985 en casos penales.

Steidel Figueroa reconoció que “la pandemia ha sido un evento histórico” que ha impactado a todas las entidades gubernamentales y privadas sin excluir al órgano judicial.

Reconoció, además, que la situación ha provocado que se haya experimentado “sustancialmente” las peticiones de habeas corpus. “Esto reinvindica el derecho constitucional (que tienen los imputados) y no necesariamente es un problema”, dijo valiéndose de lo que dicta la Constitución.

“Esta evidencia estadística es producto de la pandemia y unas circunstancias operacionales que llegaron con ella”, expresó al agregar que la OAT se vio obligada a tomar decisiones de limitación de servicios para honrar las órdenes ejecutivas de la gobernadora y la determinación del Tribunal Supremo de paralizar el transcurso de los términos en los procesos de tribunales.

“Son medidas que se toman cuando hay emergencias y las operaciones judiciales quedan detenidas… en el caso de la pandemia el Tribunal Supremo paralizó desde mediados de marzo hasta mediados de julio el transcurso de los términos de los procesos judiciales… fueron cuatro meses en el que la operación estuvo afectada”, sostuvo.

Recalcó que ha sido una situación atípica que ha afectado los asuntos penales no solo en Puerto Rico, sino en todo el mundo.

“Fueron cuatro meses de casos detenidos y eso incide en múltiples reclamos de que se emitan los habeas corpus conforme a lo que establece la Constitución”, resaltó.

Rechazó que haya un retraso en los procedimientos pues, según estableció, los imputados que salieron bajo el recurso de habeas corpus han tenido su día en tribunal.

“Los casos se siguen viendo y muchos que salieron están concluidos… que hayan salido no significa que el caso se detiene. Muchos de estos están concluidos al día de hoy, ya sea porque se llevó a cabo juicio, hubo un acuerdo entre las partes o cualquier otra circunstancia”, sostuvo.

Sin embargo, el juez no supo precisar cuántos de los 316 casos concluyeron. “Ese número no lo tengo”, respondió.

Un escenario similar después del huracán María

Primera Hora le preguntó si la OAT reconoce que haya ocurrido una situación similar, en cuanto al exponencial aumento de órdenes de excarcelación que se han tenido que dar porque ha vencido el plazo de seis meses para que se celebre un juicio.

“Desde que se recopilan los datos, este ha sido un número sustancialmente mayor al de otros años… cuando el huracán María hubo un aumento y al otro año se redujo”, indicó.

El juez Steidel Figueroa alude a que un escenario parecido al que se experimenta en estos momentos se percibió en la isla para el 2018, meses después de los azotes de los huracanes Irma y María en septiembre de 2017.

En aquel entonces, más de 100 sumariados presentaron solicitudes para ser excarcelados, pues los seis meses para que se celebraran sus juicios -según dispuesto por ley- habían caducado durante los periodos del 19 de septiembre al 30 de noviembre de 2017, periodo en que las operaciones de los tribunales y todo el sistema judicial se vieron seriamente afectados por los desastres ocasionados por los ciclones. De hecho, hubo tribunales, como el de Aguadilla, que estuvo cerrado por ocho meses.

En aquel momento, para el 2018, un sumariado de nombre Alexander Aponte Ruperto -cuyo término de detención preventiva venció cuando los tribunales no habían entrado en función completa- recurrió al Tribunal Supremo de Puerto Rico reclamando el derecho constitucional a ser excarcelado.

Para enero de 2018, el alto foro judicial atendió el reclamo y determinó que el derecho establecido en la Constitución está por encima de cualquier eventualidad, incluso de las situaciones extremas provocadas en la isla a causa de los huracanes. La jueza presidenta Maite Oronoz, por ejemplo, afirmó que “un acto inevitable de la naturaleza no se puede utilizar para justificar que a un individuo, al cual todavía no se le ha probado ningún delito, se le prive de su libertad por un término mayor (de seis meses)”. Mientras, el juez asociado Luis Estrella Martínez, opinó que “el término máximo en que el Estado puede mantener a un imputado detenido en forma preventiva es, sencillamente, improrrogable. No tiene excepción”.

A diferencia de 2017 con el huracán María es que parece que la crisis de salud por la pandemia se extenderá por un tiempo adicional y el juez Steidel Figueroa está consciente de ello.

“Los efectos finales de esta situación no la hemos visto todavía”, expresó.

La mayoría de los casos son de imputados de violencia doméstica y de asesinatos notorios en la isla

Primera Hora analizó durante las pasadas dos semanas cada uno de los casos y constató que 82 de los 316 recursos de habeas corpus otorgados hasta mediados de septiembre corresponden a imputados por casos de Ley 54 (Violencia Doméstica).

Otros delitos radicados fueron asesinatos (35 casos), sustancias controladas (29 casos), robo (26 casos), Ley de Armas (26 casos), escalamiento (25 casos) y negligencia o maltrato a personas de edad avanzada (23 casos). Otros crímenes señalados fueron apropiación ilegal, tentativa de asesinato, conspiración, daños agravados, fraude, ratería, acecho, desacatos y agresiones sexuales a menores de edad. De este último delito fueron liberados nueve imputados.

En el renglón de asesinatos, está el caso del José Carlos Aponte Ramos, un hombre de 36 años señalado de matar a un matrimonio y a sus niños gemelos de nueve años de edad en hechos ocurridos en Trujillo Alto durante el primer día de este año 2020. El único sobreviviente de esta tragedia familiar de Año Nuevo fue un adolescente que también resultó herido. Aponte Ramos fue arrestado el 16 de enero de 2020, nueve días después de que se le radicaron cargos y se le haya impuesto una fianza de $27.5 millones que no pudo prestar, por lo que fue ingresado a la cárcel. La vista preliminar estuvo pautada para para el 28 de enero, pero se pospuso en varias instancias hasta coincidir con el receso por pandemia. Finalmente, el imputado salió en libertad restricta el 17 de junio tras pasar seis meses sin que se celebrara su juicio. Sin embargo, fue arrestado el pasado 15 de septiembre luego de que, supuestamente, intentara atropellar a dos policías municipales de Carolina. Este caso tiene pautada una vista de necesidad el 21 de octubre en la sala de la jueza Arlene de la Matta Meléndez del Tribunal de Carolina.

Además, está en libertad por recurso de habeas corpus William Avilés González una de las personas señaladas de dar muerte a la empresaria Hilda Padilla Romero, asesinada en la Avenida Los Filtros, en Guaynabo, el 30 de septiembre de 2019. La mujer fue asesinada mientras conducía su automóvil acompañada de dos hijas menores de edad, que no resultaron heridas. En este caso la hijastra de la empresaria, Keishla Pérez Bigio, también fue imputada con cargos de asesinato. Avilés González fue excarcelado en el verano. Tan reciente como esta semana se llevó a cabo una vista sobre el estado de los procedimientos y se fijó para el 1 de diciembre el inicio del juicio. El hombre, que confesó haber llevado a cabo el asesinato por encargo, Luis Rodríguez González, es uno de los testigos de la fiscalía.

Pedro Marrero Santiago, imputado de una matanza familiar ocurrida el 25 de febrero de 2020 en el sector El Cielo, en Toa Alta, también fue liberado por un retraso en el procedimiento judicial en su contra. Los hechos de este caso señalan a Marrero Santiago como el responsable de los asesinatos de tres miembros de su familia, cuyas edades fluctuaban entre 70 y 86 años de edad. La investigación policíaca apunta a que un lío por una herencia desencadenó en la tragedia que consternó al país. El caso aun está en vista preliminar y tuvo un señalamiento el pasado 13 de octubre para una vista de procesabilidad.

En los casos de violencia doméstica los informes entregados por la OAT mencionan el Efraín Torres Altú, imputado de atacar en 2017 a su esposa embarazada de siete meses con un cuchillo en hechos en el que también resultó herido un menor de edad. Este hombre -al igual que otros cinco imputados liberados por el recurso de habeas corpus- figuró en la lista de los más buscados en Puerto Rico. En el caso de Torres Altú fue arrestado en New Jersey y extraditado a la isla. Este caso, que fue radicado en 2019, se encuentra en etapa de juicio y tiene pautado una vista de estado de procedimientos para el 10 de noviembre en el Tribunal de Aibonito.

También se menciona el caso de José A. Alvarado Machado, a quien se le imputa haber agredido y privado de libertad a su pareja, en hechos ocurridos en Salinas. Al hombre se le radicaron cargos de maltrato agravado, amenaza, y agresión sexual conyugal. Alegadamente, la víctima estuvo secuestrada por 24 horas hasta que pudo escapar de su presunto agresor. La mujer tuvo que recibir asistencia médica al presentar contusiones en diversas partes del cuerpo y fractura en la nariz. Este caso aparece activo en la Consulta de Casos de Tribunales. En el mes de septiembre se llevaron a cabo unas vistas de seguimiento en la sala del juez Fernando Chalas del Tribunal de Guayama.

De otra parte, Jorge Cordero López, Secundino Ortiz Santiago, Héctor Félix Feliciano y Efraín A. Negrón Ramírez fueron imputados -en diversas regiones judiciales- de haber cometido alegadas agresiones sexuales o actos lascivos a menores de edad. Todos tuvieron que ser liberados tras cumplirse sus períodos de detención preventiva en espera de juicio. Todos los casos se encuentran todavía en etapa de vista preliminar.