Patronos de municipios y agencias de gobierno comenzaron a hacer referidos de servidores públicos vinculados a posible fraude al programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), confirmó el director ejecutivo de esa agencia Luis A. Pérez Vargas.

Luego que trascendiera que entre 10,000 a 15,000 empleados de gobierno pudieran haber solicitado ilegalmente el beneficio por desempleo, auditores de dependencias gubernamentales y ayuntamientos han detectado en sus oficinas algunos casos que han referido para investigación a la OEG.

Así lo explicó en entrevista con Primera Hora el director ejecutivo de la agencia fiscalizadora, al indicar que del viernes a hoy se han realizado tres referidos de diversas dependencias.

“Prefiero no divulgar el nombre de agencias o municipio para no poner en sobreaviso (a los empleados investigados”, dijo Pérez Vargas.

“Los mismos patronos -en esas auditorías internas- identificaron a empleados que solicitaron el beneficio de desempleo”, agregó.

Explicó que los abogados de la agencia evaluaron el escenario y determinaron que se tienen que dar uno de dos elementos para auscultar posibles violaciones a la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental que hayan solicitado el PUA.

“Tiene que probarse que haya utilizado propiedad pública o tiempo público para haber llenado la solicitud del PUA o desempleo. En ese punto es que habría potenciales violaciones a la ley. Ahora el andamiaje grande será analizar si, en efecto, hubo uno de esos dos elementos que lo que quiere decir es que haya utilizado alguna computadora del gobierno para hacer la solicitud o que haya utilizado su tiempo de trabajo -en el que cobraba dinero público- para la gestión”, manifestó.

Sostuvo que aun cuando la acción de fraude al programa federal implica un delito criminal, eso no conlleva elementos para violaciones a la Ley de Ética, específicamente en su inciso 4.2b el cual dispone que “un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté permitido por ley”.

Ejemplificó el asunto exponiendo que si un servidor público es sorprendido en medio de una transacción de drogas en horas no laborables, no hay elementos potenciales para adjudicarle faltas éticas porque la fechoría ocurrió en su tiempo libre.

“Esos delitos criminales conllevan otras acciones penales a nivel de Justicia. Y en estos casos en particular podrían ser a nivel estatal o federal”, determinó.

Asimismo, explicó que si se demostrara que algún empleado del Departamento del Trabajo contribuyó para la acción de algún fraude, se le aplicarían violaciones por la misma disposición del inciso 4.2b de la Ley.

“Si un empleado ayudó, brincó turnos, facilitó el fraude pues, también aplicaría. Sería algo similar a los empleados del CESCO que borraban multas”, dijo.

De otra parte, confirmó que recientemente se reunió con el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago, para analizar el panorama y se coordinó que habría colaboración interagencial en las investigaciones.

“El proceso de investigación conlleva entrevistas a patronos para saber el horario de trabajo de los empleados, si laboraban remoto… y también tendremos que recurrir al Departamento del Trabajo para saber la fecha y hora de solicitud, conocer de dónde provino esa solicitud”, expresó a recordar que el proceso de reclamo del beneficio de desempleo se ha llevado a cabo en diversas modalidades que van desde entregas por servicarro o buzones hasta internet o a la mano en alguna oficina de la agencia.

“Es complejo”, admitió.

Reconoció también que se ha detectado que algunos empleados públicos solicitaron la compensación por haber tenido una pérdida de ingresos en trabajos de medio tiempo (partime) o trabajos por cuenta propia luego de su jornada laboral en el gobierno. El beneficio del PUA no es aplicable en estos casos porque no se registró la pérdida de ingreso principal del individuo. De hecho, los servidores públicos no han visto afectados sus ingresos durante la pandemia. Al contrario, se han mantenido recibiendo el pago de sus salarios desde el inicio de la emergencia de salud pública.

En cuanto a medidas disciplinarias dijo que las mismas pudieran ser aplicadas por los mismos patronos a nivel administrativo a través de un memo, suspensión o destitución. Esto último aplicaría si la persona resultara convicata por un delito grave o menos grave a nivel de tribunal federal o estatal.

“En el caso de nuestra oficina las medidas incluirían multas. Lo importante es que se sepa que hay distintas vías de encarar a la justicia, dependiendo el foro en el que se vea”, sostuvo.

Ayer la secretaria de Justicia, Inés Carrau, exhortó a empleados públicos -y ciudadanía en general- involucrados en el fraude a que cooperen con las autoridades y de esta forma minimizar las consecuencias legales que tendrán.

“Nuestro llamado a todo aquel que obtuvo estos beneficios de manera fraudulenta es que devuelvan el dinero. Esto no quiere decir que el delito no se haya cometido, pero puede ser un atenuante al radicar el caso”, explicó.

Recordó que algunos de los delitos criminales que se le pudieran imputar a personas vinculadas en fraudes al programa de desempleo conllevan extensas penas de cárcel.

“Por ejemplo, por apropiación ilegal de bienes públicos son 15 años de cárcel; por fraude son ocho años de prisión y por falsificar licencias son tres años”, explicó.

“El catálogo de delitos que se pueden cometer cuando solicitas ilegalmente los fondos PUA varían”, agregó.

Al momento se han efectuado 68 arrestos vinculados a fraudes del programa de desempleo federal por la pandemia, 62 querellas y se han recuperado $425,000.

Mientras, Justicia ha radicado cargos contra 11 de 67 personas intervenidas por la policía entre julio y septiembre cuando intentaban cambiar cheques del PUA en instituciones bancarias. Ninguna de las radicaciones criminales ha involucrado a servidores públicos.