El panorama fiscal sigue de mal en peor para los municipios y los alcaldes populares no lo ven nada halagador mientras continúa la disminución en sus arcas por la anunciada merma de ingresos de fondos de la Lotería Electrónica y la posible eliminación de la Ley 29.

Hoy los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular Democrático (PPD) sostuvieron una reunión extraordinaria para discutir, entre otros asuntos, la situación actual del Centro de Recaudaciones Municipales (CRIM) y qué medidas tomarán para que el impacto fiscal para los ayuntamientos sea menor.

Los ejecutivos municipales insisten en que son ellos el primer frente de ayuda a la ciudadanía, que los recortes provocarán que se afecten los servicios al pueblo así como la reducción de empleos.

Ante ese panorama, le exigieron a la gobernadora Wanda Vázquez que no condene a los municipios a desaparecer, como -alegan- pretende el gobierno, y que cumpla su palabra con los ayuntamientos.

Parte de los retos que enfrentan los municipios, recordaron los miembros de la Asociación, provienen del plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que dispuso la eliminación de $360,869,936, del Fondo Genera, que inició con la eliminación del Fondo de Exoneración ($133 millones), $7.8 millones de la porción de las Rentas Internas Netas en el año fiscal 2017-2018 y la reducción del Fondo de Equiparación Municipal, a razón de $44 millones anualmente.

Sin embargo, también mantiene en vilo a los alcaldes la Ley 29 que le quito el peso de realizar los pagos a la reforma de salud y las aportaciones del pago de pensiones bajo el sistema “PayGo”, y cuyo futuro está ante los tribunales.

El alcalde de Maunabo, Jorge Márquez, recordó que mañana hay una vista argumentativa en la que la jueza Laura Taylor Swain -durante la audiencia general de los casos de Título III del mes de marzo- decidirá si acoge los argumentos de la JSF y anula esa ley.

La eliminación, dijo Márquez, tendría unas repercusiones económicas sobre los municipios que podrían ser devastadoras”.

Según el CRIM, si la Ley 29 queda sin efecto, 35 municipios quedarán en bancarrota.

En cuanto a la merma en ingresos de la Lotería Electrónica, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, dijo que el viernes, en una reunión del CRIM, se les informó que el gobierno de Wanda Vázquez le quitará a esa entidad municipal independiente “$17.4 millones, de recaudos de la Lotería y quiere que nosotros le quitemos esos recaudos a todos los municipios del país”, con el consabido impacto que esto tendrá en los pueblos.

Ejemplificó que en el caso de San Juan, que al ser un municipio grande ya se le quitó “la gran mayoría”, la disminución en los próximos cuatro meses será de $105,161.

En el caso de Vieques -que Cruz Soto dijo que aún el alcalde espera por un hospital para atender a su gente- serían $210,463, menos.

La alcaldesa de San Juan, quien es miembro de la Junta del CRIM, dijo que “la gobernadora empeñó su palabra y dijo que iba a cumplir con la Ley 29” que se estableció como un salvavidas para ayudar a los municipios luego de la eliminación del Fondo de Equiparación.

Urgió a la Legislatura a presentar medidas para evitar que se afecten los municipios al reducirle sus ingresos, y contrarrestar “el plan concertado del partido de gobierno para eliminar municipios…”.

De su parte, el alcalde de Isabela, Charlie Delgado Altieri, sostuvo que ahora la gobernadora quiere presentar un nuevo plan con fondos disponibles para cubrir la necesidad de la Ley 29.

“Claro, el gobierno central recaudó en el 2019 $11.3 billones… Tienen el dinero para restituir nuevamente el Fondo de Equiparación en los municipios. Y es dinero recurrente no comprometido”, expresó Delgado Altieri.

Otra petición que produjo la reunión extraordinaria de hoy, celebrada en la sede de la Asociación de Alcaldes, en Puerta de Tierra, es que en un futuro muchas de las funciones del CRIM pasen a mano de los municipios como sería la segregación de fincas, trabajo que está atrasado en esa entidad y les allegaría más ingresos.

De otra parte, la alcaldesa Cruz Soto también abogó porque el dinero que está en el Fondo de Redención de la Deuda Estatal (que ahora mismo está en $170 millones), vaya al Fondo de Equiparación, al igual que los fondos de la Lotería Electrónica, de donde muchos municipios pequeños subsisten, ya que por su naturaleza y condición geográfica no todos tienen el mismo potencial de desarrollo económico.

Los ejecutivos municipales adelantaron que la próxima semana enviarán a la gobernadora un proyecto de ley para que devuelvan al Fondo de Equiparación los dineros que el estado le ha quitado.

El alcalde de Comerío, Josian Santiago, insistió que los recortes constantes tienen un impacto directo, por ejemplo, sobre el programa de Ama de Llaves, que cuidan a envejecientes en su pueblo y que no podrían ser contratadas, así como disminuir el recogido de basura.