El exsecretario de Vivienda, Fernando Gil Enseñat, reconoció que quien llevaba la voz cantante “y el papel técnicamente protagónico” en las reuniones de esfuerzos de recuperación que se celebraban en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) ante la emergencia por los sismos, era el designado secretario de Estado, Elmer Román.

Esto, a su juicio, provocó mucha desorganización e incluso duplicación de pedidos y entregas de suministros.

“Aunque en papel el State Coordinating Officers era el secretario el Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, en la práctica quien estaba fungiendo como tal era Elmer Román”, sostuvo a su salida de la vista pública de la comisión especial que investiga la respuesta del gobierno ante la crisis de terremotos en el suroeste de la Isla.

De igual forma mencionó en la vista pública que cuando en horas de la mañana se realizaban las reuniones en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), en Caguas, aunque el comisionado Carlos Acevedo era quien estaba a cargo “de manejar todo el andamiaje, operacionalmente”, quien daba instrucciones era Román y luego Acevedo, durante el día, las implementaba.

Gil Enseñat, junto a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, y el director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), Héctor López Sánchez, fueron los tres funcionarios que testificaron hoy bajo juramento ante la comisión, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.

Tanto a Longo Quiñones como a López Sánchez se le solicitó la entrega del informe inicial de la investigación administrativa que hizo el NIE sobre los almacenes en Ponce, donde se encontraron suministros que no fueron entregados a los refugiados. Sin embargo, ambos se ampararon en que ya ese documento es parte del sumario fiscal y hasta que no culmine la investigación no se puede hacer público.

Rodríguez Aguiló adelantó que esta tarde hará la petición formal del documento, so pena de desacato, y “de no cumplir, tanto el NIE como la secretaria de Justicia nosotros entonces iremos al tribunal”.

Hoy también salió a relucir que Justicia tiene otra investigación, además de la de los almacenes, en torno a la denuncia de mal manejo de suministros en la zona sur por la administradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), Surima Quiñones.

Sobre este punto, Rodríguez Aguiló opinó que hubo “muchas incongruencias... Fue totalmente confusa la información que vertió la secretaria”.

Mencionó que ya ellos han hecho requerimientos al Departamento de la Familia incluyendo “cómo se entregaron esos suministros, quién fue la persona responsable...”.

También piden que les informen si se mantuvo la suspensión sumaria de Quiñones.

En su comparecencia ante la comisión especial el viernes pasado, Andújar Ramos reveló que luego de una pesquisa administrativa de la División Legal de la Agencia, se recomendó la suspensión sumaria de Quiñones, en lo que se hacía la investigación a fondo.

La exfuncionaria reconoció que hasta que ella no tomó la determinación contra Quiñones, su trabajo nunca fue cuestionado.

Por su parte, esta tarde Gil Enseñat informó que el pasado 19 de enero, a las 5:12 de la tarde, recibió una llamada del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, para solicitarle que entregara su carta de renuncia porque en breve la gobernadora Wanda Vázquez lo iba a anunciar en una conferencia de prensa.

Ya el día 18 de enero se había formado el revolú con el almacén de Ponce.

Ese mismo día en la tarde, Acevedo fue despedido y luego Andújar Matos le siguió los pasos.

Al sol de hoy, Gil Enseñat acepta que desconoce las verdaderas razones para su despido.

En sus preguntas los legisladores confrontaron al licenciado con las distintas versiones que han corrido sobre las razones para que la gobernadora le quitara su confianza, incluyendo la de poner en riesgo el desembolso de los fondos del Programa de Desarrollo Comunitario para Mitigar Desastres (CDBG-DR), pero este siempre dijo que esas denuncias no eran ciertas.

“La realidad, y lo digo bajo juramento, nunca; por el contrario, si yo hubiese atentado contra eso (los fondos) no creo que hubiésemos podido tener acceso a $9.7 billones”, sostuvo al insistir que las declaraciones que hizo en ese momento fueron para denunciar que las exigencias que se estaban imponiendo para la llegada de fondos dilataría el proceso.

Hoy reconoció que nunca -ningún funcionario- le hizo algún señalamiento de que estaba trabajando mal el asunto de los refugiados en la zona sur del país o con el manejo de los refugios y el “cuidado en masa”.

Confesó que desconocía que en Ponce había un almacén con suministros y confirmó que su agencia tenía dos, uno en Cabo Rojo y el otro en la Avenida Barbosa en San Juan.

Dijo que como parte del manejo de los refugios, la agencia trabaja en la apertura de los lugares donde ubicarán; hacen un censo de los participantes; deciden quién los administrará y el suplido de suministros, incluyendo el desayuno, almuerzo y cena, que prepara el Departamento de Educación.

Mientras, expresó que esa agencia tiene un plan operacional para manejar una situación de emergencia, adicional al del Estado.

Fue cuando se le pidió en la vista que evaluará el plan interagencial del gobierno que denunció que quien fungía como persona encargada del incidente era el secretario Román.

Expresó que él cree que quien le delegó esa función a Román “fue la gobernadora que lo empoderó así”.

A preguntas de Primera Hora de cuál era el efecto de tener a Román dando también instrucciones, aceptó que se cambiaba la dinámica “porque cada cual debe responsabilizarse por su área… y la forma y manera en que se llevaba a cabo la dinámica de la reunión por la mañana no permitía eso”.

Aceptó que la impresión que tenían él y otros funcionarios era que había mucha gente dando instrucciones y a la hora de la verdad no se hacía el trabajo que correspondía.

Ejemplificó que, en ocasiones, en la coordinación de alimentos se estaban llevando suministros a sitios que no correspondían, quizás de buena fe, pero usó el refrán que “de buenas intenciones está pavimentado el camino hacia la perdición”.

Otro ejemplo fue que se recibía una comunicación por texto de que tal pueblo necesitaba 200 catres, pero a la misma vez Vivienda hacía lo propio a nivel de sistema, y vino otro subalterno, "despachó esos catres y ya se le están dando 400”.

Aceptó que las quejas que él hacía parece que no gustaban “a mucha gente” y pudo provocar su despido.

Los miembros de la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total ante una Emergencia de la Cámara de Representantes se reunirá este viernes en Ponce, a las 10:00 a.m., a la que asistirán los alcaldes de Peñuelas, Yauco, San Sebastián, Lajas, Guánica, Guayanilla, Utuado, y Ponce.