Organizaciones a favor de los derechos de los confinados cabildeaban hoy en la oficina del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez por la aprobación de un proyecto de ley que busca reducir a 25 años el término para que los reos con sentencias de más de 99 años puedan solicitar ser evaluados por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) .

La medida, Proyecto del Senado 437, se aprobó a viva voz en la Cámara, el pasado 16 de mayo, pero la pieza legislativa no se llevó a votación final y se dejó en asuntos pendientes.

“Estamos aquí hoy tratando de llevar un mensaje al Presidente de la Cámara. El martes 16 de mayo el Proyecto 437 bajó a votación al hemiciclo y se aprobó a viva voz. Una vez nos retiramos de las gradas a eso de las 6:30 de la tarde nos enteramos por los medios de comunicación de que el Presidente detuvo la votación final”, dijo Damaris Díaz, portavoz de la Asociación Pro Derechos del Confinado-Netas.

“Habemos muchos familiares aquí porque lo que necesitamos es que se libere (la medida) y se lleve a votación final para que de alguna manera u otra, el gobernador (Pedro Pierluisi) lo firme. Desafortunadamente hemos escuchado a personas que no están familiarizadas con este proyecto”, sostuvo Díaz en declaraciones a periodistas mientras aguardaba por ser atendida en la Presidencia de la Cámara.

La portavoz del grupo dijo que actualmente los confinados con sentencias de 99 años o más cumplen 35 años para ser evaluados por la JLB y “esto (el proyecto de ley) no necesariamente significa que al confinado lo van a soltar”.

“Eso es falso, porque ahora mismo la JLP tiene un proceso evaluativo y muchos confinados no cualifican para este privilegio porque es un privilegio. No todos se van a beneficiar. El proyecto lo que busca es que en vez de 35 años sean 25 años para que puedan ser evaluados”, sostuvo Díaz.

La acompañaban otras personas en representación del Nuevo Grupo 25 de Mayagüez, el Grupo Los 27 y Familiares de Confinados de Seguridad Protectiva.

Las organizaciones se manifestaron frente al ala norte de la Casa de las Leyes en demanda de la aprobación de la medida de la autoría de las senadoras Gretchen Hau, del Partido Popular Democrático y Joanne Rodríguez Veve, del Proyecto Dignidad.