La Contraloría de Puerto Rico informó hoy varios hallazgos en las operaciones del municipio de Luquillo, entre las que figura la contratación de personas no autorizadas para dar servicios de arquitectura e ingeniería.

El informe de auditoría, que cubre el periodo del 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2018, revela que el municipio contrató por $98,580 a una compañía para dar servicios de diseño de planos, supervisión y evaluación técnica de proyectos de construcción, cuyo presidente y agente residente no tenía la licencia requerida como arquitecto, se indicó en un comunicado de prensa.

De igual forma, el municipio contrató por $113,675 a un ingeniero en entrenamiento, sin la licencia requerida para realizar servicios de inspección y asesoría en proyectos de construcción.

Contraloría señaló que ambas situaciones se refirieron el 28 de octubre de 2019 al Departamento de Justicia, al Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, y al Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, pero que a la fecha de este informe -9 de julio- estaban pendientes de ser investigadas.

Por otro lado, la auditoría menciona que el municipio registró obligaciones presupuestarias para 16 facturas por $1,011,950, hasta cinco meses después de que la compañía facturara los servicios, cuando el Reglamento para la Administración Municipal de 201, dispone que se deben obligar las asignaciones antes de efectuar las compras, y el director de Finanzas debe certificar la disponibilidad de fondos.

Dicha situación dificulta mantener un control efectivo y puede propiciar sobregiros en las partidas presupuestarias, dijo Contraloría.

Además, el municipio registró en la Oficina del Contralor 371 contratos y 186 enmiendas por $4,597,693 con tardanzas de hasta un año. Esta situación impidió que los contratos estuvieran accesible a la ciudadanía en calidad de documentos públicos en el tiempo requerido, mencionó Contraloría.

Por último, los auditores hallaron que el alcalde Jesús Márquez Rodríguez no remitió a la consideración de la Legislatura Municipal el acuerdo de transacción por $103,125 de una demanda civil por despido injustificado a cinco empleados transitorios. Contraloría dijo que la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos dispone que en transacciones judiciales mayores a $25,000, el alcalde debe obtener el consentimiento de la Legislatura.

La auditoría comenta que al 30 de junio de 2018, el municipio tenía 12 demandas civiles pendientes de resolución por $3,036,034. Además, cinco casos de empleados estaban pendientes de resolución en la Comisión Apelativa del Servicio Público.