Al cerrar los trabajos esta tarde de la presente sesión extraordinaria, las Cámaras Legislativas aprobaron un paquete de medidas de salud entre las que se destacan dos piezas de ley que buscan poner controles a las aseguradoras.

Ambas medidas enmiendan el Códigos de Seguros y una de ellas, la Ley de Farmacias. Los dos proyectos de ley fueron aprobados con enmiendas en ambos cuerpos legislativos y pasan para la firma de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales no pudo precisar si las aseguradoras cabildearon en contra de ambas medidas de La Fortaleza.

“Si hubo cabildeo conmigo no fue. Primero, ellos saben que yo no les doy foro y segundo, no pierden el tiempo conmigo”, sostuvo Morales.

Una de las medidas (1658) establece que el criterio médico irá por encima de las aseguradoras en asuntos tratamientos médicos a pacientes.

Esta medida, dijo el representante Morales, fue enmendada para que el criterio médico también vaya por encima los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacias (PBM en inglés). “Ellos son los que administran todo lo que son las farmacias. Ellos son los que autorizan el despacho de los medicamentos. Es el PBM, no la aseguradora el que decide despachar o no el medicamento”, sostuvo el legislador novoprogresista al detallar los cambios introducidos a la medida.

La segunda pieza legislativa (2583) busca agilizar el proceso de adjudicación y pago de las reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud a las aseguradoras. La medida propone acortar el periodo de tiempo que tiene la aseguradora para contestar la reclamación de denegatoria de cubierta por servicio o tratamiento de salud de 72 a 48 horas. En el caso de medicamentos controlados, el período se reduce de 36 horas a 24 horas.

“Esa medida no sufrió muchos cambios. Fueron sugerencias que nos hicieron, pero van dirigidas a que no haya sorpresas, se le ofrezca el servicio al paciente y que cuando se le vaya a pagar al proveedor, reciba lo que se le paga a todo el mundo”, indicó Morales.

Sostuvo que “en un momento dado el proyecto pretendía que se utilizaran otras tarifas y lo que provocamos con el nuevo lenguaje es que sea un justo pago”.

Una tercera medida aprobada (1528) enmienda el Código de Seguros de Salud para atajar las llamadas “facturas sorpresa” en la facturación de los planes de salud.

Otros dos proyectos (2143 y 2144) que van la firma de la Gobernadora, son los del representante novoprogresista, José Enrique “Quiquito” Meléndez, que buscan establecer salarios mínimos para enfermeros y enfermeras en los sectores públicos y privado.

La Cámara aceptó las enmiendas que le hizo el Senado a ambas medidas, de reducir el salario mínimo propuesto originalmente para todas las categorías de enfermeras o enfermeros.

Con estas enmiendas, una enfermera práctica sin experiencia comenzaría cobrando $1,800 mensuales en el sector público y $1,750 en el sector privado. Ambas medidas en sus versiones originales disponían un salario mínimo de $2,000 mensuales.

Las nuevas escalas entrarían a vigor en 2022, en el sector público y en 2023, en el sector privado.

Igualmente se aprobó el proyecto 1642, del senador Héctor Martínez para extender los beneficios del Plan Vital a los oficiales de custodia del sistema correccional quienes están excluidos del plan de salud del gobierno.

Otra medida aprobada que también va para la Fortaleza es la de donativos legislativos. La Cámara concurrió con las enmiendas del Senado a la Resolución Conjunta que asigna $20 millones en donativos legislativos a unas 571 instituciones sin fines de lucro.

La medida incluye asignaciones a entidades e instituciones semipúblicas, públicas y privadas cuyas actividades o servicios propendan al desarrollo de programas y bienestar social, de la salud, educación, cultura y a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Los fondos provienen del presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2020-2021.

Del total de 21 medidas que incluyó la Gobernadora en la convocatoria de la sesión extraordinaria, las Cámaras Legislativas aprobaron 18. Un proyecto que establece un sistema de monitoreo de casos de sobredosis del senador José Vargas Vidot no logró los votos como tampoco, la propuesta de la Gobernadora de celebrar un referéndum para elevar a rango constitucional el pago de las pensiones. Otra medida, que buscaba facultar al Departamento de Hacienda para conceder préstamos al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) fue atendida en la Cámara, pero el Senado no la consideró.