La macacoa cayó de repente para Nelson Reyes Aponte, un luquillense que, a pesar de haber tenido un trabajo y hogar estable, lo perdió todo luego de haber sufrido una serie de ataques cardiacos que lo dejaron desempleado y con pocos recursos para pagar una renta.

La inestabilidad económica y el hecho de haber quedado sin hogar llevaron al hombre solicitar asistencia a través del programa de alquiler de viviendas de Sección 8, un servicio operado en Puerto Rico a través de la Administración de Vivienda Pública (AVP) y algunos municipios.

Aunque el beneficio le fue otorgado casi de inmediato a don Nelson -quien tiene 62 años- lo cierto es que el proceso se convirtió en un dolor de cabeza, pues transcurrieron ocho meses en lo que pudo conseguir una vivienda que cumpliera con los parámetros del programa que, en su caso, se trataba de una residencia con servicios básicos de agua y luz, un dormitorio y un baño.

“Me tuvieron que extender el ‘voucher’ cuando se percataron que no encontraba nada... sin mentir, mal tasa’o, fui a más de 20 sitios buscando casa para alquilar. Los que no eran alquileres a corto plazo como Airbnb, no cogían plan 8 y todo se convirtió en un pugilato, porque tengo un perro, y tampoco lo aceptaban. Esa es mi única compañía y no estaba dispuesto a mudarme sin ese perrito”, cuenta Nelson sobre el proceso de búsqueda de un hogar para alquiler en Luquillo, pueblo en el que ha vivido los últimos 37 años.

El administrador de AVP, Alejandro Salgado Colón, detalló que, actualmente, el programa de Sección 8 (a nivel estatal) cuenta con 12,875 vales, 11,431 contratos y la disponibilidad de otorgar 463 “vouchers” adicionales a familias necesitadas. Sin embargo, de las ayudas aprobadas “hay 517 vales en la calle”. Esto significa que son personas sin hogar que están en búsqueda de una casa a través de un arrendador que tenga contrato con el gobierno para alquilar su propiedad a través del programa de Sección 8, una tarea que cada vez se hace más difícil debido a la falta de inventario.

Pese a que don Nelson encontró un espacio para alquiler, detalló que los meses que estuvo buscando residencias sufrió una depresión que lo dejó “tres días sin hablar, sin comer y sin hacer nada”.

“Fui a un psiquiatra y bregué con eso, pero se me hizo duro. Nunca había pasado por esto en mi vida. No vengo de estar en la calle. Trabajé siempre, pero me enfermé y empezaron los problemas. Poco a poco lo fui perdiendo todo hasta que en el 2022 me quedé totalmente en la calle. Y ese periodo la cosa se complicó porque murió mi mamá, murió mi hermano y murió la que era mi expareja que, aunque estábamos separados, me dolió mucho esa pérdida”, relató el hombre.

Ahora Nelson se siente tranquilo, dice que está mejor de salud y quiere dejar en el pasado ese periodo en el que estuvo a punto de acoger como refugio una estructura abandonada.

“Me vi en una encrucijada grande al estar sin casa y pensé ocupar un estorbo público... no me importaba nada. Es que es frustrante ver que hay espacios abandonados y tanta gente sin hogar. Pero el alcalde de Luquillo, Jesús “Jerry” Márquez, me dijo: ‘Nelson, no lo hagas porque será peor y ahí no tendrás agua ni luz’. Ellos me ayudaron un poco y aquí estoy desde agosto, en este nuevo hogar que no es grande, pero está bueno para mí y para mi perro”, expresó el hombre que también padece de neuropatía diabética.

En una situación similar está Iris Rivera, una madre soltera con hijo adolescente y paciente de cáncer que está en riesgo de desahucio “en cualquier momento” en el lugar en el que vive en Aguadilla.

Angustiada, la fémina de 47 años buscó ayuda a través del Programa PATH (Project for Assitance in Transition from Homelessness) de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), el cual ofrece servicios en toda la isla a las personas sin hogar o que estén en riesgo de perderlo con una condición de salud mental severa y/o con diagnóstico concurrente.

A través del personal de PATH, Iris pudo solicitar los beneficios de Sección 8, el cual le fue aprobado con relativa rapidez hace tres meses. En cambio, como ocurre con muchos participantes, el proceso de búsqueda de un hogar para alquiler que se adapte a sus necesidades y a los requisitos del programa, han sido cuesta arriba y el reloj juega en su contra, pues el “voucher” -otorgado para utilizarse en tres meses- caduca este mes.

“Tuve mucha dificultad para encontrar un espacio. Apareció una casita que la estamos limpiando y preparando para que pueda pasar la inspección de sección 8. Pero surgió una situación con la dueña, que tuvo que ser hospitalizada de emergencia, y he tenido problemas para que me extiendan el ‘voucher’ un tiempo adicional”, denunció hace unos días la angustiada la mujer.

Iris explicó que desesperada buscó refugio en la Procuradora de la Mujer, donde le dieron una carta certificada en la que se explica su situación social y de salud para que la entregara al personal del programa de Sección 8 con la esperanza de que comprendieran su situación y extendieran la vigencia del ‘voucher’. “Pero ellos no quisieron aceptarla”, dijo llorando.

“Es la primera vez que solicito este beneficio y me lo dieron de emergencia porque soy paciente de lupus, vasculitis en el cerebro y fibromialgia, entre otras condiciones. Necesito una casa urgente para mí y para mi hijo, pero la verdad es que no fue fácil conseguirla. Ha sido una odisea porque, como no tengo carro, necesito que esa casa quede cerca de la escuela del nene. He tocado puertas, pero si no es que la casa es de tres habitaciones, es que están cerradas y los dueños no aparecen o, simplemente, los caseros no quieren alquilar por Sección 8″, explicó Iris al agregar que el vale que le concedieron es de $714 para una residencia de dos cuartos, un baño y con servicios de agua y luz.

Finalmente, el personal de PATH logró que le extendieran el vale a Iris, antes de la publicación de esta historia, afirmó a Primera Hora Jessie Flores, coordinadora del programa. A través de PATH se ayuda a buscar viviendas a personas necesitadas mediante el Emergency Housing Voucher Program (EHV), el cual incluye beneficios para sección 8.

La funcionaria explicó que las historias de Nelson e Iris se repiten diariamente en Puerto Rico, donde muchas personas beneficiarias de los vales de Sección 8 tienen que solicitar una extensión de más de 180 días, ante el problema que hay en la isla de inventario de viviendas para renta.

“Es una situación compleja para los beneficiarios y muchísimo más para los de nuestro programa (PATH) porque son participantes que tienen diagnósticos de salud mental o de otras condiciones y que, muchas veces, están limitados de recursos como teléfono o transportación...la situación los lleva a frustrarse y, en ocasiones, renuncian a los beneficios porque se cansan”, explicó Flores.

Acotó que el riesgo mayor de esta población es, precisamente, estar en la calle y sin hogar, mientras buscan un lugar seguro para alquilar.

“Algunos terminan en la calle o en riesgo alto de quedar en la calle... los pueden asaltar, les roban los documentos. A nivel emocional es muy triste. No es solamente el riesgo físico, es que hay un asunto también a nivel de emociones. Muchas veces no logran reinsertarse nuevamente a la comunidad porque por haber estado expuestos a estas situaciones quedan con traumas permanentes que les dificulta continuar su diario vivir”, señaló Flores.

Aunque hay albergues de emergencias para las personas sin hogar, muchos declinan ir a estos hogares -principalmente si tienen hijos- porque tienen que compartir espacio con otras personas que están pasando “situaciones diferentes”.

“Además, se les dificulta mucho moverse de municipio. Ahora mismo estamos trabajando un caso de Juana Díaz de una familia con menor, pero no quiere irse al albergue porque es en Canóvanas... para los que estamos en el ‘field’ es bien frustrante porque estamos limitados de ayudar a los participantes. Y a eso súmale, por ejemplo, que en Puerto Rico los albergues para mujeres que no sean víctimas de violencia de género están bien limitados”, puntualizó la funcionaria al añadir que muchas de las personas que se ayudan a través del programa son “madres solteras, pobres, desempleadas o con un trabajo a tiempo parcial, que no les da para costear la renta de una unidad”.