El director ejecutivo del Instituto de Estadísticas (IEPR), Mario Marazzi-Santiago, dijo hoy sobre la sentencia emitida ayer por el Tribunal de Primera Instancia donde el juez superior Anthony Cuevas Ramos emitió una orden de cese y desista contra el gobernador Ricardo Rosselló Nevares por interferir con el funcionamiento del IEPR y ordenó la restitución de los cuatro directivos que el primer ejecutivo destituyó el año pasado para dar paso a sus propios designados, que es un respaldo a la independencia de la institución.

"Este dictamen es otro respaldo a la independencia del Instituto de Estadísticas que tan esencial es para su funcionamiento y su razón de ser", dijo hoy en un comunicado.

“Tras las contundentes expresiones del Tribunal y del Presidente de la Reserva Federal de Nueva York esta semana, esperamos poder dar por cerrado este capítulo, de modo que en el Instituto podamos concentrar todos nuestros esfuerzos y recursos en el cabal cumplimiento con nuestros deberes y responsabilidades”, añadió.  

“Reiteramos el interés de nuestra parte y disponibilidad para reunirnos con el Gobernador y poner a su disposición los servicios y recursos del Instituto”, puntualizó Marazzi-Santiago.

En un fallo de 35 páginas donde el juez analiza extensamente la jurisprudencia en torno a la designación y destitución de funcionarios y miembros de juntas de directores, Cuevas Ramos concluyó que el gobernador Rosselló Nevares actuó de manera contraria a la ley, cuando aplicando una ley firmada por este, removió a directivos, cuyas facultades no son exclusivas de la rama Ejecutiva.

“La destitución de los demandantes como miembros del Instituto fue nula e ilegal”, reza el fallo de Cuevas Ramos haciendo referencia a la remoción de los directivos Antonio Fernós Sagebién, Ana L. Dávila Román, Marta Alvarez Burgos y Sonia Balet Dalmau.

Según el análisis de Cuevas Ramos, que entre otras cosas, descansa en jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, “el alcance de la facultad del primer ejecutivo para destituir funcionarios subordinados a él depende necesariamente de las funciones que ejerza el funcionario y si las mismas son la esencia del poder ejecutivo”.

“Entendemos que esta situación de incertidumbre les está ocasionando daños al Instituto y, en última instancia, a nuestro País porque ello repercute en la validez y efectividad de las decisiones tomadas y anunciadas por ambas juntas”, sostuvo el juez superior, quien también hizo referencia a los planteamientos esbozados por el grupo congresional creado bajo la ley federal Promesa y que solicitó fortalecer el IEPR.

El 21 de julio de 2017, en un confuso proceso, Rosselló Nevares destituyó a cuatro de los sietes directivos del IEPR, mientras dejó en el cargo a dos directivos que habían sido nombrados bajo la administración de Luis Fortuño, Bethsie Rosa Reyes y Alex Lopez Echegaray y acto seguido, nombró a la presidenta de la Junta de Planificación, María Gordillo, a la contadora pública Jeanelle Alemar Escabí mientras renominó al ya directivo del IEPR, Arnaldo Cruz Sanabria.

Entonces, El Nuevo Día reportó que la destitución de los directivos se produjo mientras estos se aprestaban a nombrar un nuevo director ejecutivo. En ese momento, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, cuestionó el proceder de la junta del IEPR y dijo a este diario que “la junta del Instituto se aprestaba a hacer un nombramiento para dirigir el IEPR, cosa nos amarraba las manos”.

Rosselló Nevares destituyó selectivamente a los directores del IEPR que fueron nombrados bajo la administración de Alejandro García invocando la Ley 3 de 2017 y que establece que el primer ejecutivo podrá remover a miembros de juntas de directores (lo que también hizo en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica) si no gozan de su confianza o no pueden implementar su política pública.