La senadora independentista María De Lourdes Santiago radicó hoy, miércoles, legislación para derogar la Ley de la Alianzas Público Privadas y emplazó a la mayoría popular en ambos cuerpos legislativos y al gobernador Alejandro García Padilla a que mantengan la misma postura que asumieron cuando se aprobó esta ley durante el pasado cuatrienio y le votaron en contra.

“He tomado esta iniciativa ante el escenario delineado por la aprobación del acuerdo de la privatización del aeropuerto Luis Muñoz Marín, una gestión iniciada bajo el palio de esta legislación y que promete ser el inicio de una nueva ola privatizadora en que no es difícil augurar que se repetirán las malísimas experiencias del pasado”, dijo la senadora al presentar su proyecto, que quedó identificado como el P. del S. 413.

“Les recuerdo que en el cuatrienio pasado la delegación del Partido Popular que hoy está en el poder le votó en contra a esta iniciativa, pero no solo contó con votos en contra del Partido Popular, en el caso de la Cámara de Representantes también votaron en contra algunos legisladores del Partido Nuevo Progresista”, señaló.

“Yo quisiera pensar que la delegación del Partido Popular en la Cámara y el Senado sean lo bastante honestos intelectual y políticamente para reconocer que si algo era malo en manos de Luis Fortuño, no se puede haber convertido bueno en manos de Alejandro García Padilla y que por lo tanto no pongan obstáculos para la aprobación de esta legislación”, sostuvo la legisladora del Partido Independentista Puertorriqueño.

 Explicó que uno de los objetivos que tiene la eliminación de la mencionada Ley es “retirarle el dominio absoluto que tiene el Ejecutivo sobre el destino de los bienes públicos”.

Expresó Santiago que si en el futuro se quiere presentar alguna propuesta de algún esquema parecido a una alianza público-privada “que lo propongan, pero que venga a escrutinio legislativo, que se hagan vistas públicas”.

Santiago censuró nuevamente la determinación de privatizar la administración del Luis Muñoz Marín y reiteró que es parte de una política de privatización de servicios públicos. “El gobierno tenía el monopolio de los puertos y aeropuertos y se las ingenió para llevarlos a la quiebra. Esa ha sido la táctica y va a seguir siendo en las corporaciones públicas, en todas las empresas de provisión de servicios, y se convierte en la profecía que se cumple a sí misma. Se encargan de desvalorizar el sistema público para justificar entonces la transferencia a una empresa privada en un esquema en el que se beneficia mucha gente”, dijo.

“Aquí hay una serie de intereses particulares que están impulsando este esquema”, afirmó al insistir en que la privatización generalmente resulta en un mal negocio para el pueblo de Puerto Rico.