La jueza LauraTaylor Swain, quien dirige los procesos de la quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo la Ley Promesa, aprobó hoy el texto de la declaración informativa del acuerdo alcanzado para el ajuste de la deuda de Cofina por bonistas y el gobierno de Puerto Rico, con el visto bueno la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). No obstante, dejó claro que eso no significa una aprobación del acuerdo en sí.

La Corporación del Fondo de Interés Apremiante, o Cofina, como se le conoce por sus siglas, es el mecanismo que creó el gobierno para obtener préstamos y repagarlos con el dinero recaudado a través del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU). Cofina, que ha sido la única fuente de recaudo confiable en medio de la crisis fiscal, ha estado bajo la mira desde que comenzó todo el proceso de restructuración bajo Promesa, pues entre otras cosas algunos cuestionan su legalidad, mientras que también los bonistas de obligaciones generales del gobierno consideraban que se les debía pagar a ellos primero, tal como establece la Constitución, antes de hacer cualquier pago a los bonistas de Cofina. Esa última controversia quedó a un lado ante la decisión de la jueza de dar paso a esta declaración informativa.

En términos bien generales, el acuerdo para ajustar la deuda de Cofina, que supondría un ahorro de $17,000 millones para Puerto Rico, permite repartirse los recaudos del IVU entre los bonistas y el gobierno, aunque compromete a la Isla continuar pagando IVU por los próximos 40 años.

Los detalles del acuerdo estarían disponibles en la declaración informativa, un documento de más de 600 páginas disponible en línea, que además contiene una sección de preguntas y respuestas que supuestamente facilitaría al público la comprensión del mismo.

En la vista de este martes, la jueza Swain determinó que, tras evaluar cuidadosamente la declaración informativa, las mociones, objeciones y los argumentos presentados en la vista de este martes, entiende que las partes involucradas sometieron la suficiente información para que los bonistas puedan decidir si están de acuerdo con el plan para dividir las ganancias de Cofina.

No obstante, la vista no estuvo exenta de controversias.

Por un lado, se admitió que la declaración informativa contiene un error en la proyección de pensiones que hizo el gobierno, que deberá subsanarse y reflejarse en el plan de ajuste de la deuda de Cofina.

Además se cuestionó por qué se le estaba pagando a $332 millones a un grupo por “participar” en las negociaciones, incluyendo $135 millones en honorarios de abogados. La jueza dijo que quería que se estableciera con claridad la justificación para ese pago.

La objeción más apasionada llegó de parte de un bonista junior, o subordinado, quien condenó la forma en que se repartiría el botín de Cofina, favoreciendo, a su juicio desproporcionadamente, a los bonistas seniors, mientras que se atropellaba a los Juniors, la mayoría de los cuales son de Puerto Rico.

Lawrence Dvores reclamó que a los bonistas juniors se les había dejado fuera de la negociación, que otorga 95% de vuelta a los bonistas seniors, mientras que deja con solo 54% a los juniors. “Eso es increíblemente injusto para los bonistas juniors. Han logrado un acuerdo muy beneficioso para ellos (los seniors, pero dejan bastante mal parados a los juniors”, dijo Dvores, argumentando que la mayoría de ellos, entre los que hay pensionados y amas de casa, carece de los fondos suficientes para pagar el astronómico precio de una representación legal en las negociaciones que se llevaron a cabo.

Se espera que en los próximos días los bonistas de Cofina voten sobre el plan.

Al cierre de la vista, y tras aprobar la declaración informativa, la jueza precisó que en esta vista no se trataba una confirmación del acuerdo y que esa decisión se tomaría en la vista del próximo 16 de enero, a realizarse en San Juan. Además, la jueza afirmó que, si bien algunas objeciones se habían eliminado tras los argumentos orales presentados hoy, las objeciones de los bonistas juniors se mantenían activas.