El futuro de miles de familias que, actualmente, reciben asistencia para cubrir su necesidad básica de contar con un hogar, ya sea a través de vivienda pública, Sección 8 u otros programas, podría verse severamente trastocado si se ponen en vigor las nuevas reglas que impulsando el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, por sus siglas en inglés) que, entre otros cambios, impondrían requisitos de trabajo y límites de tiempo para los beneficiarios de esos programas.

Según alertó la organización Ayuda Legal Puerto Rico en una misiva dirigida al Departamento de Vivienda y la Administración de Vivienda Pública (AVP), las propuestas de enmiendas al Código de Regulaciones Federales que está impulsando HUD, incluyen:

• Eliminar la notificación que debía emitirse al menos 30 días antes de la intención de presentar una acción de desahucio por falta de pago, a la que tenían derecho residentes de vivienda pública y beneficiarios de otros programas de vivienda subsidiada. Este cambio, además, reduciría esos términos sustancialmente, otorgando apenas 14 días de notificación en vivienda pública y hasta 5 días en otros programas. Además, eliminaría el requisito de incluir en ese aviso contenido específico sobre programas de planes de pago, oportunidad de rectificación y otros mecanismos para preservar su vivienda.
• Eliminar la asistencia prorrateada a las familias mixtas en vivienda pública o subsidiada donde vive una persona inmigrante no elegible y que no recibe asistencias, pero el hogar recibe asistencia correspondiente a los miembros de la familia que sí son elegibles. Además de eliminar la asistencia prorrateada, la nueva regla impondría requisitos más estrictos de verificación por estado migratorio. Asimismo, prohibiría por completo que las familias mixtas reciban asistencia, básicamente forzándolas a tener que elegir entre tener un techo o vivir con su unidad familiar completa.
• Establecer un requisito de trabajo para personas viviendo en residenciales o programas de vivienda subsidiada; y establecer un límite de tiempo máximo en el que las personas puedan recibir asistencia bajo estos programas, con una base de dos años como guía.

La nueva regla clasificaría como adultos aptos para trabajar a quienes tengan entre 18 y 61 años y no sean cuidadores primarios de niños menores de 6 años, personas discapacitadas, embarazadas, estudiantes universitarios o cuidadores de personas temporalmente incapacitadas. Se les podría requerir que, para recibir asistencia de vivienda, sea en vivienda pública, Sección 8 u otro, trabajen un máximo de 40 horas a la semana.

En cuanto al límite de tiempo, con dos años como guía, esta nueva regla establecería que un administrador de vivienda pública podría conceder más tiempo a una familia para residir en estos programas, pero establece una clara dirección de que no podría ser una vivienda a largo plazo.

“Estamos hablando de (que afectaría a) residentes de vivienda pública y vivienda subsidiada, incluyendo a familias beneficiarias de Sección 8”, afirmó Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico.

Agregó que, “no tenemos un número de cuántas personas viven con esa asistencia, pero para que tengan idea, hay aproximadamente 56,000 unidades de vivienda pública, y decenas de miles de ‘vouchers’ de Sección 8 y otro tipo de programa de subsidios”.

La abogada comentó que, aunque se menciona una excepción para personas mayores de 61 años, discapacitadas y otras, “es solamente lo que se refiere al criterio de trabajo”, no al resto de los cambios propuestos.

¿Qué dice el gobierno?

Ante estos posibles cambios, Godreau reclamó a la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, y al administrador de la Administración de Vivienda Pública, Juan A. Rosario Hernández, que se pronunciaran y dejaran saber su postura, y qué podrían esperar los beneficiarios de los diferentes programas.

Primera Hora se comunicó con el Departamento de la Vivienda en busca de una reacción de la secretaria o del administrador de Vivienda Pública, pero al cierre de esta edición, la entrevista no había sido concedida.

Solo se recibió la información por parte de la agencia de que, en Vivienda Púbica “tenemos 48,323 familias. Un total de 95,108 participantes”. Mientras que en Sección 8, el “número de personas asistidas: 12,396”.

Se estarían hablando de 107,504 ciudadanos.

“Es importante que aquí de lo que estamos hablando es de unas propuestas de reglamento, que ahora pasan por el proceso de comentarios. Y es importante que la secretaria de la Vivienda y el administrador (de Vivienda Pública) se posicionen: ¿Cuál es su posición sobre estos proyectos? ¿Ellos están a favor de este tipo de política pública o están en contra? Y es importante, no solamente porque tienen que someter comentarios, sino que también es importante para que la gente conozca dónde está en relación al gobierno”, sostuvo la abogada.

“Es importante, que, por ejemplo, aunque el término de 40 horas (de trabajo semanal) es el máximo que le podrían imponer, igual que en el tiempo límite el mínimo tendría que ser dos años, es importante pues posicionarse, y que el gobierno se posicione y dijera, ¿tú estás a favor de que tenga un tiempo límite, sí o no? Ok, si dices que sí, ¿cuánto tiempo tú crees que debe ser? O si dices que no, ¿cómo vas a comentar y cómo vas a resistir esta propuesta?”, insistió. “Igual pasa con las horas (de trabajo semanal), ¿tú crees que deben ser 40 horas, administrador? ¿No? ¿Cuántas tú crees que deben ser? ¿Deben ser 30? ¿Pues tú estás a favor de este reglamento, sí o no? ¿Vas a comentar? Todo eso lo deben explicar”.

Asimismo, este diario procuró obtener comentarios del comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, se expresó en contra de los cambios que está proponiendo HUD, y también hizo un llamado a la AVP y el Departamento de la Vivienda a evaluar el posible impacto de esas propuestas y proveer los datos para buscar combatirla en el Congreso.

“Me opongo a la propuesta de HUD de imponer más requisitos y límites de tiempo en vivienda pública. Estas medidas son punitivas y arriesgan la estabilidad de miles de familias puertorriqueñas. Necesitamos que la Administración de Vivienda Pública y el Departamento de Vivienda analicen el impacto local de esta regla y provean los datos necesarios para combatirla. De igual forma, exhortamos a los ciudadanos que pueden verse afectados por la nueva regla a comunicarse con nuestra oficina. Su testimonio es nuestra mejor herramienta para luchar contra esta amenaza”, expresó el comisionado residente en declaraciones escritas.

Las personas interesadas en ofrecer su testimonio puede llamar al 787-230-7959, o escribir al correo electrónico infohernandez@mail.house.gov.

La realidad de la Isla

Godreau alertó que estos cambios ocurrirían en unas circunstancias particularmente complicadas para Puerto Rico, pues la Isla enfrenta una escasez de vivienda asequible para personas de menos recursos estimada en por lo menos 60,000 unidades, algo que ser refleja en el hecho de que “existen listas extensas de familias que por años aguardan asistencia pública”.

En cuanto al cambio sugerido con relación a las llamadas familias mixtas, la abogada aclaró que la exclusión propuesta se refiere a aquellos inmigrantes que no son elegibles para poder recibir asistencia, según su estatus migratorio. Comoquiera, consideró “una crueldad” que se colocara a una familia en la posición de tener que elegir entre su techo y mantener a la familia unida.

De acuerdo con los criterios establecidos por HUD en su Guía para la Ocupación de Vivienda Pública, son elegibles para recibir beneficios ciertas categorías de inmigrantes, como aquellos legalmente admitidos como residentes permanentes, aquellos considerados refugiados o que se les ha otorgado asilo, víctimas de tráfico de personas o personas que llevan un proceso bajo lo que se conoce como VAWA, entre otra quincena de categorías.

La abogada exhortó a todas las personas que pudieran verse afectadas por esta propuesta de cambios a “comentar, comentar y comentar, y emplazar a los administradores de Vivienda en Puerto Rico”.

Agregó que Ayuda Legal Puerto Rico estará lanzando una campaña de orientación sobre esta situación.

Actualmente, HUD tiene abiertos unos espacios para recibir comentarios públicos sobre estas propuestas, que vencen entre el 21 de abril y el 1 de mayo.