No pagan como deben y provocan la ira de los que sí pagan, sin casi poder.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) confirmó ayer que más de 30,000 abonados de los residenciales públicos –de un total de 52,660– no cumplen con el pago de su servicio de agua potable, esto pese a que el Gobierno les concedió el privilegio de una tarifa fija de tan sólo $19.76.

El programa de la tarifa fija entró en vigor en 2010 y fue anunciado con bombos y platillos porque se auguraba no sólo que les haría justicia a los residentes de los residenciales públicos, sino que le ayudaría a la AAA a aumentar sus ingresos.

El proyecto, según lo demuestran documentos de la propia AAA dados a conocer por la emisora radial NotiUno, no cumplió con sus metas.

El número de abonados en incumplimiento ha ido en aumento, tanto como la deuda que el proyecto prometía conjurar.

El director de la División de Servicio al Cliente de la Autoridad, José Aguayo, dio a conocer ayer que los residentes de vivienda pública, a esta fecha, le deben a la Autoridad un total de $12,507,585.

A marzo, los morosos sumaban exactamente 30,172, en dos modalidades: aquellos que no pagan nada, o la mayoría, que paga unos meses y otros no.

En cuanto a la deuda, los documentos señalan que en diciembre de 2010 los abonados de los residenciales le debían a la corporación $5.3 millones, suma que en marzo se disparó en un 58%.

Aguayo precisó que en los meses de febrero y marzo de este año estos abonados le dejaron de pagar a la AAA unos $700,000 una morosidad que él le achaca “a la cultura de creer que el servicio es gratis”.

La AAA, sostuvo el funcionario, no quiere cortales el agua a estas familias, pero la paciencia parece que no será infinita. El funcionario también dijo que por ley la AAA no puede ofrecer regalar el líquido.

Si el problema no se corrige, Aguayo aseguró que a la AAA no le quedará más remedio que proceder con la suspensión del servicio.

El efecto de la medida, según advirtió, es en cadena porque, sin agua en las residencias, la Administración de Vivienda Pública vendría obligada a iniciar un proceso para desalojar a los abonados de sus hogares.

El secretario de la Vivienda, Miguel Hernández Vivoni, dijo ayer que es a la AAA a la que le corresponde evaluar la situación de cada familia; que hay residentes que no pueden pagar por problemas económicos que enfrentan, pero que igualmente hay gente que sí.

El Secretario explicó que el Gobierno federal les concede un crédito a estos residentes para el pago de sus servicios de agua y energía eléctrica.

Ese crédito se le aplica a la renta y Vivienda ya pidió, verbalmente, que se le permita transferir ese dinero a las agencias. La solicitud ha sido denegada.

La relaciones entre la AAA y Vivenda dieron muestras ayer de no estar del todo bien.

Aguayo dijo que en enero se reunió con Hernández Vivoni para pedirle que viabilizara una reunión con los administradores de Vivienda Pública y con los líderes de esas comunidades. El Secretario designó a un subalterno que, según el director de Servicio al Cliente, “aparentemente no tiene mucho tiempo y no nos ha atendido”.

“Me extraña. Si tiene algún problema, lo único que tiene que hacer es cruzar la calle, o llamarme a mí. Las agencias están cerca.... Que me llame”, reaccionó Hernández Vivoni.

Los usuarios de la AAA, a través de las redes sociales de Primera Hora, se mostraron airados ante la falta de pago de los residentes de los caseríos. La mayoría reclamó que les corten el servicio, por entender que éstos sí tienen con qué pagar por el agua que consumen.