Más preguntas que respuestas.

Para los legisladores de la minoría popular e independentista no hubo  transparencia en la vista pública conjunta de presupuesto celebrada ayer en el Capitolio porque  el equipo fiscal del Ejecutivo “no  desglosó” las partidas que alcanzarán los $924 millones proyectados como nuevos recaudos para el próximo año fiscal 2017-2018.

El portavoz cameral de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández,  calificó el presupuesto como “nebuloso”.

Alegó que lo que hay en el documento de presupuesto son unas “medidas impositivas escondidas y las van  a presentar la semana que viene, después de la consulta (de status) de este fin de semana”.

El secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, mencionó ayer que los recaudos provendrán de los arbitrios al cigarrillo, el cobro del IVU a las ventas por internet y el empleador único, así como  mejoras en la captación de recaudos.

Precisamente, Maldonado tiene hasta hoy para entregar el desglose de los estimados en recaudos, según solicitado por  el presidente de la comisión cameral de Hacienda, Antonio “Tony” Soto, que le dio 24 horas para esos fines.

Soto, en un aparte con la prensa y en alusión a los recaudos proyectados, sostuvo que “tienes $519 millones de las (empresas) foráneas, el diferencial de las multas de tránsito, el diferencial de los cigarrillos, el incremento de las ventas por internet, que eso no estaba anteriormente en el presupuesto”.

“Tienes diferentes  medidas de captación de otras áreas del gobierno y eso te va a sumar los $924 millones”, explicó.

Sin embargo, el representante popular Luis Raúl Torres cuestionó “¿cómo puedes proyectar que las multas (de tránsito) te van a dejar $30 millones? Será que vas a multar a todo el mundo por ahí que cojas”.

Además, planteó, cómo estiman “$30 millones en los cigarrillos si en realidad se desconoce si el cigarrillo va a dejar esa cantidad en árbitros; si no sabemos cómo se ha movido la venta de cigarrillos”.

Por su parte,  el portavoz del PPD en la Cámara  alegó que en la vista de ayer quedó demostrado que lo que hay es  un junte entre el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En su ponencia el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal  de Puerto Rico (AAFAF), Gerardo Portela, sostuvo que "la Junta proveyó los estimados de ingresos para el próximo año fiscal, los cuales debían ser utilizados en la confección del presupuesto".

Recalcó que bajo la Ley Promesa "queda a la entera discreción de la JSF certificar el presupuesto recomendado. Además, la Junta tiene la autoridad y el poder para imponer y certificar su propio presupuesto si a su juicio el gobernador y la Asamblea Legislativa no proponen un presupuesto aceptable", agregó.

Mientras, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Iván Marrero, mencionó que no es cierto que el plan fiscal o el presupuesto contemplen “nuevas medidas impositivas… No hay nada oculto. Todas las proyecciones de ingresos están validadas por la Junta y están explicadas en el presupuesto y en el plan fiscal”, informó.

De otro lado, el representante Torres le solicitó a su homólogo Soto que cite a las vistas al presidente de la JSF para aclarar información sobre el presupuesto.

“Es imperante e impostergable que se cite al Sr. José Carrión III, presidente de la Junta, para que conteste cuáles fueron sus exigencias, disposiciones de partidas, establecimiento de prioridades para los servicios esenciales, pagos al servicio de la deuda y los fondos asignados para gastos de la propia Junta, que son $60 millones asignados en la Resolución Conjunta de la Cámara 187”, advirtió.

Ante el pedido, el representante Soto dijo que ellos  están en constante comunicación con el equipo técnico del organismo federal.

Por su parte, los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño también criticaron la falta de transparencia en la discusión.

El senador Juan Dalmau cuestionó :¿cómo uno responsablemente puede hacer preguntas,  puede impugnar las determinaciones que está tomando presupuestariamente el gobierno si no ha podido ver su desglose”.

Mientras presentaba el ‘pen drive’ en el que le entregaron la ponencia del equipo fiscal, agregó que “esto es realmente el presupuesto de la JCF… (y están) cumpliendo con los mandatos de ellos”.

De su parte, el representate independentista Denis Marquez reiteró la preocupación con la Resolución 387 “que es la que establece el presupuesto para diversas organizaciones culturales,  sociales, de acceso a la justicia en Puerto Rico; que la JCF dice claramente que las quiere modificar y eliminar,  y escuchar al gobernador decir que no sabe  a lo que se refiere es altamente preocupante”.

Dijo que le “van a dar tijera posiblemente a muchas de esas áreas que son fundamentales para el país”.

De otro lado, el  representante Jesús Manuel Ortiz, sostuvo que el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, José Iván Marrero, confirmó que el presupuesto incluye un plan de despidos que resultará inicialmente en unas 5,000 cesantías a partir del mes de julio.

A preguntas del legislador, Marrero sostuvo que el presupuesto no contempla ningún despido pero aceptó que algunos ahorros provendrán del "50 por ciento, como dice el plan fiscal, de la terminación de los contratos de los transitorios".

La mayoría de esos transitorios, confirmó Marrero, están en el Departamento de Educación.

Mientras, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública, Ramón Rosario Cortés, dijo en declaraciones escritas que “los contratos transitorios son otorgados por las agencias según la necesidad del servicio y su duración tiene una fecha de comienzo y culminación. Al igual que todos los servicios, cada agencia evaluará si se renueva el contrato según la necesidad y a tenor con la realidad fiscal”.

Agregó que “es lamentable que algunos legisladores del PPD quieran tratar de proyectar la no renovación de un contrato transitorio como un despido”.