Las personas implicadas en el robo de agua potable serán sancionadas con multas mayores, como parte de cambios que afina al presente la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Mientras, abonados que sufran pérdida de empleo u otras situaciones que justifican un plan de pago para responder a deudas con la corporación tendrán en blanco y negro las  opciones en estos casos.

Esos ajustes son parte de las enmiendas a los reglamentos 6685 y 5129, relacionados al uso de los servicios de acueductos y de alcantarillado sanitario que se discuten desde ayer en vistas públicas efectuadas en Hato Rey.

Las personas interesadas en aportar a este proceso pueden participar en una segunda  vista que se efectuará hoy, desde las 10:00 a.m., el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. 

Miguel Luciano, director auxiliar del Servicio al Cliente de la AAA, dijo a Primera Hora que, por ejemplo, lo se pretende con  cambios sobre los planes de pago es  “incluir las cosas que se llevan en la práctica, pero que en  ningún reglamento lo teníamos mencionado”.

De 2010 a 2016 se concedieron 95,000 planes de pago. Las deudas fluctuaron de $300 a $15,000.

En cuanto a multas administrativas, en reglamento enmendado fluctuarán de $250 a $1,000, y podrían llegar hasta $5,000, dependiendo de la incidencia de la infracción.

Actualmente hay una multa uniforme tanto para que el que se robó el servicio a sabiendas, como para el que notó que no le llegó la factura y pensó que el servicio estaba registrado. 

La multa es de $1,000. En el nuevo reglamento esta cantidad máxima, por primera infracción, se mantendrá igual, pero habrá otras cuantías dependiendo de la severidad y frecuencia de la infracción. Las multas son aparte al proceso criminal que enfrente el cliente, aclaró la AAA.

El pasado año fiscal, la AAA registró unos 20,700 casos de hurto de agua con pérdidas estimadas en  $20 millones.

Un informe con el insumo de lo expuesto en las vistas sería sometido  a la Junta de Gobierno de la AAA en  octubre.