Médicos de diversas especialidades y organizaciones del sector de la salud denunciaron hoy que la crisis en los servicios médicos en el país se agudizará de prevalecer la demanda federal interpuesta por las aseguradoras Medicare Advantage, que impugna la recién aprobada Ley 90 que las obliga a pagar a proveedores tarifas no menores a las establecidas por los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).

Los proveedores de salud le hicieron un llamado a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones a  que haga valer los derechos de las personas de la tercera edad, de los adultos mayores, y personas discapacitados, por ser los más vulnerables y anunciaron que están dispuestos a unirse al pleito como amigos de la corte.

“Hay cierta impunidad. Están atropellando a médicos y pacientes y eso explica el éxodo”, expresó el exsecretario de Salud y cirujano, Enrique Vázquez Quintana.

Denunció además, que “hay una falta de supervisión” de la Administración de Seguros de Salud (ASES) a las aseguradoras. “No las supervisan y campean por su respeto… Ninguna se quita porque hay un guiso de muchos chavos”, afirmó Vázquez Quintana.

“Mis pacientes tienen la esperanza de que se vuelva al Medicare tradicional”, expresó el cirujano ortopeda, Ricardo Canals, mientras que la doctora Norma Devarie, presidenta de Cardicoop dijo que “está en manos del gobierno, a través del Departamento de Justicia, el defender la Ley 90 ante el Tribunal Federal”.  La cardióloga explicó que cuatro aseguradoras reclaman en la demanda dejar sin efecto la Ley 90, que entró en vigor el pasado mes agosto y que también prohíbe a las aseguradoras cancelar contratos a los proveedores sin que medie justa causa.

“En este proceso, nos toca desenmascarar a las aseguradoras que no quieren cumplir con la Ley 90 para no pagar a los proveedores las tarifas establecidas por CMS. Esta acción deja ver claramente que su afán de lucro va por encima del mejor interés de sus subcriptores”, sostuvo Devarie.

Indicó que de las cuatro aseguradoras que se unieron al litigio, MMM y MCS,  “han manifestado por escrito a sus proveedores que no van a cumplir con esta Ley, aunque tanto ellas, como Triple S Advantage y Humana están como parte en la demanda” entablada el pasado 2 de octubre.

La oftalmóloga y presidenta de Oftacoop, Elena Jiménez advirtió que la eliminación de la Ley 60 “tendría efectos serios sobre el acceso a la salud de los pacientes”, pues continuaría empujando el éxodo de médicos y de otros profesionales de la salud.

“Lo que requieren nuestros pacientes no son uno espejuelos de mil dólares, sino un cuidado médico de calidad. Estamos indignados y frustrados. Nuestros pacientes lo que necesitan es cuidado de calidad y nos están poniendo trabas. Exprimen la calidad en el servicio para poner otras cosas que entendemos que son absurdas”, sentenció la oftalmóloga en la conferencia de prensa, que se llevó a cabo en el local de la Liga de Cooperativas, en Río Piedras.

 “Es hora de cuestionar al Departamento de Justicia y esa doctrina del campo ocupado. Esto tiene que parar ya. Las muertes del huracán María están ahí”, argumentó otro médico, Rafael Torregrosa.

“No hay ninguna buena fe”, reclamó por su parte, el presidente del Colegio de Médicos, Víctor Ramos, quien indicó que había coordinado una reunión con aseguradoras “y la cancelaron para someter la demanda”.

El presidente de Gastrocoop, Carlos Jiménez subrayó que la crisis tarifaria se viene arrastrando por años y que si no se atiende con premura se agravará el éxodo masivo de proveedores de salud, lo que podría provocar una crisis mayor en el sistema. Añadió que este año se graduaron seis grastroenterólogos y “los seis están considerarse a Estados Unidos”.

También, el dentista David Kerr dijo que desde 2007 la Escuela de Odontología gradúa unos 40 estudiantes al año, pero la mayoría se va de la isla. Sostuvo que hace 10 años había de 1,600 dentistas activos en Puerto Rico y ahora quedan de 850 a 900.

“Esto no solo ocurre con médicos, sino que muchos laboratorios y farmacias se ven obligados a decir a los pacientes no tienen los medicamentos”, dijo por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), José Argüelles Morán.

¿Qué dicen las aseguradoras?

Medicaid and Medicare Advantage Products Association of Puerto Rico (MMAPA), que agrupa a las aseguradoras demandantes, indicó en declaraciones escritas, que impugnó la Ley 90 por entender que pone en peligro “los beneficios de miles de asegurados y entra en un campo ocupado” por una ley federal. 

“Como custodios de los fondos federales que crean los productos Medicare Advantage en Puerto Rico, todas las organizaciones de cuidado coordinado MA tienen la obligación de que el programa cumpla con las leyes federales. MMAPA expresó esta posición ante la Legislatura de Puerto Rico en una carta con fecha del 8 de noviembre de 2018. La ley federal claramente prevalece sobre la estatal en este particular”, dijo Ignacio Fernández de Lahongrais, abogado que representa a MMAPA en este caso.  “Esta organización no puede poner en peligro un programa que sirve a más del 75% de nuestra población de adultos mayores de 65 años”, indicó el letrado.

Argumentó además, que según la ley federal, “los estándares establecidos por Medicare para la administración de los programas Medicare Advantage] sustituyen cualquier ley estatal (con la excepción de leyes estatales que regulen la licenciatura o leyes estatales relacionada a la solvencia de un plan) con respecto a los planes de MA que son ofrecidos por organizaciones MA”. (42 U.S.C. Section 1395w-26(b)(3)”.

MMAPA indicó que su fin primordial es lograr paridad para Puerto Rico en la asignación de los fondos federales para Medicare Advantage y Medicaid.