El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón radicó una medida (Resolución de la Cámara 331) para ordenar a la Junta de Planificación (JP), a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y al Consorcio de Permisos CCVS de los municipios de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas a que acudan a los tribunales en representación del interés público con una solicitud de demolición de las construcciones ilegales en la Reserva Nacional de Bahía de Jobos en Salinas.

“Esto es un recurso extraordinario independiente al pleito de la titularidad, que instó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en días pasados en el Tribunal de Guayama. Esta es una causa de acción sobre construcciones ilegales, pues no tienen los correspondientes permisos”, dijo Márquez Lebrón.

El legislador indicó que la medida legislativa es un emplazamiento a las agencias concernidas a que cumplan con su deber ministerial.

“Uno siempre tiene el optimismo de que (los legisladores) entiendan la importancia de la medida y se apruebe porque aquí todo el mundo está arrastrando los pies. Todas estas agencias tienen el deber ministerial y la capacidad legal para hacerlo”, sostuvo.

Dijo que la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico confiere a la JP, así como a cualquier entidad gubernamental concernida, municipio autónomo o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del gobierno, autoridad para presentar un recurso extraordinario para solicitar la demolición de obras construidas ilegalmente en representación del interés público.

El legislador independentista ha cuestionado en las vistas públicas que sigue la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara sobre los crímenes ambientales en Bahía de Jobos la postura que ha asumido la Junta de Planificación, que se desvinculó de las construcciones ilegales en la Reserva, alegando no tener jurisdicción.

“El artículo 14.1 de la ley para la Reforma del Proceso de Permisos establece claramente que la JP, incluyendo el Consorcio, tienen la responsabilidad y el poder de llevar a cabo la acción de eliminar las construcciones ilegales en la zona de Bahía de Jobos en Salinas ante los tribunales. Renunciar a ello es traicionar su política pública, es traicionar el país y renegar asumir una responsabilidad que a todas luces les corresponde”, argumentó Márquez Lebrón.

Según el representante a la Cámara ninguna de las obras realizadas en las áreas señaladas en la Bahía Jobos cuenta con permisos de construcción y su mera presencia representa un crimen ambiental que tiene que ser revertido cuanto antes.

“Resulta fundamental que las entidades gubernamentales con competencia legal para ello descarguen sus obligaciones en ley y, ante la flagrante ilegalidad de estas construcciones, se pongan a trabajar y cumplan con su deber ministerial”, sostuvo Márquez Lebron, quien dijo que si las agencias emplazadas “cumplen con su deber en el ínterin de las vistas públicas” retirará la medida legislativa.