Megafraude al PAN
La agencia está tomando acción para reforzar el área investigativa.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 12 años.
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El Departamento de la Familia (DF) suspendió sumariamente de empleo a dos empleados de la región de Guayama como parte de la investigación sobre el fraude en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) en el que, al menos, una empleada aparentemente se apropió de la tarjeta del PAN de una persona fallecida y recibió ilegalmente cerca de $16,000 para hacer sus compras durante dos años.
Así lo confirmaron la directora de la Oficina de Asesoramiento Legal del DF, Jenine Marrero y la subadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico a la Familia (Adsef), entidad encargada del programa del PAN, Jenisa Vázquez.
“En la etapa en que estamos tenemos suficiente información para mover tanto al Departamento de Justicia como a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y a las autoridades federales”, dijo Marrero. “Para mover a que ellos asuman la jurisdicción con toda la información correcta para llevar a cabo su propia investigación”, precisó Marrero, quien aclaró que la pesquisa no ha terminado y que, a pesar de la información recabada, no han referido el caso aún a otras agencias.
El fraude fue detectado por empleados de las oficinas de Guayama y Arroyo el 17 de agosto pasado, cuando el esposo de una empleada de Arroyo acudió a hacer compras a un “mercado familiar” auspiciado por el propio DF y pagó con una tarjeta del PAN que aparecía a nombre de Luis A. Meléndez Ramírez, quien había fallecido el 4 de agosto de 2011.
Según la investigación, días después de la muerte de Meléndez Ramírez en agosto de 2011, su sobrina Leslie Cruz entregó la tarjeta del PAN de este a una técnica de Adsef en Guayama, quien la retuvo indebidamente. Al terminar el año se le habían añadido cuatro “miembros” a la “familia” de Meléndez para aumentar el depósito de la tarjeta. Meléndez era deambulante, a quienes usualmente no se les aprueban fondos “familiares”.
Según supo Primera Hora, algunos movimientos clave en el sistema de información de la agencia fueron hechos con los códigos de entrada de otros empleados que no son la principal sospechosa del esquema.
La subadministradora de Adsef, licenciada Vázquez, admitió a este diario que durante la pesquisa preliminar de esa administración no se analizaron los discos duros de las computadoras.
Vázquez confirmó que en la pesquisa preliminar tampoco se entrevistó a la supervisora de Arroyo que aceptó transferir el caso desde Guayama, ni a la ex empleada que aparece ampliando la falsa familia. Además, Vázquez dijo desconocer si se habían requerido los vídeos de seguridad en los que el sistema refleja cada día, hora y hasta el cajero en el que se utilizó la tarjeta del difunto para hacer compras, una evidencia crucial que al cabo de meses puede ser borrada por los establecimientos comerciales. Marrero, por su parte, dijo que no podía decir si se habían obtenido los vídeos ni cuáles personas han sido entrevistadas debido a que “son detalles que pueden afectar la investigación”.
Esa investigación inicial, en manos de la Adsef, se movió con extrema lentitud, al punto de que siete semanas después la sospechosa principal seguía trabajando y con acceso a las bases de datos de los miles de participantes del programa.
El 26 de septiembre Marrero y la secretaria del DF, Idalia Colón, justificaron no haber tomado medidas cautelares contra la empleada. Cuestionadas por Primera Hora sobre por qué no se había suspendido de empleo a la sospechosa, como permite la reglamentación de la agencia, Colón indicó que “los detalles preliminares no son suficientes para una suspensión sumaria”. “Por meras alegaciones no puedo imponer una suspensión sumaria”, dijo entonces Marrero.
No obstante, el 4 de octubre pasado , cuando este diario publicó la información sobre el fraude, la administradora de Adsef, Marta Elsa Fernández, admitió que se debieron haber tomado medidas cautelares antes. Indicó que finalmente se le restringió el acceso al sistema de información a la principal sospechosa y anunció que, justo el día anterior, habían concluido la pesquisa preliminar y se había referido a la Oficina de Asesoramiento Legal del DF para que culminara la investigación.
Los dos empleados fueron entrevistados por personal del secretariado del DF el 11 y el 15 de octubre y se les entregaron las cartas de suspensión sumaria, informó la Adsef.
Tanto el secretariado del DF como la Adsef carecen de estructura, recursos y personal adiestrado para hacer las pesquisas necesarias para detectar fraudes en programas como el del PAN, según surge de las entrevistas con Marrero, jefa de la oficina legal del DF y Vázquez, subadministradora de Adsef.
Marrero lamentó que la Unidad de Investigaciones a Empleados, adscrita a su división de asesoría legal, “cuenta con una sola investigadora”, hecho por el cual culpó a la Ley 7 promulgada por la pasada administración.
Marrero indicó que las pesquisas contra empleados tienen que pasar al secretariado del DF pues la secretaria es quien impone sanciones. Agregó que ante la escasez de personal, la Oficina de Auditoría Interna colabora en la investigación de Guayama. Marrero agregó que el personal de Adsef también colabora.
Vázquez, por su parte, admitió que Adsef carece de personal adiestrado para investigar fraudes cometidos por participantes y por empleados en el PAN. Hay una División de Fraude para atender estos casos pero es a nivel central y no tiene más de cuatro empleados, dijo.
Añadió que al presente estas investigaciones se les asignan a los mismos técnicos de asistencia nutricional, quienes no están adiestrados para investigar. Los fraudes en el que los propios técnicos y otros empleados son los sospechosos, como en este caso, los atienden funcionarios de las oficinas regionales, quienes tampoco son investigadores propiamente. Finalmente, dijo, los fraudes por comercios son investigados por la Oficina de Control e Inspección de Negocios (OCIN), una unidad separada.
La subadministradora dijo que Adsef tiene un programa electrónico llamado “Centinela” para detectar fraude en el sistema. Pero confrontada con el caso de la falsa familia de Guayama, admitió que este tiene la capacidad para captar solo “algunos casos”.