Melinda insta al Gobierno a investigar operación de El Vocero
Como parte de una investigación de El Nuevo Día se ha señalado que las ayudas concedidas estaban condicionadas a la creación de empleos.

Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 13 años.
PUBLICIDAD
La representante Melinda Romero Donnelly afirmó hoy, jueves, que los cuestionamientos en torno a las operaciones de la matriz del diario El Vocero, que reveló una investigación de El Nuevo Día, deben ser investigados por las autoridades pertinentes.
"Entiendo que todas las agencias pertinentes y todas las acusaciones que se han hecho por parte y parte se deberían de indagar asertivamente", afirmó Romero Donnelly al considerar conocer bien "las razones para toda esta situación".
"En todos estos años la Ley 52 le ha provisto a diferentes empresas en todo Puerto Rico fondos para subsidiar el pago de nómina de sus empleados para evitar el cierre de esas compañías", argumentó.
"¿Cuáles fueron las razones o no razones que haya tenido cualquier compañía para acogerse a ellas?, yo las desconozco. Sería algo que las autoridades pertinentes, particularmente el Departamento del Trabajo, tiene que indagar si se hicieron bajo ley o no se hicieron bajo ley, a estas empresas o a cualquiera otra", agregó.
A juicio de Romero Donnelly "si una agencia federal está indagando es con la anuencia y en colaboración con las agencias locales porque así es que funcionan en este tipo de investigación".
La legisladora se refirió a la Junta de Relaciones del Trabajo de los Estados Unidos, organismo ante el cual se expuso información sobre la creación de seis nuevas corporaciones a partir de la empresa matriz de El Vocero, que recibió $24.9 millones de fondos federales y estatales, a pesar de tener una deuda contributiva de $21.1 millones.
"Imagino que al final del camino se sabrá si se utilizaron los fondos de manera adecuada o no. Además, estoy segura de que eso cubrirá a múltiples corporaciones puertorriqueñas que tuvieron la necesidad de acogerse a los beneficios de la Ley 52".
Como parte de una investigación de El Nuevo Día se ha señalado que las ayudas concedidas estaban condicionadas a la creación de empleos, sin embargo, El Vocero ha reducido su plantilla y su personal ha denunciado irregularidades en pagos de honorarios.
La representante novoprogresista, además, consideró "bien triste la situación que estamos viviendo con relación a esta guerra que se ha suscitado de los dos medios escritos más circulados en Puerto Rico."