La tarde del 20 diciembre de 2020, Karla Hernández Rosario disfrutaba tranquilamente en una de las bellas playas bañadas por el Océano Atlántico, en Arecibo. Caía el sol y aguardaba por su esposo que surfeaba. No era un lugar ajeno para la pareja, pues frecuentaban esa playa y nunca imaginó que un hombre la acechaba y que aprovecharía el momento para ultrajarla.

Como en muchos tantos ataques de violencia sexual, el caso de Karla nunca se radicó en los tribunales, mientras el llamado “safe kit” o equipo de recolección de evidencia, que contiene el ADN de su agresor, quedará almacenado en una bóveda en el Negociado de Ciencias Forenses y el violador sigue suelto.

Aunque han pasado más de dos años, todavía Karla tiene que tomar y soltar aire para armarse de valor y hablar sobre aquel momento que violentó su paz.

La joven de 33 años, narró a Primera Hora los momentos aterradores que pasó, cómo se sintió revictimizada por el sistema y cómo la pesadilla de ser sobreviviente de una violación la llevó a fundar junto con su esposo, Gerald Ericksen, la organización Alianza Vivo (Vivo Alliance), una entidad de derechos humanos con la que busca ayudar a otras víctimas para visibilizar el problema de la violencia de género y agresión sexual.

“Esta no es mi historia, es la historia de muchas y muchos que están pasando y han pasado por lo mismo que yo y también merecen justicia. Hay veces que es más fácil olvidar, dejar ir y nunca mirar atrás, pero para mí eso no es vivir una vida digna y bendecida. Lo más que nos ha motivado son todas las víctimas que han venido donde mí a contarme sus historias, que han pasado por lo mismo y nunca tuvieron justicia”, expresó Hernández Rosario.

Relató que luego de contraer matrimonio con Erickson, quien es natural del estado de Utah, se radicaron en los Estados Unidos, pero hace cinco años, tras una visita a familiares en Puerto Rico, decidieron mudarse a la isla.

“Como muchas personas, hacemos turismo interno en la isla. A mi esposo le encanta el surfing y a mí me encanta la playa. Uno de esos días fuimos a un lugar que frecuentábamos, no era la primera vez. Muchas mujeres solas van para allá, novias de surfers y, en la playa, un hombre que parecía ser uno de los pescadores, me atacó de momento”, narró Karla.

Recordó que eran cerca de las 6:00 p.m., esperaba a su esposo que saliera del agua y cuando iba hacia el carro, el hombre que había visto a lo lejos, la sorprendió con una llave al cuello. Dijo que forcejeó con él, pero no logró evitar que la agrediera sexualmente porque, además de que la vencía en fuerza, la amenazó con un cuchillo. Después del ultraje, Karla indicó que el atacante la persiguió y que pudo verle bien la cara. Posteriormente, su esposo salió del agua y tras contarle lo que le había ocurrido, llamaron al Sistema de Emergencias 911.

“La Policía tardó en llegar”, reprochó para dejar claro que nunca sintió empatía cuando era interrogada por los agentes, entre ellos, mujeres policías, ni tampoco cuando fue llevada al hospital para continuar con el protocolo médico que se sigue en los casos de una víctima de violación.

“Otra más”, recordó que alcanzó a escuchar en los comentarios del personal médico que la atendía.

“Es triste, porque ahora tenemos que vivir en una cultura en la que uno tiene que andar con un revólver para ir a la playa. Las cosas no deberían ser así. Uno no tiene que estar dentro de cuatro paredes, porque vivimos en una isla hermosa. Lo que me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera, a esposas, hijas, madres, no es justificable”, subrayó la joven, quien abogó por el derecho de cualquier mujer a caminar o disfrutar libremente por un lugar.

Cuestionó comentarios como “ella se lo buscó” o “qué hacía en la playa”, en los que se discrimina y se trata de culpar a la persona agredida, y dijo que en los casos en que suceda el ataque, las víctimas deberían contar con un sistema en el que se puedan sentir seguras y protegidas, de ir a reportarlo y de que se les va a hacer justicia, “independientemente de que, si uno es mayor o menor de edad y de cómo uno haya estado vestido”.

Narró que una vez el suceso fue reportado a la Policía, se hicieron los protocolos del “safe kit” y le asignaron investigadores. Dijo que la Policía tenía su propio sospechoso y al principio no querían que se hiciera una rueda de identificación.

“Yo tuve que rogar, porque no quería llevar a un inocente a la cárcel. Me concedieron la rueda de identificación y la persona (el agresor) no estaba ahí. Trabajamos con nuestro investigador privado, que hizo su propia investigación, pero la Policía nunca quiso trabajar en conjunto con nosotros. No sentí que éramos un equipo para poder meter a la cárcel a un criminal, que me hizo lo que me hizo a mí, que se lo puede hacer a cualquiera”, denunció.

Dijo que el caso pasó por las manos de dos fiscales, hombre y mujer, pero nunca fue a corte.

“El caso criminal fue cerrado y nunca nos dieron una razón específica de por qué. Teníamos prueba de ADN, la investigación alterna que hicimos para proveerle a ellos, había cámaras en el área del incidente, teníamos suficiente evidencia para que ellos llegaran donde el investigador llegó, pero el caso no llegó a flote”, sostuvo Karla.

“Creemos que hay bastante espacio para mejorar en los derechos delas víctimas para que puedan tener una voz digna y justa en las que ellas sean las protagonistas de cómo se lleva el caso criminal. Mi caso nunca tuvo justicia y en el caso de muchas mujeres nunca hay justicia, y más allá de decir que el problema se basa en el sistema de justicia, creemos que debe haber ciertos cambios; debe haber análisis, investigación para saber qué está funcionando y todos en colectivo, podemos unirnos para mejorar el sistema”, afirmó.

Dijo que no es que en los casos de violencia de agresión sexual y violencia de género no haya recursos, ni haya suficiente interés en encausar a los agresores, “pero creemos que hay ciertas cosas en el sistema que deben ser optimizadas para que haya colaboración entre las víctimas y el sistema de justicia y policial. Al tener una voz, las víctimas nos estamos asegurando que haya transparencia porque nosotros creemos que hay falta de transparencia en el sistema y si no hay transparencia las voces de las víctimas no se pueden escuchar”.

-¿Cómo se siente una víctima de un ataque sexual en el que no se hizo justicia?

“El no tener justicia, no tener la colaboración de las personas que se supone que estuvieran ahí para ayudarme a obtener esa justicia, uno se siente como congelada, como frizada en el tiempo, porque es algo que nunca tuvo conclusión. Si yo no estoy de acuerdo con la decisión de la fiscal de cerrar el caso, qué una víctima puede hacer. Yo no puedo decirles a otras víctimas que luchen por sus derechos cuando no tienen derechos”, expresó.

Este sábado 12 de agosto, la Alianza Vivo, en conjunto con la Fundación Integro, llevará a cabo un evento de arte y moda en Light House Gallery, en el Viejo San Juan. La actividad será de 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

“Los fondos recaudados estarán destinados a impulsar el Victim’s Rights Project, de Alianza Vivo y Fundación Integro, que persigue reclutar estudiantes de Derecho para un programa investigativo de estudio y trabajo”, detalló Karla, quien especificó que cualquier aportación será bienvenida.

Para más información del evento, puede llamar al 787-335-6790. Mientras que, para boletos, acceda a https://tinyurl.com/3dhn8z4b

Reacciona Justicia

Tras la publicación de este reportaje, el Departamento de Justicia indicó que la investigación de la querella de abuso sexual a Karla Hernández Rosario, no ha culminado.

La agencia mencionó, mediante declaraciones escritas, que la investigación inició en diciembre del 2020, bajo la secretaria de Justicia, Inés Carrau, y estuvieron asignados los fiscales Gamalier Oliveras Álvarez y Yolanda Pitino Acevedo.

Una vez el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, extendió las unidades especializadas a todas las fiscalías, la actual jefa de fiscales, Jessika Correa González, lo refirió a la UE de Arecibo, en el mes de diciembre de 2022, para que se atendiera conforme a los nuevos protocolos para investigar este tipo de casos.

“El Departamento de Justicia le ofreció los servicios que existen para las víctimas, pero en ese momento esta los rechazó. No obstante, las ayudas están disponibles”, manifestó Emanuelli Hernández.