El candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, dijo hoy que el secretario de la Gobernación, Miguel Romero, debe dar explicaciones sobre el otorgamiento de ayudas económicas al periódico El Vocero a pesar de las deudas millonarias de ese diario con el Estado.

La ley establece que el Gobierno no puede otorgar incentivos o ayudas económicas a empresas con deudas con el erario.

“Yo creo que sí (debe dar explicaciones), sin duda alguna. Hay unos planteamientos bien serios, y les conviene darlas. El primero que debería estar interesado en dar cara es él”, puntualizó Dalmau en un aparte con la prensa tras participar en un foro de candidatos a la gobernación como parte de la convención anual de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.

Hasta hace unos meses, Romero se desempeñó como secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), agencia que aprobó y otorgó la mayoría de las ayudas económicas que El Vocero recibió del Gobierno.

“Parece que él no ha querido dar las explicaciones o no las ha tenido”, puntualizó el líder independentista, quien en el foro presentó su plataforma de gobierno en el área de la salud.

 Sin adentrarse en los méritos de la investigación, que hoy presenta su segunda entrega, Dalmau indicó que todos los medios de comunicación deben cumplir con las obligaciones establecidas por ley.

La investigación reveló que, además de haber recibido más de $24.9 millones en ayudas desde el 2006 a pesar de que sus deudas con el Estado ascendían a más de $21.1 millones, la administración de El Vocero retuvo a sus empleados lo correspondiente para el pago de contribuciones sobre ingresos, pero no lo remitió al Departamento de Hacienda.

“Creo que sí es importante que la libertad de prensa se proteja particularmente desde la dimensión del derecho de cada corporación a establecer su línea editorial y cuáles van a ser las formas de la cobertura informativa. Dicho esto, cada medio tendrá que responder no sólo ante lo que son sus obligaciones de ley, sino lo que son sus obligaciones ante los lectores y la opinión pública”, expresó Dalmau.

“Y eso ya, en cuanto a la ley, es un criterio estrictamente jurídico, de haber alguna ilegalidad, tendrían que utilizarse los foros correspondientes, y en cuanto a lo que es el juicio valorativo del contenido editorial de cada medio, eso le corresponde a la ciudadanía”, agregó.

Según el exsecretario general y excomisionado electoral del PIP, de haber algún planteamiento de violación de ley, el Gobierno debería hacer la pesquisa correspondiente.

“Lo que pasa es que, de haber algún planteamiento de violación de ley de cualquier medio de comunicación, la obligación del Estado es realizar las investigaciones correspondientes y de aquellos que tengan la evidencia, hacer las denuncias”, señaló.