Miles de empleados del gobierno marchan hasta La Fortaleza para pedir cuentas sobre su retiro
La Fortaleza recibió a cuatro portavoces de la manifestación.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
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Más de 3,000 empleados públicos activos se manifestaron hoy, lunes, en el lado sur del Capitolio y posteriormente frente a los portones de La Fortaleza para exigir se les aclaren las dudas sobre cómo queda su retiro luego de aprobado el plan de ajuste de la deuda entre el gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Los empleados gubernamentales buscan que el gobierno explique dónde quedaron la Ley 80 y 81, ambas aprobadas en el 2020, y que revertían recortes a las pensiones.
“Tiene que haber una acción que sea digna. Hay que hacer el ejercicio (de manifestarse). Lo importante es que se dé el diálogo, que sea uno franco, que se busquen realmente opciones y que no vengan con promesas genéricas de que lo están evaluando”, dijo Juan Osorio, empleado de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado.
El hombre era portavoz de los empleados gerenciales de la CFSE, pero argumentó que todos los empleados del gobierno, gerenciales y unionados, se afectan con los recortes a las pensiones.
Se mostró incrédulo a que la apertura al diálogo que muestra La Fortaleza redunde en algo positivo. Ayer el Movimiento de la 447, que agrupa a empleados públicos activos de diversas agencias del gobierno cobijados por la Ley 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada, y a la Ley 1 del 16 de febrero de 1990, según enmendada, anunciaron la manifestación que comenzó en el Capitolio desde las 12:00 del mediodía.
El estatuto 3 del 2013 modificó la Ley 447 y la Ley 1. Provocó que los empleados públicos recibiesen una pensión inferior a la que tenían. En algunos casos los recortes fueron de un 30% de su salario. El asunto ha sido ventilado públicamente mayormente para los policías que exigen un retiro digno. Por eso, en el 2020, se aprobaron las leyes 80 y 81 en un intento por revertir parte de los recortes.
Los empleados del gobierno cuestionan en qué estatus estaban las leyes 80 y 81.
La Ley 81-2020, “Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la Policías, los Miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos los Miembros del Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico, y los Técnicos de Emergencias Médicas, comúnmente conocidos como paramédicos, del Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas y del Sistema de Emergencias Médicas Municipal, incluyendo los adscritos a las Oficinas para el Manejo de Emergencias”, fue firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced y pretendía revertir algunos de los recortes que le aplicaron a las pensiones anuales de los jubilados. Sin embargo, la JSF frenó la aplicación de la medida, por considerar que incumplía con el Plan Fiscal certificado.
Mientras que la Ley 80-2020 creó un programa de retiro incentivado para algunos empleados del Gobierno. Al igual que en la conferencia de prensa que realizó el movimiento ayer domingo, hoy algunos de sus miembros mostraban camisetas con la frase “Ley 80 ahora” o “Retiro incentivado Ley 80″.
La Fortaleza confirmó que recibiría hoy a los portavoces del movimiento. Específicamente serían atendidos por Yamil Ayala, asesor en material de asuntos laborales y obrero patronales, y el director de la Junta de Retiro, Luis Collazo.
“No hay ninguna expectativa. Ellos (los portavoces del movimiento) esperan que se les cumpla lo que se le prometió, que era un retiro con un 50% de su salario de forma vitalicia”, dijo Osorio sobre su expectativa de la reunión en La Fortaleza.
“Es que yo firmé para irme (jubilarse) con un poco menos en el 2013 y después que acepté irme con más años y menos aportación, ahora mismo estamos en la incertidumbre de si esto lo vamos a lograr o no”, agregó.
Por su parte, Ángel Escribano, de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Calificó la situación que enfrentan los empleados del gobierno como “un pillaje”.
“Es como si ellos tuviesen su (plan) 401 privado (de retiro), aporten por 30 años y en los últimos 10 años el patrono no le aporta, pero ahora 10 años después le dicen que también le van a quitar lo que tienen. Recuerden esto no es pedir un aumento. Esto es un dinero que los empleados públicos ahorraron. Esto no es un movimiento de sindicatos como tal”, afirmó Escribano.
“Imagínese que le digan ahora que no hay dinero”, agregó.
Anticipó que mañana, martes, habrá una reunión entre sindicatos de empleados del gobierno “para buscar salir todos unidos con un mismo fin”.