El escándalo de fraudes masivos al Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) – y la advertencia de autoridades locales y federales de las repercusiones penales que se impondrán a los que hayan incurrido en el delito- provocó que en un periodo de cinco días 3,500 personas hayan acudido al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) a entregar cheques que no les correspondían; lo que equivale a más de $5.6 millones recuperados.

Así lo reveló en exclusiva a Primera Hora el secretario de la agencia, Carlos Rivera Santiago, al indicar que la avalancha de entregas del dinero surgió luego que el pasado lunes trascendiera la posibilidad de que haya unas 100,000 solicitudes ilícitas -entre estas unas 10,000 a 13,000 de servidores públicos y unas 1,000 que involucran a menores de edad.

“Una vez sale en la prensa toda esta situación, entre lunes a viernes de la semana pasada ha venido mucha gente a devolver el dinero. Aun no hemos terminado de contabilizar pero hasta el viernes habían $5,684,720 devueltos en una sola semana. Fue mucha la cantidad de cheques que recibimos dada la situación que se expuso en la prensa y todo lo que se trajo públicamente. Las llamadas de orientación también aumentaron dramáticamente”, destacó el titular.

Recordó que anteriormente la agencia había recuperado $12.5 millones, por lo que el monto total se eleva a $18,242,401.

La semana pasada la secretaria del Departamento de Justicia, Inés Carrau, exhortó a los ciudadanos que pudieran estar vinculados a los fraudes a que entregaran los cheques en el Departamento del Trabajo. Hizo la salvedad de que la devolución no implica la exclusión de cargos criminales, aunque sí podrían considerarse como atenuantes a la hora de acudir al tribunal.

Carrau recordó que algunos de los delitos que se le pudieran imputar a personas vinculadas en fraudes al programa de desempleo conllevan extensas penas de cárcel.

“Por ejemplo, por apropiación ilegal de bienes públicos son 15 años de cárcel; por fraude son ocho años de prisión y por falsificar licencias son tres años”, explicó al mencionar que algunos de estos no prescriben y otros caducan en un periodo de cinco años.

Pero, ¿qué ocurre con el dinero recuperado del fraude?, se le cuestionó al secretario del Trabajo.

“En primera instancia empezaremos a clasificarlos. Por ejemplo, los que son de servidores públicos aparte de los que vinculan a menores de edad o a otros ciudadanos privados”, acotó al mencionar que al momento esas cifras segregadas no están disponibles.

Una vez se clasifican y se certifican los cheques devueltos el dinero tiene que devolverse al gobierno federal.

“Tienen que ir a donde corresponden que en este caso es al gobierno federal. De hecho, si hubiera algún sobrante de estos fondos no se quedan en Puerto Rico. Todo esto retorna a las arcas del gobierno federal”, acotó.

Actualmente en la vieja plataforma de PUA hay 307,000 personas registradas cobrando el beneficio del cual ya se han desembolsado $220 millones. En cambio, en el nuevo sistema FASTPUA (que opera validando información de participantes con la del Departamento de Hacienda) hay solo 83,000 casos registrados. En términos generales la agencia ha entregado sobre $5,000 millones en asistencia del PUA, desempleo regular y otros beneficios que han solicitado un total de 237,000 personas. Aun quedan 37,624 solicitudes por atender a causa de los llamados “puntos controvertibles” y unos 73,000 casos fueron declarados “inelegibles”, dijo el secretario del Departamento del Trabajo.

Esa discrepancia fue la que levantó suspicacia en personal del Departamento del Trabajo y, posteriormente, en las autoridades de ley y orden. Y así, detalló el funcionario, fue que comenzó esta saga de fraudes que pica y se extiende y que tiene en la mirilla a miles de servidores públicos a los que ya se comenzó a investigar a través de un listado que le fue entregado a los patronos de las agencias gubernamentales y a los alcaldes “de casi todos los municipios”.

“Hemos estado enviando comunicaciones a distintos jefes de agencias y a los municipios de personas que pudieron estar cobrando los beneficios y que pueden ser empleados activos. Les corresponde a los patronos de esas agencias, corporaciones o municipios depurar esas listas y comunicarse con nosotros para proceder con las acciones de cobro, paralizar pagos y hacer referidos a las autoridades, donde determinarán si hubo comisión de delitos o no”, sostuvo Rivera Santiago.

Aunque no precisó cifras de personas en los listados de las agencias, sí comentó que el Departamento de Educación es una de las entidades gubernamentales que más casos de fraude pudiera tener.

“Educación es una de las agencias más grandes y ese listado es voluminoso… bastante grande. Ahora tienen ellos que depurarlo y ver si realmente son empleados o si fueron personas que estuvieron de manera transitoria y ya no están porque pudiera darse esos casos”, mencionó.

Primera Hora supo que el listado de personas en Educación que pudieron haber cobrado ilegalmente el beneficio es de entre 2,500 y 3,000 individuos. En cambio, el titular de la agencia, Eligio Hernández, no quiso divulgar el dato a este diario.

“En torno a la información de empleados del Departamento de Educación que se alega hayan solicitado la Asistencia de Desempleo Pandémico (PUA) informamos que estamos colaborando directamente con el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos en todo requerimiento de información. No obstante, siendo un proceso que se encuentra bajo análisis y evaluación, no divulgaremos información hasta que los trabajos concluyan y toda la información sometida sea validada en su totalidad”, expresó por escrito el funcionario.

El secretario de Salud, Lorenzo González, desconocía la cantidad de empleados de su agencia que están bajo la lupa. '

Mientras, que Pedro Janer, del Departamento de Seguridad Pública (DSP) expresó por escrito que “no podemos dar los números ni información específica por tratarse de investigaciones en curso”.

Gestiones para conseguir la cantidad de empleados del Departamento de la Familia que aparecen en listados fue infructuosa.

El que sí ofreció recientemente información alusiva empleados de su agencia fue Henry Escalera, comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, quien confirmó que depuran una lista de 100 nombres de empleados que presuntamente habían cobrado cheques del PUA.

“Estamos en el análisis de cuántos son activos y determinar referirlos a investigaciones administrativas, allá lo investiga Asuntos Internos, para ver si eso lo va investigar el NIE (Negociado de Investigaciones Especiales) o lo va a investigar la agencia federal, lo que determinen… yo sí te puedo decir que administrativamente se va a iniciar un proceso”, reiteró Escalera.

De hecho, el secretario del Departamento del Trabajo dijo que quedará en cada patrono decidir el plan de acción disciplinario a nivel administrativo, uno que será independiente de cualquier investigación del Departamento de Justicia o de las autoridades federales.

En ese sentido, mencionó que en el Departamento del Trabajo, por ejemplo, se hicieron unas investigaciones internas y se despidieron a 11 empleados que, alegadamente, solicitaron el beneficio de PUA o de desempleo regular indebidamente.

“No eran empleados de carrera, sino de unos contratos particulares y se prescindió de sus servicios. Estos empleados tienen derecho a apelar si así lo entienden correcto”, expresó Rivera Santiago.

Por su parte, el teniente José Ayala, director de la División de Robo a Bancos de la Policía, indicó que hasta este fin de semana se han efectuado 70 arrestos vinculados a fraudes del PUA, 65 querellas y se han recuperado $437,000. “De los casos atendidos por la Policía solo tres son expedientes de menores”, indicó el teniente al destacar que este jueves podrían radicarle cargos a un adolescente que fue arrestado en un banco de Carolina cuando se disponía a cambiar un cheque que solicitó de manera ilegal.

Al momento, el Departamento de Justicia ha radicado cargos contra 11 de las 70 personas intervenidas por la policía entre julio y septiembre.

“Entendemos que esta semana se radicarán entre ocho a 10 casos adicionales”, añadió Ayala.

La semana pasada el tribunal de San Juan sentenció a seis años de cárcel a la primera persona acusada de fraude contra el PUA. Se trata de Miguel A. Martínez Rivera, de 45 años, quien el jueves pasado se declaró culpable de los cuatro delitos que se le imputaban en una vista que se llevó a cabo de manera presencial en el Tribunal de San Juan.

Al asumir culpabilidad, la jueza Gisela Alfonso Fernández aceptó el acuerdo de que se le impusiera una pena menor al acusado de la que hubiera incurrido si el caso llegaba a juicio en su fondo.

Martínez Rivera fue arrestado el pasado 11 de agosto cuando intentó cambiar un cheque de $10,460 del beneficio federal en una sucursal del Banco Popular en el área metropolitana. El sujeto utilizó una información correspondiente a otra persona una identificación falsa.

Los delitos que cometió el ahora convicto fueron violaciones al Artículo 182 por Tentativa de Apropiación Ilegal Agravada de Fondos Públicos; un cargo por violación al Artículo 202 por Tentativa de Fraude; un cargo por el Artículo 209 por Apropiación Ilegal de Identidad; y un cargo por el Artículo 217 Traspaso de Documentos Falsificados.

Los fiscales del caso fueron Edmanuel Santiago e Ileana Agudo Calderón y el abogado de defensa fue Julio César Alejandro.