Unas 22,000 personas comenzaron a recibir correos electrónicos relacionados con el recobro de fondos otorgados mediante un programa de asistencia para el pago de alquiler durante la pandemia, mientras la Administración de Vivienda Pública (AVP) revisa los expedientes para determinar cuáles casos podrían requerir acciones adicionales.

Según reportó Telemundo, la agencia se encuentra en la etapa de cierre del programa y analiza expedientes en los que se identificaron posibles irregularidades.

El administrador de Vivienda Pública, Juan Rosario, explicó en entrevista con la periodista Milly Méndez, en Pegaos en la Mañana, que las personas que reciban una notificación tendrán la oportunidad de presentar evidencia relacionada con su solicitud.

“Estamos haciendo el closeout del programa, los famosos casos donde se ha establecido que hay posibles fraudes. Ya las personas han estado comenzando a recibir el correo electrónico”, indicó Rosario.

El funcionario exhortó a los recipientes de estas comunicaciones a responder al mismo correo electrónico y enviar cualquier documento que consideren necesario para demostrar que cumplían con los requisitos cuando solicitaron la asistencia.

“Nosotros la vamos a estar evaluando nuevamente para entonces así determinar qué casos van a ser referidos al Departamento de Justicia y los casos que le vamos a dar paso”, sostuvo.

Rosario reconoció que revisar estos expedientes representa un desafío debido al tiempo transcurrido desde que se otorgaron las ayudas. También señaló que algunas personas podrían ya no tener acceso a las cuentas de correo electrónico que utilizaron durante el proceso.

“Estamos tratando de poder conciliar todo eso. Hago un llamado a toda nuestra gente que sé que tenían la necesidad, envíen la documentación”, expresó.

El administrador adelantó además que próximamente se habilitará una línea telefónica para atender a quienes tengan dificultades para acceder a sus cuentas o necesiten asistencia con el proceso.

La situación salió a relucir luego de que Héctor X. Aponte Toledo, residente de Carolina, denunciara públicamente en el programa Primera Pregunta que recibió una reclamación para devolver una ayuda económica que había recibido en 2021.

Según relató, solicitó la asistencia durante la pandemia y aseguró que entregó los documentos que le fueron requeridos, entre ellos planillas y talonarios. Su solicitud fue evaluada y posteriormente aprobada.

Años después, recibió una comunicación en la que se le notificaba que, según una revisión posterior, no había cualificado para recibir los fondos y debía devolver el dinero.

El ciudadano aseguró que pagó $5,248 mediante un cheque dirigido al Departamento de Hacienda. Según explicó, utilizó dinero proveniente de una herencia familiar para realizar el pago.

Posteriormente, afirmó que intentó comunicarse por correo electrónico para confirmar que el dinero había sido recibido, pero no obtuvo respuesta.

El pasado 11 de septiembre, sostuvo que recibió otra comunicación en la que nuevamente se le reclamaban los mismos $5,248.

Ante esta situación, acudió a su banco y consiguió evidencia de que el cheque había sido cobrado y depositado en una cuenta del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Aponte Toledo también aseguró que intentó responder al correo electrónico que recibió, pero el mensaje le fue devuelto.

El caso eventualmente llegó nuevamente ante Vivienda Pública y, según relató el ciudadano, recibió una comunicación en la que la agencia confirmó que el gobierno había recibido su pago.

Aunque dijo sentirse tranquilo tras aclararse su situación, también cuestionó el proceso utilizado para manejar los expedientes y la dificultad que enfrentan algunos ciudadanos para comunicarse con la agencia.

Parte de la controversia gira en torno al proceso de administración del programa, que contó con la participación de compañías privadas contratadas para servir como intermediarias en la tramitación de las solicitudes.

Ahora, la AVP se encuentra revisando los expedientes antes de determinar cuáles casos serán aceptados, cuáles requerirán información adicional y cuáles podrían ser referidos al Departamento de Justicia.

Rosario insistió en que las personas que reciban las notificaciones deben responder y presentar la documentación disponible para que sus casos puedan ser evaluados nuevamente.