Legisladores de minoría consignaron que la propuesta del senador Miguel Romero de sustituir la Ley 80 de indemnización por despidos injustificados por la Ley 100 antidiscrimen, va en contra de los trabajadores del sector privado.

El senador popular Cirilo Tirado opinó que unos 800 mil empleados del sector privado “estarían a merced” de la decisión de su patrono de dejarlos fuera del empleo, sin ningún tipo de justificación.

“Eso de tratar de establecer una mesada basada en años dentro de la Ley 100 no es una acción suficiente para que yo como legislador vote a favor de la derogación de la Ley 80”, sostuvo Tirado.

“Esa única protección que tienen los empleados del sector privado se la estamos limitando a cambio de una mesada que, ahora mismo, la tienen en la Ley 80. Creo que el PNP debe tener cuidado con esta acción y no deberían darle paso a la derogación de la Ley 80”, indicó el legislador.

“Quisiera escuchar a un presidente del Senado que hable por su caucus, por los senadores de mayoría, indicando que eso no va a pasar”, añadió.

Por su parte, el senador independentista Juan Dalmau expresó que se trata de leyes distintas, pues la Ley 100 protege con respecto a reclamaciones de daños a aquel empleado que se ha discriminado por las causales constitucionales, que son sexo, orientación sexual, raza, religión y origen social.

“Esa es una lista muy específica y estricta. En el caso de la Ley 80, yo no puedo arbitrariamente despedirte, por razones ajenas a tu desempeño como empleado”, subrayó.

Destacó también que las reclamaciones por la Ley 100 se hacen por la vía ordinaria en los tribunales y son más costosas. “Eso sigue el laberinto procesal de los tribunales que dura muchos años, mientras que la Ley 80 provee para un proceso sumario, más rápido para que en el balance de las protecciones del empleado, si tiene derecho en su reclamación sea compensado en un tiempo razonable.

“Se trata de eliminar las protecciones de la Ley 80, que prohíben que un patrono despida de forma arbitraria y caprichosa a un empleado y dicen que eso se subsana con la Ley 100, que es una ley completamente distinta”, puntualizó Dalmau, quien calificó la propuesta como “un fraude laboral”.

El portavoz de la mayoría novoprogresista en la Cámara, Gabriel Rodríguez, uno de los más firmes opositores a la derogación de la Ley 80, se abstuvo de opinar hasta ver la propuesta “en blanco y negro”.

Mientras, el exsecretario del Departamento del Trabajo, Frank Zorrilla, distinguió ambas leyes, pues dijo que bajo la Ley 80 el empleado queda despedido, pero recibe una compensación (mesada), mientras que bajo la Ley 100, si la persona prueba que fue despedido discriminatoriamente, tiene derecho a ser reinstalado en el empleo, paga atrasada más los daños que pudo haber sufrido, con doble penalidad.