Como “una amenaza y un cuento” calificaron hoy las minorías legislativas la carta del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez advirtiéndoles que, de no ser aprobada la Resolución Conjunta 278, habría despidos, reducción en la compra de materiales y más medidas de austeridad en el Capitolio, sin descartar hasta el cierre parcial de labores.

“Es pura falacia y mentira porque la resolución conjunta de la Cámara también va a tener una partida de dinero que no es recurrente y tratar de argumentar que una cosa está atada a la otra no es correcto. La expectativa de los ingresos que se puedan recibir en el futuro está atada primero al pago de la deuda, al pago de los bonistas y a subsidiar lo que va a ser eventualmente el aumento a los empleados públicos”, dijo el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

“Tratar de amarrar una cosa con la otra es un acto mezquino, que le falta información y lo que quiere es manipular la psiquis de los compañeros para forzarlos a votar por algo que es malo y que todavía hay espacio para la negociación, pero no lo permite él porque quieren abrogarse un barril de $50 millones”, agregó.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Denis Márquez Lebrón dijo que “si la carta es algún tipo de intento de amenaza, de extorsión, de meter miedo con que voy a sufrir recortes en el presupuesto de mi oficina, nada va a a moverme en mi posición en defensa de la clase trabajadora, de los maestros y en contra de la utilización de fondos públicos para los barrilitos”.

Para la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli la carta del líder de la Cámara “es un cuento, una amenaza para forzarnos a votar a favor de la Resolución, pero no hay manera de haberle votado en contra al Plan de Ajuste de la Deuda y ahora votarle a favor a cómo se reparte y cómo se paga esa deuda, sobre todo, cuando le solicitamos a Omar Marrero (director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), quiénes eran las personas y los bancos involucrados en la nueva emisión de bonos y no nos han contestado”.

Según Hernández Montañez si no se da paso al pago de bonistas y acreedores de la deuda del gobierno central estarán en riesgo unos $7 millones del presupuesto de la Asamblea Legislativa.

“Derrotar las enmiendas propuestas mediante la R. de la C. 278 podrían representar reducciones equivalentes a cesantías de entre 3 y 4 empleados por dependencia de la Cámara y Oficina Legislativa, la eliminación del Programa de Empleo de Verano y la reducción de los presupuestos base de oficinas legislativas de los fondos ARPA (Plan de Rescate Americano) allegados para su distribución proporcional entre los casi 500 empleados de la Cámara de Representantes y sus dependencias”, indicó Hernández Montañez en una carta cursada hoy a los portavoces de las delegaciones de minoría.

Según Hernández Montañez de no recibir los $7 millones adicionales al presupuesto de la Legislatura, se establecería un límite en las compras de materiales para oficinas legislativas, estrictamente dirigiéndolas a la compra de material esencial como lápices, bolígrafos, tinta y papel.

“Como si lo anterior no bastara, nos veríamos forzados a implementar reducciones adicionales que resultarían en un presupuesto base de $11,000 al mes por oficina de mayoría y de $4,000 por oficina de minoría. La reducción de $9,000 mensuales sería el medio menos oneroso de trastocar las operaciones de la Cámara para garantizar las operaciones de la Cámara hasta, al menos, el cierre del presente Año Fiscal, 2022″, indicó el líder cameral.

Dijo que estos cambios serían efectivos el 1 de marzo de 2022. “De lo contrario, nos veríamos forzados a contemplar otras medidas, incluyendo el cierre parcial de las operaciones, lo cual descontinuaría el ofrecimiento de los servicios legislativos al pueblo puertorriqueño que nos honró con su voto. La trascendencia de este asunto resulta meridianamente clara”, reclamó el Presidente de la Cámara.

Sostuvo Hernández Montañez que la presente administración de la Cámara de Representantes enfrenta una crisis presupuestaria “sin igual en la historia moderna de nuestra gesta gubernamental” y dijo que la gravedad del asunto era y continúa siendo de tal magnitud que el 12 de enero 2021, como primer mandato legislativo firmó una orden administrativa declarando un estado de emergencia presupuestaria, autorizando la implementación inmediata de controles administrativos y fiscales; y consolidando funciones entre la Superintendencia del Distrito Capitolino.