La medida, que contempla un presupuesto por la suma de $9,624 millones, unos $573 millones más que el presupuesto que presentó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), será aprobada hoy en la Cámara, y en el Senado debe ser ratificado antes de mañana a la medianoche.

“En el Senado casi siempre se le hacen enmiendas y por lo general va comité de conferencia”, dijo Gabriel Rodríguez Aguiló, portavoz   del Partido Nuevo Progresista.

“Esto es una crónica de un presupuesto simbólico, tanto del gobernador como de la Asamblea Legislativa para sentar las bases del reclamo a los tribunales”, opinó el portavoz de la minoría popular Rafael “Tatito” Hernández.

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Sin embargo, indicó que la documentación suministrada por el Ejecutivo y la surgida en  el  proceso legislativo no tiene los elementos para retar las proyecciones de la JSF.

Hernández agregó que el Departamento de Hacienda tampoco presentó en Cámara ni en el  Sendo información “admisible en un tribunal que contradiga las proyecciones económicas de la JSF.

Añadió que la mayoría  debió llevar a las vistas públicas a organizaciones como el Colegio de Contadores Públicos, la Asociación de Economistas y grupos empresariales.

“Esto  es todo para las gradas un show político partidista para echarle la culpa a la Junta y al final todo es lo mismo, no hay diferencia. El 99%  de las propuestas de gastos del gobernador y la Junta, son lo mismo.  Tan similar como que les están quitando a los retirados la misma  cantidad de  $1,900 millones en pay go”, añadió Hernández.

“Es una especie de obra teatral porque todo indica que este presupuesto va a ser uno simbólico, como el año pasado que el que se aprobó no tuvo ninguna efectividad y el que se puso en vigor fue el de la Junta”, indicó el representante independentista Denis Márquez.

“Veremos a ver si la mayoría parlamentaria tiene algún acomodo razonable con la Junta y en cuanto a las partidas en si mismas, es alarmante que en medio de junio, entidades como el Departamento de la Familia, Salud, la Universidad de Puerto Rico y organizaciones de acceso a la justicia, se les haya rebajado su presupuesto y que hayan tenido que levantar un grito en la Legislatura para que reciban los fondos que necesitan”, indicó Márquez, el único representante por el PIP.