Varias entidades tuvieron hoy la oportunidad de exponer ante la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado sus posiciones con respecto al Proyecto de la Cámara 120, mejor conocido como la Ley para un Retiro Digno.

La Junta de Retiro del Gobierno expresó que “favorece y respalda enérgicamente la política pública de proteger las pensiones de todos nuestros pensionados y pensionadas en aras de proveerles un retiro digno, tras haber dedicado los mejores años de su vida al servicio público”. No obstante, levantó varios cuestionamientos sobre la medida.

El director ejecutivo de la Junta de Retiro, Luis M. Collazo Rodríguez, sostuvo que “no solamente respaldamos y favorecemos la protección de todas las pensiones”, sino que también “nos hemos opuesto consistentemente a cualquier recorte de las pensiones que sin duda afectará la calidad de vida de nuestros pensionados”.

El funcionario recordó que con el establecimiento del Nuevo Plan de Aportaciones Definidas, “el dinero de los participantes se encuentra debidamente custodiado y segregado, y ahora son los servidores públicos, y no el Gobierno, quienes deciden cómo y dónde invierten su dinero”.

Sin embargo, en su ponencia Collazo cuestionó que el Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro que promueve la medida propone descartar las reformas establecidas bajo la Ley 106 de 2017, que dio paso al Nuevo Plan de Aportaciones Definidas “e instituyó la Junta de Retiro como ente rector de los Sistemas de Retiro para garantizar y fiscalizar la implementación de dichas medidas”, y pretende crear una nueva entidad que despoja a la Junta de Retiro de sus facultades.

Agregó que el PC 120, “promueve modelos del pasado que evidentemente no funcionaron”, recordando que justamente los Sistemas de Retiro “estaban organizados a base de un fideicomiso que tuvo que ser restructurado y solventado en varias ocasiones hasta que llegó al punto del colapso”.

Sostuvo además que la medida “no hace alusión a ningún estudio actuarial o estudio económico que respalde la sostenibilidad del plan propuesto, así como del Fideicomiso, conforme a la realidad fiscal de Puerto Rico”.

“Más preocupante aún, tras una lectura del PC 120 se desprende que las obligaciones contractuales a las que se comprometería el gobierno resultarían ser excesivamente onerosas conforme a la realidad fiscal que enfrenta Puerto Rico” añadió el funcionario.

Advierte además que la medida podría chocar con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y dar la impresión que intenta menoscabarla.

El funcionario concluye que, aunque se trata de un proyecto bien intencionado, no pueden avalarlo.

Por su parte, el movimiento Construyamos Otro Acuerdo (COA) presentó una detallada ponencia, sustentada con diversos estudios e información financiera, para fundamentar su posición de respaldo al proyecto.

El COA argumentó que el PC 120, “sostiene y expande el compromiso de la Asamblea Legislativa de no legislar medida alguna que sea necesaria para la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda acordado entre la Junta de Supervisión Fiscal, el Comité Oficial de Retirados (COR) y “las coaliciones de fondos buitres, mientras ese acuerdo contenga cualquier recorte adicional a las pensiones de servidores públicos activos y jubilados”.

Agregan que atiende “otro reclamo esencial” al disponer los mecanismos “para convertir a personas pensionadas y trabajadoras activas de los sistemas de retiro en acreedores asegurados”, dándoles protecciones contra quiebras futuras similares a la ofrecidas a ciertos bonistas.

Agregan que la medida ofrece además “una estrategia detallada para financiar las exigencias de declaración de política pública” en defensa de los pensionados, teniendo como principal fuente de financiamiento para el Fideicomiso por los próximos 40 años “la cancelación de los Bonos Impugnados, según definidos en el proyecto de ley”.

Por último, subrayan, “el reconocimiento que se hace en este proyecto de ley a la protección de los servicios públicos esenciales”, y declaran que el PC 120 “es una medida de justicia básica para todo el pueblo de Puerto Rico”.

De igual forma, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) expresó su respaldo al proyecto. Su vicepresidente, Israel Marrero Calderín, repasó la lista de recortes que ya han sufrido los pensionados y el impacto que eso ha tenido en sus vidas, y condenó la posición de la JSF de pedir más recortes.

“El SPT reitera la esperanza que nos brinda la nueva confianza esbozada por el P de la C 120 y aplaudimos específicamente el proyecto de ley por crear un fideicomiso para trabajadores y trabajadoras, gobernado por las y los trabajadores”, expresó, resaltando además otros aspectos técnicos del proyecto.