La nominada secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega reconoció hoy que el DRNA ha tenido altas y bajas en su rol como custodio de los recursos naturales de Puerto Rico y dijo que muchas de las críticas que recibe la agencia “son injustas, incorrectas”.

En una vista ante la Comisión de Nombramientos del Senado, Rodríguez Vega reclamó como un logro la demanda de desahucio que instó la agencia el pasado mes de abril contra los invasores de la reserva natural Bahía de Jobos en Salinas, pleito que fue radicado luego de que las construcciones ilegales acapararan la opinión pública.

“El DRNA es la clave en la implantación de la política pública constitucional de protección de nuestros recursos naturales. Sé que parece que la agencia ha tenido altos y bajos en la defensa de esa política pública. Sin embargo, puedo asegurarles que el 100% de los funcionarios del DRNA son personas comprometidas con esa política pública. Desafortunadamente, no siempre se ve todo lo que hacemos y a veces no contamos con el espacio ni el tiempo necesario para dar publicidad a ello”, dijo Rodríguez Vega en una ponencia de 16 páginas.

“Otras veces se nos critica porque no tomamos acción sobre ciertos asuntos públicos en controversia o una falsa percepción de que otorgamos permisos de construcción en áreas indebidas. La realidad es que muchas veces las críticas son injustas, incorrectas y en otras ocasiones, ni tenemos jurisdicción porque es importante recordar que el DRNA no otorga permisos de construcción”, reclamó la funcionaria, quien era subsecretaria del DRNA bajo la anterior secretaría de Rafael Machargo.

Rodríguez Vega está al frente del DRNA como secretaria interina desde el pasado mes de abril, en medio de la forzada renuncia de Machargo, quien salió de la agencia tras enfrentar múltiples críticas por la construcción de una piscina en la zona marítimo terrestre en el condominio Sol y Playa en Rincón y luego que trascendió públicamente el escándalo de las construcciones ilegales en la reserva estuarina Bahía de Jobos, en Salinas.

En agosto pasado, el gobernador Pedro Pierluisi envió el nombramiento de Rodríguez Vega al Senado para su consentimiento.

“El manejo de nuestras costas no puede depender de leyes y reglamentos basados en preceptos de la Corona Española de 1866 y 1886. Puerto Rico necesita una nueva ley y reglamentos que se ajuste a la realidad de nuestros ecosistemas marinos y costeros de nuestro desarrollo del litoral y de las amenazas reales del calentamiento global”, dijo en su ponencia Rodríguez Vega.

A preguntas de la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón, la nominada sostuvo que la ley de costas necesita una revisión, pero, dijo que “tenemos que llegar a un consenso” en el comité de cambio climático, creado por la Asamblea Legislativa y que ella, como Secretaria del DRNA, preside.

La senadora Santiago Negrón le preguntó también si procede una dispensa que solicitó al DRNA, la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, para depositar unas 7,500 toneladas de cenizas en el vertedero de Peñuelas.

“Decir que procede con un sí o no, no es responsable. El Departamento está evaluándolo y si no se cumple con el reglamento no se va a otorgar. Hay unos requisitos que hay que cumplir”, indicó la funcionaria.

A preguntas del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, Rodríguez Vega dijo que la demanda contra los invasores de Bahía de Jobos, que está pendiente en el Tribunal de Primera Instancia de Guayama, fue entablada contra 29 personas.

“Es una acción reivindicativa, una solicitud de desalojo. Seguimos en los trámites procesales y el 20 enero de 2023 debe culminar el descubrimiento de prueba”, dijo la abogada de profesión.

Otros senadores preguntaron a Rodríguez Vega por el status de proyectos controversiales, como el del condominio Sol y Playa y dijo que se encuentra en etapa de deslinde. En torno a la construcción sobre la cueva Las Golodrinas, en Aguadilla, indicó que el pasado mes de mayo “se le dio la orden de demolición, pero que la acción fuera organizada para no poner en riesgo la cueva”.

Dijo que atractivos naturales como la isla Mata la Gata y la Playita Rosada, en Lajas, “están destruidos como muchas de nuestras áreas protegidas”. Añadió que “eso es inaceptable”.

Sobre la controversia en torno a la posible privatización del Parque de las Cavernas del Río Camuy, Rodríguez Vega reconoció que las instalaciones están en abandono, pero no fue clara. Dijo que hay que esperar por el informe que rinda la Autoridad para las Alianzas Público Privadas.

En el tema fiscal, Rodríguez Vega solicitó “más recursos” porque dijo que el DRNA se ha convertido en una agencia “más grande y compleja” con el proceso de consolidación de la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y la Administración de Parques Nacionales al DRNA, al amparo de la Ley71 de 2018. Indicó que con la fusión el presupuesto de las agencias se ha reducido. El presupuesto del DRNA para el presente año fiscal 2022-2023 es de $242.6 millones.

“Necesito más personal... Voy a estar haciendo las mismas peticiones hasta que el Cuerpo de Vigilantes cuente con el personal necesario para su operación”, indicó para detallar que actualmente el DRNA tiene un total de 304 vigilantes, 252 en funciones del cargo como tal y anteriormente la plantilla era de más de 600.

La nominada secretaria dijo también que el en el área de deslinde de terrenos solo hay un empleado de carrera, lo que atribuyó a las bajas escalas salariales y a la falta de personal especializado.

La vista pública, a sala llena, se llevó a cabo, en el salón Leopoldo Figueroa del Senado. En primera fila estaban en apoyo a la nominada, además de su familia, varios alcaldes populares: Carlos López (Dorado), Josean Santiago, (Comerío), Wanda Soler (Barceloneta) y Fabián Arroyo (Lares). También, asistieron el representante novoprogresista José “Che” Pérez, el representante popular Juan José Santiago, el expresidente del Senado, Kenneth McClintock y el pastor evangélico, Otoniel Font.

Mientras, el sindicato que agrupa a los empleados del DRNA, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU), en una ponencia escrita, condicionó su apoyo a la nominada a que la funcionaria se comprometa a atender los reclamos de justicia salarial de los trabajadores de la agencia, quienes no reciben aumentos de sueldo desde hace 10 años.

El gremio representa a unos 500 empleados del DRNA.

“Como jefa de la agencia nosotros esperamos que reconozca el valor de sus empleados como los servidores públicos de excelencia que son y que se una en defender la necesidad de justicia salarial para su recurso más esencial en el DRNA: sus empleados. Ya van más de 10 años sin aumentos salariales, con sueldos que inician en $1,328 mensuales”, expresó la presidenta de SPU, Jessica Martínez.

En un aparte con periodistas, la nominada secretaria del DRNA dijo que no compareció a la vista pública enfocada en su confirmación.

“Vine, como siempre me ha caracterizado, de frente a atender esta nominación y esta confirmación sin que eso nuble mi visión de que hay una ejecución que hay que hacer como vengo haciendo por los pasados meses”, indicó Rodríguez Vega.

-¿Confiada en que tendrá los votos?, se le preguntó.

“No estoy enfocada en eso. Servirle al pueblo de Puerto Rico es un honor, sea esto un día, dos días, tres años, lo que sea, va a ser así de mi parte”, dijo.