El Municipio Autónomo de Carolina presentó una demanda contra el gobierno estatal por la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, que establece regulaciones al retiro de los fondos municipales depositados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

La acción sometida en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan “no plantea un ataque constitucional a la totalidad del estatuto impugnado (Ley de Moratoria). Por el contrario, es su característica esencial el cuestionamiento limitado de la ley, solo en aquello pertinente a la incautación directa de fondos municipales, cuyo agravio pretende ser subsanado”.

“Dicho de otro modo, el Municipio de Carolina basa su acción en el legítimo reclamo de que se respete la integridad de los dineros municipales en controversia, sin que ello suponga un ataque a los restantes apartados o porciones del estatuto. Se trata, pues, de un cuestionamiento parcial o limitado a lo estrictamente esencial a la gestión y ámbito municipal”, lee la demanda sometida por el Bufete Frank Torres Viada, C.S.P.

En el escrito legal se impugna la constitucionalidad de parte de la Ley 21-2016 y de la orden ejecutiva 2016-010, razón por la cual la demanda es en contra del BGF y del Estado Libre Asociado.

La demanda jurada por el alcalde José Aponte Dalmau establece que en 1996 se aprobó la Ley de Financiamiento Municipal, la que autorizó a los gobiernos municipales a tomar dinero a préstamo mediante obligaciones evidenciadas por diferentes clases de bonos, pagarés u otros instrumentos de crédito con el BGF y otras instituciones bancarias, público y privadas.

No obstante, en 2013, el Municipio suscribió un contrato de compraventa de bonos con el Banco Popular para emitir bonos de obligación general municipal a fines de contratar empréstitos, asegurando el pago del mismo mediante buena fe, el crédito y el poder impositivo ilimitado de la municipalidad por $12,980,000. 

Mas el 8 de abril pasado, el Banco Popular, como banco custodio, solicitó al BGF el retiro de $507,731.06 efectivo el 11 del mismo mes para el pago de varias requisiciones.

“Contrario a lo convenido, sin explicación alguna y sin razón legal que lo justifique, el banco demandado no transfirió los fondos solicitados por el Banco Popular dentro del plazo del vencimiento requerido, en contra del acuerdo de inversión, y todavía no se ha hecho”, lee la demanda.

El acuerdo es para que se pueda pagar a contratistas.

“Adviértase que dichos fondos no pertenecen al BGF ni este se los prestó al Municipio de Carolina. Por el contrario, tales dineros constituyen propiedad del Municipio proveniente en origen de la banca privada, que fueron invertidos en el BGF... Al día de hoy, en relación al dinero invertido en virtud del contrato de inversión en cuestión, el BGF retiene ilegalmente la cantidad de $7,676,251.43”, se agregó.

Es por tal razón que se la solicitud al tribunal es que “se ordene al BGF a transferir inmediatamente la cantidad de $7,676,251.43 de conformidad con el acuerdo de inversión suscrito el 18 de noviembre de 2013 por $12,980,000”.