El doctor Rafael Torruellas, sicólogo social de la organización Intercambios Puerto Rico, dijo que por años se ha hablado de estrategias, pero “no hay la voluntad política” para los cambios necesarios.

Torruellas enumeró varias estrategias que promueve su organización. Entre estas, no más presos por uso de sustancias. “El uso de sustancias no puede ser criminalizado, punto, debe ser atendido. Tratar de atacar el problema como hemos hecho por 40 años, simplemente no funciona. La guerra contra las drogas no funciona”, dijo al destacar que con ese cambio las autoridades pueden combatir el lavado de dinero asociado a la distribución de la droga y la corrupción que genera.

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Otra de las soluciones es considerar la salud como un derecho fundamental y ubicar el tema de drogas como uno de salud y no criminal. “En vez de gastar $40,000 en un preso por un año, mejor se invierte en un enfoque salubrista que, en el caso de metadona, atender a ciertos usuarios de droga, solo cuesta $4,000 al año”, sugirió.

El sicólogo también propone que se promuevan derechos humanos y derechos civiles, ya que en la policía y en los centros de tratamiento para adictos se violan derechos y esto hay que cambiarlo. También cree que puede contemplarse enseñar derechos civiles en las escuelas.

Según Torruellas, es necesario regular los mercados de droga. “Ya se comenzó con el de la marihuana medicinal, pero para detener el crimen y la corrupción, hay que regular ese mercado. Que paguen impuestos y estén disponibles en lugares controlados”, añadió. 

Asimismo, planteó la necesidad de crear un plan nacional que integre todos los sectores. 

Torruellas dijo que hay países que han tenido éxito, como Portugal que descriminalizó todas las sustancias, lo que hizo que los policías se dedicaran a investigar narcotraficantes y corruptos. Además, ubicó la salud como la manera primaria para vaciar el mercado del narcotráfico, reduciendo el crimen, mejorando la salud y la calidad de vida. 

“El narcotráfico depende principalmente de personas que tienen una adicción”, sostuvo.

Explicó que en Uruguay se reguló totalmente el problema del cannabis tanto para medicinal y recreativo. Con esa medida, el país aumentó los recaudos fiscales, controló las organizaciones criminales y mejoró la calidad de las sustancias que consumen los usuarios. Esto es importante para Puerto Rico, donde drogas como la heroína esta siendo alteradas por productos como el fentanilo, que está causando muertes.

“La crisis no es una, son muchas crisis”

Para el economista José Alameda, catedrático del Recinto Universitario de Mayagüez de la UPR,  se necesita un plan integrado que aborde numerosas áreas, como mejorar las opciones laborales, y la enseñanza de valores para que los menores entiendan que está mal insertarse en el negocio de la droga aunque  se gane más dinero que en un empleo regular. “La crisis no es una, son muchas crisis”, indicó. 

El economista dijo  que hay que exigirles más a las autoridades federales, porque aquí no se producen la gran cantidad de drogas que se mueve y las armas que se usan para defenderlas. “Todas entran por las fronteras que se supone custodia Estados Unidos”, dijo.

Alameda también exhortó a entender que la Isla tiene una realidad incambiable que la hace apreciada por el narcotráfico y ha sido relevante desde los tiempos de España cuando era considerada la “llave de las Indias”.

Hay que hacer un plan integrado, buscar áreas de concordancia, pero no es para mañana porque ya las armas están. No es así tan fácil, no hay una pastilla mágica”, concluyó.

¿Legalizar las drogas?

Por su parte, Gary Gutiérrez, profesor de justicia criminal, dijo que el gobierno debe entender que hay que legalizar las drogas y que lo fundamental sería eliminar el contrabando. “Pasó con el alcohol… si algo ha demostrado la historia es que una manera de controlar las sustancias que pueden ser dañinas al ser humano es que haya una reglamentación”, dijo Gutiérrez.

“Si prohíbes una sustancia creas un mercado negro y un mercado negro siempre, siempre, siempre va a crear violencia y corrupción para protegerse y dirimir las controversias”, dijo el profesor al explicar que independientemente del número de asesinatos por año, las cifras por cada 100,000 habitantes son casi el doble de lo aceptable por organismos internacionales.

Advirtió que es peligroso que, en aras de la preocupación por el crimen la sociedad, se insista en políticas promovidas en el pasado, como más policías, ceder derechos de privacidad como intervenir información de los teléfonos o aceptar políticas como la pena de muerte.

“Este es el escenario perfecto para la doctrina del shock”, sostuvo.