El representante Nelson del Valle Colón se declaró esta tarde “no culpable” de los cargos que radicó en su contra la fiscalía federal, por conspiración para cometer un delito; robos de fondos federales, sobornos y comisiones ilegales o “kickbacks”, fraude electrónico a servicios honestos y obstrucción a la justicia.

Los cargos están relacionados con un alegado esquema que habría mantenido el legislador entre 2017 y julio de este año, en el que infló el salario de dos empleadas y otro individuo que está cooperando con las autoridades, a cambio de que le entregaran una parte del dinero de cada uno de esos cheques inflados.

Del Valle Colón, según la acusación, recibía entre $500 a $2,000 por cada cheque inflado. Como resultado de ese alegado esquema, el representante habría recibido más de $100,000 en sobornos.

Del Valle Colón fue arrestado en horas de la mañana por agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés). Esta misma semana, el pasado lunes, el FBI arrestó a la representante María Milagros “Tata” Charbonier por un esquema similar, que también involucraba a empleados de confianza y a su familia.

Según le explicó el magistrado federal Bruce McGiverin, de ser encontrado culpable, Del Valle Colón se expone a penas de un máximo de 5 años de prisión por el cargo de conspiración, hasta 10 años de prisión por robo y soborno, y hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y obstrucción a la justicia.

El magistrado le fijó una fianza de $25,000, de los cuales $10,000 son asegurados, y condiciones estándares de liberación. Se le instruyó que deberá pagar la parte asegurada en los próximos siete días.

Además del representante, también fueron acusados por el mismo esquema dos de sus empleadas, Mildred Estrada Rojas, y su hija Nickolle Santos Estrada. Ambas están acusadas también de conspirar para cometer un delito, y de participar del esquema de sobornos y comisiones ilegales.

Las dos se declararon “no culpable” de los delitos que le imputa la fiscalía federal. El magistrado le impuso a ambas una fianza de $20,000, sin porción asegurada, y condiciones estándares de liberación. Antes, les advirtió que, de ser encontradas culpables, se exponen a penas de un máximo de 5 años de cárcel por el delito de conspiración y un máximo de 10 años de prisión por el otro cargo.