Familiares de la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, no comparecieron esta mañana a una vista ejecutiva ante la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, como parte de las pesquisas que se llevan a cabo en torno al escándalo de corrupción que involucra a un centro de inspección de vehículos del que la funcionaria era propietaria.

Tanto su padre como su hermano eran parte de la directiva del centro Yabucoa Auto Service HM al momento de los hechos bajo investigación, por lo que fueron citados a comparecer a la vista, pero no se presentaron, según confirmó el presidente de la comisión, el representante José “Cheíto” Hernández.

Pérez Peña ha estado en el centro de la polémica desde que se hicieran públicos unas irregularidades en el proceso de inspección de vehículos y venta de marbetes en el mencionado centro de inspección, negocio que, para la fecha en que ocurrieron esos sucesos, estaba a bajo su nombre. Específicamente se le atribuye a ese negocio la emisión fraudulenta de cientos de marbetes.

Además, se le imputa un presunto uso de influencias para que se despidiera a Arturo Deliz Vélez, la persona que, a instancias del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), investigó su caso y dio a conocer las irregularidades.

De acuerdo con la investigación de Deliz Vélez, el centro de inspección Yabucoa Auto Service HM, localizado en el barrio Juan Martín, en Yabucoa, habría emitido cientos de marbetes fraudulentos, y se le impuso una multa de $500 por cada transacción fraudulenta. Al momento de la investigación se habían detectado 1,975 transacciones fraudulentas, por lo que el monto a pagar alcanzaba los $987,500.

Sin embargo, la multa fue rebajada a tan solo $5,000, otra situación que también ha levantado cuestionamientos, y que es parte de lo que se estaría indagando en la vista ejecutiva la Comisión de Transportación, según dio a conocer Hernández.

Además de las irregularidades encontradas en el centro que estaba entonces bajo el nombre de Pérez Peña, también se encontraron irregularidades similares en otros 67 centros de inspección.

Hernández citó a la vista ejecutiva para este lunes a los propietarios de una decena de centros, incluyendo a Yabucoa Auto Service.

De acuerdo con Hernández, podía venir en representación del centro Pérez Peña, su papá o su hermano. En diciembre pasado, Pérez Peña cedió la titularidad del negocio a la corporación Yabucoa Auto Service LLC, presidida por su papá, Noel Pérez Martínez.

Sin embargo, avanzada la mañana, no se había presentado a la vista ejecutiva ninguno de los miembros de la familia.

De acuerdo con Hernández, los directivos de Yabucoa Auto Service se excusaron de participar en la vista, alegando que estaban dando deferencia al proceso de investigación del Departamento de Justicia, una excusa que el representante no aceptó como válida.

“Citamos a 10 centros de inspección. Cuatro comparecieron. Y voy a dejar esto claro para récord. En la citación que se hizo por parte de la Comisión no se especificó que los centros podían venir con un abogado. Eso fue un error involuntario de la Comisión, y yo asumo la responsabilidad por eso. Así que tres de estos centros prefirieron excusarse para regresar con un abogado”, explicó Hernández, agregando que serían citados para la próxima semana.

De los otros seis centros que no llegaron, indicó que cuatro se excusaron, incluyendo a Yabucoa Auto Service, y los otros dos no lo hicieron.

Pa la próxima semana la nueva vista

“La próxima semana vamos a citar a estos seis a una vista. Se supone, y lo dejamos claro, que no podían excusarse en el día de hoy. No hay razón para que no hayan venido, y también les vamos a apercibir de que pueden venir con abogados. Vamos a citarlos para la próxima semana, y si ellos no comparecen, alguno de ellos, la próxima semana, pues vamos a evaluar citarlos so pena de desacato”, afirmó.

En cuanto al centro del que sí acudió una persona y declaró, Hernández acotó que se trata de uno que no tuvo una negociación para pagar la multa, sino que pagó en su totalidad los $26,500 que le habían impuesto, e incluso durante la vista admitió lo ocurrido “y no tenía reparos en atender esto”.

Agregó, sin embargo, que, “por lo que hemos visto con este centro, lo que puedo decir es que el proceso del DTOP fue un completo desastre. Y lo voy dejar claro para récord”.

“Desde el principio ha sido así. En la documentación que nosotros recibimos evidentemente faltan muchos documentos que no están en el sistema. El secretario (Edwin González Montalvo) ha dicho que no están en el DTOP, y en base a este testimonio que escuchamos ahora, y otros que vamos a escuchar, estoy seguro que el proceso fue igual con todos ellos”, agregó, en referencia al polémico proceso de negociación de las multas.

Abundó que, de acuerdo a las declaraciones que recién había escuchado, aunque no había negociado la multa, “no hubo un proceso de notificación, no hubo un proceso de que alguien se sentara con él a explicarle, todo fue por teléfono, apenas un correo electrónico. O sea, el proceso que se llevó para notificarle a estos centros que había pasado esta investigación que hicieron, fue muy malo”.

Agregó que “el responsable y supervisor de la investigación era Arturo Deliz (Vélez), junto con otra persona… que también la vamos a citar”.

Recordó que ya había anticipado que citarían a Deliz Vélez, “para que nos explique con más constancia cuál fue el proceso”.

A preguntas de la presa, explicó que la citación se hizo específicamente “a quien trabajó la negociación en los centros de inspección”, que “en el caso de Yabucoa Auto Service fue su hermano y su papá (de Pérez Peña)”.

Hernández agregó que cualquier hallazgo de “ilegalidad” o acciones “incorrectas” que surjan durante la pesquisa que están llevando a cabo, se harían los referidos a las agencias correspondientes.

El representante hizo una solicitud de documentos al DTOP, que la agencia ya entregó, y que admitió que no tenían los documentos relacionados con el proceso de las multas ni de Yabucoa Auto Service ni de ninguno de los otros 67 centros de inspección involucrados en las irregularidades.

Agregó que está a la espera de documentos solicitados al Departamento de Hacienda, relacionados con esta polémica de las multas.

Sin embargo, fue enfático en que, independientemente de la polémica de las multas, no hay dudas en cuanto a las irregularidades ocurridas con los marbetes.

“No tengo dudas que muchos de estos centros aceptaron incluso la multa. Y cuando terminemos la investigación, si vemos que en estos centros ocurrieron delitos, los vamos a referir. Pero nosotros estamos aquí evaluando dos cosas, y no lo pierdan de perspectiva, esto es una investigación que tiene que ver con el proceso (de inspecciones de vehículos) de la nueva compañía de Worlwide (Environmental Products), con lo que se haya trabajado en los centros de inspección, y con el proceso del DTOP. O sea, tiene que ver con todo. Y al final del camino vamos a hacer un informe con todo, con los delitos que pudieron cometerse, con el proceso del DTOP. Vamos a ponerlo todo en ese informe”, insistió, reiterando que se harían todos los referidos que entiendan necesarios.

“Aquí no se va a tapar a nadie, aquí no se va a proteger a nadie. Y lo he dicho desde el día uno”, afirmó.

Comentó que, como parte del proceso, además de los centros de inspección citarían al actual secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, y a la pasada secretaria, Eileen Vélez Vega. También citarían a Deliz Vélez y la otra persona involucrada en la investigación en varios de los centros.

El legislador indicó además que evaluarían una solicitud que hizo la Alianza de Centros de Inspección de Puerto Rico para que las vistas, en lugar de ser ejecutivas, es decir, a puertas cerradas, sean vistas públicas.

Cuestionado sobre si finalmente sería citada la secretaria Pérez Peña, aclaró que se haría la misma citación a todos los centros, pidiendo específicamente la presencia de la persona a cargo de la negociación de la multa.

Aclaró que, al momento, entre los cuatro centros que llegaron a la vista, no se ha presentado ningún dueño, sino otras personas que son parte del negocio, como gerentes y miembros de la compañía.

Sin embargo, fue enfático en que eso no restaba responsabilidad alguna a cada uno de los 68 dueños de los centros de inspección, incluyendo a Pérez Peña.

Agregó que “todo está en consideración”, incluyendo una posible citación directa a la secretaria, si así lo entienden necesario.