El Gobierno de Puerto Rico no descarta pedir una reconsideración a la determinación del Tribunal Apelativo de Boston de ratificar la nulidad de las enmiendas a la Reforma laboral, aprobadas bajo la Ley 42-2022.

El presidente de la Cámara de Representantes presentó un interdicto en ese foro en el que pedía se dejara sin efecto la decisión que tomó en marzo pasado la jueza Laura Taylor Swain de declarar nula las enmiendas a Reforma Laboral aprobada por la Legislatura y firmada por el Gobernador, a raíz de una demanda presentada por la Junta de Supervisión Fiscal, que reclamaba que el gobierno no había tomado en consideración el impacto de las enmiendas en el plan fiscal.

El fallo del foro apelativo obliga a que se mantenga vigente la Reforma Laboral del 2017.

“Esta lucha no termina. En primer lugar, estamos evaluando todas las alternativas disponibles para pedir reconsideración y agotar los remedios disponibles antes de recurrir al Tribunal Supremo Federal. No obstante, anticipando cualquier revés en el proceso judicial, la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara radicó una nueva versión de las enmiendas a la Reforma Laboral (PC 1651) que incluirá un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) para subsanar cualquier deficiencia suscitada en el proceso previo”, indicó el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, en declaraciones escritas.

La decisión del Tribunal Apelativo deja sin efecto algunas de las disposiciones incluidas en la Ley 41-2022 que buscaba ampliar derechos laborales aplicables a la empresa privada. Entre otras cosas, la medida disminuía el periodo probatorio y se restablecían las protecciones contra el despido injustificado. También, aumentaba la acumulación de licencia por vacaciones y además se extendía dicho beneficio a empleados a tiempo parcial, entre otros asuntos.

“La Cámara de Representantes, acorde con su compromiso con el país, compareció en defensa de los trabajadores del sector privado - tanto por escrito como en una vista oral - para exponer las razones por las que este estatuto no tiene impacto fiscal, y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue incapaz de demostrar lo contrario”, sostuvo Hernández Montañez. “Precisamente, esta lucha innecesaria para defender una ley aprobada en Puerto Rico para restituir los derechos de los trabajadores - sin ningún tipo de impacto fiscal - es la razón principal por la cual radicamos el HR 4853 en el Congreso, junto a Lori Chavez-DeRemer, para enmendar la Ley PROMESA con el propósito de darle legitimidad a los informes de impacto fiscal de la OPAL”, añadió Hernández Montañez.

Mientras, Torres Garcia anticipó que “en los próximos días, le notificaremos al país cuáles serán los pasos específicos en nuestra agenda de trabajo. Estamos listos para darle continuidad a nuestra estrategia en defensa de los trabajadores del sector privado en todos los foros que sean necesarios para asegurar los derechos de los trabajadores: la vía legislativa, la congresional y la judicial”.

Por su parte, Sheila Angleró, directora de Comunicaciones de La Fortaleza, dijo a El Nuevo Díaz que el gobernador Pierluisi se reitera en que las enmiendas a la Reforma Laboral procuran “un balance justo para empleados y patronos del sector privado y no afectan el ambiente laboral ni el crecimiento económico que se ha sostenido en la Isla por los pasados dos años y medio”.

“El gobernador y el equipo legal están realizando el análisis correspondiente de la decisión y no descartan acudir al Tribunal Supremo”, agregó Angleró.