El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, no descartó hoy la promulgación de legislación que le imponga a las corporaciones públicas ciertas restricciones a la hora de realizar emisiones de bonos.

Santa sostuvo que, hasta ahora, corporaciones públicas, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), concretaban este tipo de transacciones sin la exigencia de que fuera un proceso transparente. “Cuando la emisión salía de la Autoridad (de Energía Eléctrica) nadie se enteraba porque eso no llegaba a ningún lado”, puntualizó.

Estas restricciones, sostuvo, le darían al proceso mayor visibilidad y control.

Representantes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) depusieron hoy, lunes, ante la Cámara de Representantes que investiga la justificación y legalidad de las emisiones de bonos de la AEE realizadas entre los años 2010 y 2016.

“Hay que adjudicar responsabilidades y esto ha pasado en la deuda del gobierno central y en otras entidades y con el Sistema de Retiro también...el delito de negligencia en el cumplimiento del deber, el delito de mal uso de fondos públicos está escrito en el Código Penal”, afirmó el portavoz del Partido Independendentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez.

Durante la vista pública el asesor especial de la AFFAF, Jean Peña Payano, hizo referencia al informe realizado en el 2017 por la firma Kobre & Kim LLP que reveló que entre los factores que afectaron la situación fiscal de la AEE están las consideraciones de política partidista.

El documento, encomendado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), fue publicado y discutido públicamente por diversos sectores en agosto de 2018.

Del mismo modo el informe, señala que, a pesar de los altos costos de energía que pagan los clientes de la AEE, los ingresos que estos producen eran insuficientes para cubrir los costos operacionales y las mejoras de capital. Destaca, además, que la AEE se convirtió en dependiente de las transferencias a corto plazo del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), las cuales posteriormente pagaba con los fondos que recibía emitiendo deuda.

Esto último, el informe se lo atribuye a la falta de voluntad política para aumentar la base de ingresos de la AEE, proyectos dirigidos a reducir el costo de producción de energía con el cambio a gas natural incompletos y a la otorgación de subsidios “políticamente motivados”.

Otros factores que influyeron negativamente en las operaciones de la AEE y que provocaron su crisis fiscal, según el informe, fueron: el exceso de posiciones de empleados de confianza, cambios de personal constante, los costos de beneficios a empleados y la falta de continuidad a los proyectos de mejoras de capital.

La semana pasada el gobernador Pedro Pierluisi anunció la cancelación del “Acuerdo en Apoyo a la Reestructuración de la AEE”, conocido en inglés como el RSA. La implementación del RSA, argumentó entonces el mandatario, no era factible ni conveniente para los mejores intereses de Puerto Rico.

Peña Payano indicó que el gobierno está comprometido a trabajar con la JSF y los acreedores de la AEE en la negociación de un Plan de Ajuste para la corporación pública que asegure su salida de la quiebra, se ajuste a la política pública y asegure energía eléctrica confiable y menos costosa. Para lograr esta meta, agregó, hay que, entre otras cosas: promover la conversión a fuentes de energía renovable y respetar el rol del Negociado de Energía de Puerto Rico de establecer las tarifas de electricidad.

“Aunque, obviamente, no se contestaron todas las preguntas, creo que es un buen inicio para entender la naturaleza misma del endeudamiento de la AEE”, afirmó Santa al agregar para la próxima semana convocarán a la Junta de Gobierno de la AEE, así como a su director.