Finalizado octubre, el gobierno de Puerto Rico se quedará sin fondos en momentos en que aún lidia con la emergencia provocada por el huracán María y el único plan es la solicitud a las autoridades federales para recibir asistencia millonaria, reveló hoy jueves el gobernador Ricardo Rosselló.

“No debe haber un plan B porque el plan A ha funcionado para otras áreas de los Estados Unidos y debe ser tomar acción con la urgencia que amerita. De no tomar acción, hay unas consecuencias y ya yo las reiteré me parece que hace una semana (en cuanto a) lo que podía provocar el no actuar adecuadamente al nivel de lo que se amerita en Puerto Rico. Lo que ello conllevaría es que se haría muy difícil la reconstrucción de Puerto Rico”, respondió el primer ejecutivo a preguntas de este diario.

De inmediato, advirtió que de no actuarse, Puerto Rico podría situarse en una crisis humanitaria y se aceleraría el éxodo de puertorriqueños hacia los Estados Unidos.

Tras la embestida del huracán, Rosselló solicitó al presidente estadounidense un paquete de ayudas que permite la reconstrucción del país luego de que el sistema energético, el de salud y la infraestructura se fuera al piso. El gobernador estimó la ayuda por encima de los $60,000 millones.

Luego, tras la visita del presidente Donald Trump, Rosselló dijo que la magnitud de este evento, según “algunos ya han dicho, sobrepasa los $95,000 millones”.

Ya el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes comenzará un análisis de las acciones que se deben tomar para encaminar la recuperación de Puerto Rico. De hecho, el presidente de ese comité el republicano Rob Bishop, ha dicho que el análisis debe incluir la revisión de la ley federal PROMESA que dio paso a la creación de la Junta de Supervisión Fiscal.

Rosselló le ha pedido a las autoridades federales fondos del programa de vivienda CDBG como suplemento a la ayuda que ofrezcan. También solicitó ampliar la dispensa en el pago que corresponde a Puerto Rico por los daños causados por el huracán María y acceso todos los fondos y préstamos federales.  Puerto Rico ya obtuvo una dispensa -en ciertas áreas (secciones A y B)- en el pago del 25% que le corresponde a los daños del huracán. De ordinario, la agencia federal para el Manejo de Emergencias (Fema, por sus siglas en inglés) paga el 75% y el resto lo asume el gobierno de Puerto Rico. Rosselló pidió que se exima a Puerto Rico de las secciones C hacia la G.

Al momento, la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca envió al Congreso una resolución que asignaría $16,000 millones en fondos de emergencia para que Fema haga pagos bajo el programa de seguro de inundaciones. Otros $12,770 millones para financiar el fondo para atender desastres de Fema.

Actualmente y debido a la emergencia que ha provocado el huracán, el gobierno de Puerto Rico no tiene recaudos que el secretario de Hacienda ha estimado en más de $200 millones. Después del 31 de octubre, la caja de Hacienda se queda en cero, ha dicho el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado.

Así las cosas, Rosselló recordó que Puerto Rico debe renovar infraestructura y su sistema de salud y de electricidad. De no hacerlo, advirtió, la Isla puede caer en una crisis humanitaria.

“Si no lo atendemos apropiadamente. Si lo atendemos apropiadamente pues tenemos los instrumentos entonces para salir de la emergencia, estabilizar y construir. Construir mejor que nunca”, dijo.

Alertó que si no se atienden “adecuadamente” las necesidades de Puerto Rico aumentará el éxodo de puertorriqueños a Estados Unidos.

“Ese éxodo se podría acelerar y dependiendo del daño que tengamos en Puerto Rico podríamos estar pensando en millones de puertorriqueños que se irían a algunos estados de la nación provocando un problema severo demográfico en Puerto Rico y en los Estados Unidos”, sostuvo.

En 11 años, Puerto Rico ha tenido una reducción poblacional de 10% lo que tiene un efecto nocivo sobre la economía.