La idea de que la persona designada para presidir el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene que ser imparcial no solo es una falacia, sino además una “trampa” de la que hay que distanciarse.

De esta forma, se pronunció este miércoles la profesora de derecho Erika Fontánez Torres sobre el candidato o la candidata que debe ocupar la silla que deja vacante el juez presidente Federico Hernández Denton, cuyo sucesor será nombrado por el gobernador Alejandro García Padilla durante los próximos días.

En un conversatorio titulado La vacante en el Tribunal Supremo, celebrado en la sede del Colegio de Abogados de Puerto Rico, la abogada subrayó que los jueces no están exentos de subjetividades y que más allá de buscar neutralidad en esa figura, lo que hay que observar precisamente es cuáles son sus posturas y en qué causas han centrado su activismo.

“Propongo apartarnos de la trampa de la neutralidad. No, no queremos a alguien neutral. Queremos a alguien cuya hoja de vida refleje haber estado del lado de los derechos y el acceso la justicia. Nada menos se merece el país”, subrayó la educadora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Fontánez Torres recordó que históricamente las figuras nominadas a ejercer ese cargo están vinculadas políticamente al gobierno de turno o provienen de familias con tradición en la abogacía. En ocasiones, dijo, sus nombres suenan porque ya han ejercido como jueces, por su temperamento jurídico, su potencial de ser imparciales y porque son grandes estudiosos de la controversia jurídica, entre otra clase de méritos.

Sin embargo, a su juicio, un puesto de dicha envergadura requiere mucho más, y por ello, la profesora propone que la vacante la ocupe una persona que, además de tener sus posturas muy claras, cuente con experiencias profesionales que sustenten sus convicciones.

“El país y la institución máxima adjudicadora de derechos necesita a alguien que no solo se tome los derechos de los más vulnerables en serio, sino que haya vivido una práctica profesional acorde", dijo. 

"Sabemos que existen abogados y abogadas que se dedican a la práctica de los derechos humanos, a las llamadas causas justas y de interés público, a un quehacer ético profesional comprometido con el mejoramiento de la sociedad con una práctica activa pro bono. Sin embargo, pagan el precio de que se les excluya de ser considerados para ocupar cargos de gran relevancia en el país bajo la idea de que son proactivos o que no son imparciales”, añadió. 

Asimismo, enfatizó que es hora de que los gobernadores redirijan su mirada fuera de los partidos políticos y hacia la hoja de vida profesional de los candidatos.

Por su parte, el expresidente del Colegio de Abogados Julio Fontanet Maldonado señaló que el mandatario debe entender que parte de su legado histórico son los nombramientos a juez presidente y jueces asociados, que está próximo a hacer.

“La historia ha sido bien rigurosa con algunos gobernadores a quienes se han condenado (por los nombramientos al Supremo), y a otros los ha reconocido. Yo espero que Alejandro García Padilla, que es un colegiado activo y fue miembro de la junta de gobierno (del Colegio), sepa que debe estar del lado correcto de la historia en este nombramiento”, puntualizó.

“La ecuación debe ser que al Tribunal Supremo le hace falta personas identificadas con el derecho público, asistencia legal, personas sensitivas a las necesidades de las minorías”, argumentó Fontanet Maldonado.

Sobre la vacante que deja Hernández Denton, afirmó que la expectativa es que la persona designada para sustituirlo figure entre los 40 y 48 años para que pueda estar unos 30 años en el puesto. Ese rango de edad lo consideró joven en comparación con el de los últimos jueces nombrados.

No obstante, recalcó que independientemente de su juventud, como requisitos mínimos, el nominado debe contar con competencia y experiencia administrativa, gozar de respeto y prestigio profesional y ser tolerante.

“La tolerancia puede ser particularmente, en un tribunal, una herramienta indispensable para ejercer un buen liderato, y le va a ser de mucha utilidad a ese candidato para tener capacidad de escuchar la crítica que se hace al tribunal”, abundó.

Antes, el también decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana presentó un perfil de los juristas que han integrado el máximo foro judicial durante las pasadas décadas.

En su mayoría, mencionó, son cercanos al gobernador que los designó y profesan su misma ideología política. Provienen mayormente de agencias de gobierno, son blancos, hombres y han sido nombrados cuando ya han cumplido los 55 años. Además, detalló que la mayoría no cuenta con publicaciones significativas en revistas jurídicas ni estudios graduados en derecho. Son de clase media, pero su núcleo de amistades es de clase alta y su experiencia laboral ha sido mayormente en la práctica civil. Son heterosexuales, conservadores y con ninguna práctica en la representación legal de indigentes u otras “causas antipáticas”.

En el conversatorio también participaron la profesora de derecho Ana Paulina Cruz Vélez, el abogado Pedro Ortiz Álvarez, la historiadora Alana Feldman Soler y el director de Servicios Legales de Puerto Rico, Charles Hey Maestre, quienes coincidieron con los planteamientos de Fontánez Torres y Fontanet Maldonado.