Un grupo que alega representar a unos 167,000 jubilados del país llegó a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para reducir pensiones, aunque el gobierno ya anunció que se opondrá al mismo.

Esta negociación de pensiones se suma a otras dos anunciadas en los pasados días, como la de la Asociación de Maestros y el grupo obrero Servidores Públicos Unidos, que han llegado acuerdos para recortar las pensiones a pesar que el gobierno de Ricardo Rosselló tiene como política pública que estas no se toquen.

En Radio Isla, el exjuez Miguel Fabre, presidente del Comité Oficial de Retirados (COR), explicó que el acuerdo será presentado hoy ante la jueza Laura Taylor Swain en una vista que se celebrará hoy como parte del proceso judicial bajo la ley federal PROMESA, donde se discute la deuda del gobierno de $70 mil millones.

“Esto realmente supone desde el punto de vista legal un alivio al empleado público porque… nadie está contento con ningún tipo de recorte, pero cuando analizamos los planes iniciales  de la junta, que afectan al 75% de los retirados, con recortes de hasta 25%, este acuerdo representa un avance importantísimo porque logramos salvar al 61% de los retirados, unas 102,000 personas”, dijo Fabre en la entrevista radial.

Fabre dijo que, además de proteger las pensiones, el acuerdo elimina que se considere en el cálculo de la pensión el seguro social, mantiene la aportación de $100 del patrono al plan médico, y crea un fondo de reserva para garantizar pagos futuros en las pensiones.

Los pensionados que sí verían un recorte, de un 8.5%, son los que ganan más de $1,200 al mes, explicó.

Fabre entiende que era inevitable perder algo de las pensiones en este proceso bajo PROMESA. “siempre en los casos de quiebra, todas las partes que son acreedores tiene que ceder algo. Esta es la realidad. Esto es lo mejor que hemos logrado”, afirmó.

El acuerdo se finalizó ayer, agregó.

Por su parte, Christian Sobrino, representante del gobernador ante la JSF, dijo en la misma radioemisora que el gobierno no respalda esta transacción porque afecta a sobre 65,000 jubilados

“El acuerdo que están anunciando hoy no es cónsono con la política del gobierno de Puerto Rico de que no se deben tocar las pensiones”, dijo Sobrino, quien expresó aprecio por Fabre y el COR.

Insistió que el recorte de pensiones exigido por la JSF es algo ideológico e innecesario.

Mientras tanto, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, les reiteró a los empleados públicos que tales medidas de recortes no son necesarias.

De hecho, recalcó en un comunicado de prensa que la política pública del gobernador Rosselló es no poner en vigor tales medidas que impacten a los pensionados.

“Repito que no avalaremos o apoyaremos ningún acuerdo judicial que sirva de subterfugio para recortar pensiones”, afirmó.

“Incluso, los términos que revela este comité de acreedores reflejan que el recorte de pensiones no es fiscalmente necesario. El impacto ha sido reducido a apenas $100 millones al año, ahorros que se cubren con eficiencias en otras áreas del presupuesto, como la reducción en gastos operacionales y la externalización de servicios. Esto demuestra que el recorte de la JSF es puramente ideológico”, agregó.