En las últimas semanas ha cobrado fuerza en Puerto Rico la discusión sobre un proyecto de ley que, según sus críticos, podría imponer un nuevo impuesto a la ciudadanía, esta vez sobre un recurso esencial para trabajar, estudiar o simplemente comunicarnos: los teléfonos celulares.

Se trata del Proyecto del Senado 615, que fue aprobado por desacargue en ese cuerpo legislativo, posteriormente avalado por la Cámara de Representantes y está a la espera de la firma de la gobernadora, Jenniffer González Colón.

La medida ha generado controversia entre figuras políticas. Mientras algunos la critican por considerar que representará un nuevo impuesto para la ciudadanía, otros la defienden como un ejercicio de autonomía municipal.

¿Qué dice realmente la medida?

El texto del Proyecto del Senado 615 no establece explícitamente un impuesto a los celulares. La medida lo que hace es definir el término “canal de voz”.

Según el documento, si la medida se convierte en ley, un canal de voz se definiría como “los distintos medios tecnológicos de las telecomunicaciones, como líneas telefónicas, códigos de acceso, redes móviles, troncales, tecnología de conexión de datos en cualquier formato, género y aplicaciones, incluyendo, transmisión de la voz, datos análogos, digitales o facsímiles que permiten realizar llamadas y la transmisión de voz, audio y datos entre dos o más personas, dispositivos o sistemas”.

La definición incluye, además, “los elementos de postes y accesorios relacionados (bajantes, anclas); los cables en sus diferentes ambientes (aéreo, enterrado, soterrado) junto a sus estructuras asociadas (alambre mensajero, terminales, corridas de conductos y registros); antenas y sus estructuras relacionadas, gabinetes de interconexión; bobinas y repetidores; terminales de equipo de ganancia de pares; entre otros”.

¿Por qué se entiende entonces que esta medida podría provocar un impuesto a los celulares?

La preocupación gira en torno a la nueva definición incluida en el proyecto legislativo para el término canal de voz, que forma parte de los elementos técnicos utilizados en las telecomunicaciones móviles.

Se entiende que la definición de “canal de voz” podría traducirse a un nuevo impuesto para la ciudadanía debido a que el Código Municipal de Puerto Rico le confiere facultad a los ayuntamientos para, entre otras cosas, cobrar a una empresa o persona que opere o provea cualquier servicio de telecomunicación por línea en Puerto Rico y que para ello utilice terrenos o predios del municipio.

La ley establece que la tasación se fijará en tres mil (3,000) dólares por cada canal de voz instalado, esté o no en funcionamiento.

Algunos expertos y legisladores interpretan que la nueva definición podría permitir a los municipios ampliar el alcance de los servicios sujetos a esta tasación, añadiendo cargos adicionales a los que ya enfrentan las compañías de telecomunicaciones. De aprobarse la medida, estas empresas podrían trasladar ese costo a sus clientes, lo que, en la práctica, representaría un impuesto indirecto para los consumidores.

La radicación de esta medida ocurre en un contexto de creciente dificultad fiscal para los municipios, varios de los cuales enfrentan el riesgo de quedarse sin fondos para operar. La propuesta fue presentada como una herramienta para allegar nuevos ingresos y asegurar la continuidad de los servicios esenciales a nivel municipal.

“Es necesario proveer herramientas a los municipios para la ejecución efectiva de sus deberes y para que continúen ofreciendo los servicios de primeras necesidades a los ciudadanos”, lee la exposición de motivos de la pieza legislativa, que fue radicada por el presidente del Senado, el senador Thomas Rivera Schatz, a petición de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico.

Proyecto carece de insumo experto, advierte la Alianza de Telecomunicaciones

El presidente de la Alianza de Telecomunicaciones, Pedro G. Andrés, denunció que el proyecto legislativo no tomó en cuenta las opiniones de expertos en el sector. Según advirtió, de convertirse en ley, la medida generaría inseguridad jurídica y económica para la industria.

A través de un comunicado de prensa, Andrés señaló además que la propuesta provocaría un aumento en los costos de los servicios de Internet y telefonía móvil que pagan los ciudadanos.

“El resultado práctico sería un aumento de miles de millones de dólares a la carga contributiva de la industria, lo cual, inevitablemente, terminaría afectando el bolsillo de los consumidores con un alza en los servicios de internet y telefonía móvil”, precisó.

Este agregó que para cambiar la ley vigente, resulta necesario que la Legislatura considere el insumo de expertos en esta industria y llamó a evaluar la medida con mayor profundidad técnica.

Divididas las opiniones sobre las consecuencias del proyecto en el PNP y el PPD

El proyecto, que ha generado un amplio debate público, ha provocado divisiones dentro de la Legislatura, con visiones encontradas entre miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del Partido Popular Democrático (PPD) sobre sus posibles consecuencias.

El senador de la Palma, Juan Oscar Morales, afirmó en entrevista telefónica con Primera Hora que la política pública de su colectividad es “no aprobar impuestos nuevos al pueblo de Puerto Rico”, y sostuvo que el proyecto no impone nuevos cargos a los ciudadanos.

“No hay ninguna parte que diga, explícitamente, de que el mismo va a representar un arbitrio a los consumidores por lo que establece. Eso es una interpretación que algunas personas le han brindado”, mencionó el legislador.

Según explicó, el propósito del proyecto es establecer definiciones claras en un área en la que, según alegó, algunas compañías ya cumplen con lo requerido y otras no. “Esto es una cuestión de interpretación. Nuestra política pública sigue siendo no aprobar nuevos impuestos al pueblo”, reiteró Morales.

El legislador añadió que ahora la medida está en manos de la gobernadora, quien tendrá la responsabilidad de evaluarla y tomar una determinación final.

Desde el Partido Popular Democrático (PPD), la postura sobre la medida es diametralmente opuesta. El representante Héctor Ferrer afirmó a Primera Hora que, tras evaluar el proyecto, llegó a la conclusión de que “claramente el PNP está legislando para imponer un impuesto a los consumidores”, razón por la cual la delegación popular en la Cámara decidió rechazarlo.

Ferrer también reaccionó al respaldo que parte de la delegación del PPD en el Senado le dio a la medida, y denunció que esta fue incluida “a última hora” en el Comité de Conferencia, lo que —según indicó— limitó el tiempo disponible para su análisis y pudo haber influido en la decisión de los senadores populares que votaron a favor.

“Cuando se trata de comités de conferencia de último momento, es difícil consultar... En este caso, como en otros, no hubo tiempo suficiente para la comunicación”, puntualizó.

Ferrer añadió que, de haber contado con más tiempo para evaluar el proyecto, es probable que los senadores del PPD también lo hubieran rechazado.

Sin embargo, el senador Morales calificó esas expresiones como un intento por “quedar bien” ante la opinión pública.

Para la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, “el proyecto es malo por diversas razones”, entre ellas porque una definición más amplia de canales de voz podría provocar que se active la facultad del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) “para imponer nuevas contribuciones o contribuciones sobre elementos que antes no eran tributables”.

“¿A cuánto va a ascender ese impuesto? No hay forma de saberlo porque no se realizaron vistas públicas“, cuestionó la legisladora del PIP.

En el Senado, Santiago, así como los senadores Eliezer Molina Pérez, Adrián González y Ada Álvarez Conde, fueron los únicos votos en contra de la medida.

La mayoría de los legisladores populares —incluyendo al portavoz del PPD, Luis Javier Hernández— votaron a favor de la medida.

Primera Hora intentó obtener una reacción de Hernández sobre su voto a favor, pero al momento de la publicación, las llamadas realizadas por este medio no habían sido respondidas.

Reacciona el alcalde de Bayamón

El alcalde bayamonés, Ramón Luis Rivera Cruz, fue cauteloso al reaccionar a las repercusiones del mencionado proyecto y aseguró que tanto él como su equipo legal lo analizarán en detalle.

“Tengo al grupo de asesores del municipio en el área legal haciendo un análisis no solo en esa parte, sino del proyecto en su totalidad para ver si hay algún error que corregir. Número dos, la gobernadora fue bien clara y enfática que ella no va a aprobar ni auspiciar ningún impuesto nuevo. Tercero, lo poco que yo vi del proyecto, no hay impuesto nuevo, lo que pasa es que nuevamente los intereses económicos gritan para confundir a la ciudadanía”, reaccionó Rivera Cruz.

Para aclarar lo que llamó un escenario de inestabilidad, recordó que a medida que fue avanzando la tecnología había que ajustar la definición de lo que era un canal de voz.

“Es cuestión de ir a esos articulados, hacer la revisión correspondiente para que no haya ninguna confusión. En la manera en que está redactado puede prestarse a confusión y básicamente hoy en día las tres compañías principales están pagando ese impuesto. Si hay una serie compañías que no están pagando, que están por debajo de la mesa y lo que parece que lo que pretende el proyecto es incluirlos a todos”.

Insistió en que la legislación no representa un impuesto nuevo ni una carga económica para estas compañías de un billón de dólares, ni mucho menos le pasarán el cargo al consumidor.

“Cuando uno va a la realidad estamos hablando que lo más que podría pasar sería que las compañías que no están pagando el impuesto lo paguen y eso no debe, y estoy tirando un número sin tener toda la información completa, pero eso no llega ni a $50 millones”, argumentó el alcalde, al subrayar que no hay ningún impuesto legislado.

Una vez se analice el proyecto sus recomendaciones serán enviadas a la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, que preside alcalde de Camuy, Gabriel Hernández y a la gobernadora.

¿Qué dice la Fortaleza?

Al ser cuestionado sobre el controversial proyecto, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Hiram Torres Montalvo aseguró que la gobernadora no estaría firmando ningún proyecto de ley que implique un impuesto a la ciudadanía.

“Ya la gobernadora fue enfática en el sentido de que ella no va a estar estampando su firma en proyectos de ley que busquen impuestos o impuestos adicionales, así que el pueblo de Puerto Rico puede estar tranquilo que este aumento no va, indicó el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Torres Montalvo a preguntas del periodista Luis Enrique Falú.

Añadió que la política pública del gobierno de turno es la de “proteger al consumidor, proteger al pueblo de Puerto Rico de aumentos en el precio en servicios esenciales como sería la telefonía, así que este aumento no va”.

La reportera Maribel Hernández Pérez colaboró con esta historia.