La vista pública del Proyecto de la Cámara 896, que busca enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico y disponer sobre las corridas de motoras, dejó opiniones divididas.

“No tengo problema ni pretendo legislar en contra del derecho a la libre asociación, pero también hay que legislar para los que tienen planes de salir a disfrutar de un domingo y quedan atrapados en un tapón de algo que no se notificó ni se coordinó”, comentó el representante y autor de la medida, Ángel Matos García.

La ayudante especial de asuntos legislativos del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Mariamelia Sueiro, apoyó el proyecto, pero recomendó “que se enmiende la medida en discusión, para que sea la directoría de Obras Públicas, quien otorgue el permiso necesario para llevar a cabo las corridas”.

Asimismo, explicó que para estas actividades se deberá solicitar una póliza de responsabilidad pública, similar a la de actividades como caminatas, festivales, maratones, partidos políticos y bicicletadas, entre otros. Al momento, el Artículo 10.03 de la Ley, según enmendada, carece de la obligación de solicitud de un permiso para llevar a cabo la celebración de cualquier actividad deportiva, recreativa, cultural y social en la vía pública, o cuando este sea necesario.

La organización internacional llamada Latin American Motorcycle Association (LAMA) refutó el que se requiera un permiso de la Policía para corridas de 100 o más vehículos.

“La solicitud para uso de la vía pública y tener que hacer un plan vial sería complicado y representaría un proceso burocrático y oneroso en el caso de nuestro club, que somos el más grande de la Isla”, dijo la vicepresidenta de la organización, Nydia Tossas.

Por su parte, el licenciado Pedro Santiago, del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), señaló que la concentración de apenas 20 vehículos participando en una actividad concertada puede afectar el tránsito y la seguridad en las carreteras, por lo que consideró que establecer un número fijo de 100 vehículos limita la aplicación del actual artículo 10.03 y la participación del NPPR para velar por el orden y la seguridad en este tipo de eventos sociales como las corridas o concentración concertada de vehículos de motor.

Mientras, la representante Mariana Nogales Molinelli se opuso a la aprobación del proyecto, ya que dijo que requiere de mayor evaluación, ponencias del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAAPR) y de la Comisión de Derechos Civiles, entre otras instancias que “son importantes para ver estos efectos que yo lo puedo ver viniendo de otras ramificaciones no queridas en este proyecto de ley, porque como está redactada, le estaría votando en contra”.

Por otro lado, el Departamento de Justicia sostuvo que no ve impedimento para la aprobación del proyecto de ley. Sin embargo, mencionó que, junto a la solicitud, será necesario someter un plan vial que comprenda las demarcaciones territoriales, las vías públicas que transcurrirán y el horario de la actividad.

“Este proyecto no nació por Rey Charlie. Hay una ausencia de coordinación en que los motociclistas en su recreo atentan contra el recreo de otras personas, y estoy seguro no lo hacen por maldad. Lo que yo busco son herramientas adicionales”, recalcó Matos García.