El representante Orlando Aponte Rosario solicitó la desestimación de la querella que pesa en su contra en la Comisión de Ética de la Cámara como secuela de la orden de protección que solicitó la esposa del legislador, por un alegado incidente de violencia de género y que después, la fémina retiró.

Aunque el tribunal ordenó el archivo de la solicitud de orden de protección, la Comisión de Ética acordó de forma unánime mantener activa la querella que presentó en contra de Aponte Rosario el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, cuando trascendió en medios de comunicación la orden judicial que el legislador no había notificado al cuerpo legislativo.

El 2 de mayo, el caucus popular en la Cámara citó a Aponte Rosario en torno al alegado incidente y la orden de protección ex parte que fue emitida en su contra el 13 de abril pasado, pero el legislador le notificó a sus pares que su esposa había retirado la solicitud de orden de protección. El legislador negó entonces las imputaciones de maltrato de su pareja.

En la petición de desestimación, radicada este viernes 12 de mayo en la Secretaría de la Cámara, Aponte Rosario alegó que la querella no cumple con muchos de los requisitos de jurisdicción que establece el reglamento de la Comisión de Ética y las Reglas de Conducta Ética del cuerpo legislativo.

“Uno de los requisitos esenciales que debe contener la queja es que las alegaciones que motivan la presentación de la querella tienen que surgir de propio y personal conocimiento de la parte querellante y, en este caso, el quejoso no tiene propio y personal conocimiento de ninguna de las alegaciones”, alega Aponte Rosario, a quien el Presidente de la Cámara, además de instar la queja en su contra, lo removió de la presidencia de las comisiones que tenía a su cargo, entre ella, la Comisión de lo Jurídico.

El legislador también alega en la solicitud de desestimación, que los documentos que acompañan como anejos la queja, “están revestidos de confidencialidad y es imposible poder certificar su autenticidad”.

“En vista de que el tribunal ordenó la desestimación de la orden de protección, tampoco hay base que amerite la investigación que pudiera hacer la Comisión”, sostiene el legislador querellado.

El 13 de abril pasado, una jueza del Tribunal de Toa Baja le impuso al legislador una orden de protección por el alegado episodio de violencia machista, ocurrido en una residencia en Dorado.

Como parte de la orden judicial, Aponte Rosario, representante a la Cámara por el distrito 26 (Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo), fue desarmado y se le ocuparon seis armas de fuego, para las cuales tiene licencia.

Se esposa alegaba en la petición de orden que el legislador la agredió frente a los hijos del matrimonio de 3 y 6 años y que le dijo que tenía que seguir las reglas, que ella “no era nadie sin él”. Además, lo acusó de hablarle mal de ella, a sus hijos.

La jueza ordenó entonces, al legislador desalojar sus pertenencias del hogar y no podía acercarse al hogar de los familiares de la fémina, su lugar de trabajo y a la escuela donde asisten los menores.

Cuando anunció que su esposa había desistido de la orden de protección, Aponte Rosario dijo que el tribunal había restablecido las relaciones paterno filiales.