La Comisión de Ética de la Cámara comenzó a evaluar hoy la queja que presentó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández en contra del representante popular, Orlando Aponte Rosario, luego que trascendió el jueves pasado que el legislador encara una orden de protección judicial por un alegado incidente de violencia de género.

También Aponte Rosario deberá comparecer ante el caucus del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara el próximo martes 2 de mayo a las 10 de la mañana para contestar preguntas a sus pares sobre el incidente y la orden de protección ex parte, emitida el 13 de abril pasado y que el representante no notificó al cuerpo legislativo.

El caucus estaba citado para hoy, pero fue aplazado por el duelo que guarda en estos días la Cámara Baja, ante el fallecimiento del representante por el distrito 29 (Cayey y Cidra), José Aníbal Díaz Collazo.

El 13 de abril pasado, una jueza del Tribunal de Toa Baja le impuso al legislador una orden de protección por el alegado episodio de violencia machista, ocurrido en una residencia en Dorado y que el legislador no notificó al cuerpo legislativo.

“El pasado viernes el Presidente (de la Cámara) nos hizo un referido con una queja, que cumple con los requisitos de forma y como dicta el reglamento del Código de Ética, el compañero Orlando Aponte tiene 15 días para contestar si debemos atender o desestimar la queja que el presidente nos envía”, indicó el presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García, en declaraciones a periodistas en el Capitolio.

Matos García dijo que el representante Aponte Rosario tiene hasta el 12 de mayo para replicar a la queja del Presidente de la Cámara. La queja le fue notificada a Aponte Rosario el pasado 21 de abril y el 22 de mayo el legislador está citado para acudir ante el tribunal en torno a la orden de protección.

“Cuando el compañero conteste, en o antes del 12 de mayo, nosotros citamos a la Comisión de Ética para ver si de queja se convierte en querella. De convertirse en querella entraremos de lleno en los méritos”, explicó el también portavoz de la mayoría popular en la Cámara.

Además de referir a Aponte Rosario a la Comisión de Ética, el líder cameral relevó al representante de la presidencia de la Comisión de lo Jurídico y de la Comisión Conjunta de Evaluación del Código Penal.

Como parte de la orden judicial, Aponte Rosario, representante a la Cámara por el distrito 26 (Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo), fue desarmado y se le ocuparon seis armas de fuego, para las cuales tiene licencia.

El pasado viernes, luego que trascendió el incidente, Aponte Rosario dijo que intentó informarle de la orden judicial al presidente de la Cámara, pero no pudo.

“El Presidente de la Cámara estuvo fuera de Puerto Rico la semana pasada cuando ocurrieron estos incidentes, lo llamé varias ocasiones, pero no lo conseguí. Realmente no encontré un momento oportuno para expresarle una situación tan delicada, estaba buscando el momento para hacerlo”, indicó.

“Confío en que se va a saber la verdad, tengo paz en el sentido en que voy a salir bien”, reclamó el legislador, quien es representado por la abogada, Mayra López Mulero.

Según alega su esposa en la petición de orden, el legislador la agredió frente a los hijos del matrimonio de 3 y 6 años y le dijo que tenía que seguir las reglas.

“Aquí el macho soy yo”, alega la mujer que fueron las palabras del legislador, además, de indicarle que “no sirve, que no vale nada, que su trabajo no sirve y que ella no es nadie sin él”. Además, lo acusó de hablarle mal de ella a sus hijos, “que ella está loca y que si los regaña que le den”.

La jueza ordenó al legislador desalojar sus pertenencias del hogar y se le ocuparon dos escopetas, un rife y tres pistolas. La orden establece que Aponte Rosario no puede acercarse al hogar de los familiares de la fémina, su lugar de trabajo y a la escuela donde asisten los menores.

Sobre las armas ocupadas Aponte Rosario dijo que practicaba el tiro al blanco y el deporte de cacería.