En noviembre de 2013, el país se estremeció con el aterrador feminicidio de Ivonne Negrón Cintrón, a quien un vecino mató y desmembró en la barriada El Cerro, en Gurabo. Diez años y medio después -sin haber cumplido el mínimo de su sentencia de 84 años y tres meses de prisión- el victimario, Juan Ramos Álamo, busca salir en libertad condicional amparado en la Ley 85 de 2022.

Mediante esta ley, una persona adulta sentenciada por delito grave -que no sea asesinato en primer grado- puede solicitar ser evaluado por la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) cuando haya cumplido 15 años de prisión o el 75% de la pena, lo que anticipaba una avalancha de solicitudes en la agencia. En días recientes, el gobernador Pedro Pierluisi firmó un proyecto que enmienda la Ley 85 para excluir a convictos de agresión sexual y pornografía infantil, en todas sus modalidades.

En el caso de Ramos Álamo, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) refirió la solicitud del convicto de acogerse a la Ley 85-2022 a la JLBP y la petición tenía una vista señalada para el 22 de julio próximo, pero la familia fue notificada este fin de semana que fue pospuesta.

Carmen Cintrón Cruz, quien no se ha recuperado del cruel asesinato de su hija, fue notificada de la solicitud del convicto de ser evaluado para libertad bajo palabra en una carta el pasado 20 de mayo.

Tanto, doña Carmen como Leila Negrón Cintrón, hermana de la víctima, no salen de su asombro de que el convicto sea considerado para el privilegio de libertad bajo palabra, más aún cuando en su plan de salida, el feminicida regresaría a la misma casa en la que cometió el crimen y al mismo vecindario donde reside la familia de la víctima.

“No lo podía creer… Recibí esa carta un lunes y todavía jueves yo estaba llorando desconsolada… El dolor de la muerte de Ivonne no lo hemos superado y, por lo menos yo, sé que no lo voy a superar nunca. No he vuelto a ser la misma, pero me mantenía tranquila sabiendo que (Ramos Álamo) estaba preso, que estaba pagando por lo que hizo, pero ahora al saber que va a estar en la calle, en el mismo sector donde nosotros vivimos, es duro. No sé en qué los legisladores estaban pensando cuando aprobaron esa ley”, lamentó doña Carmen.

En 2014, un jurado encontró culpable a Ramos Álamo, pero rebajó el cargo de asesinato en primer grado a segundo grado. No obstante, el juez que presidió el caso, Roberto Angleró, le dictó una pena con agravantes y fue sentenciado a 84 años y tres meses de prisión.

Según el análisis forense, la mujer de 36 años fue asesinada de 26 puñaladas el 14 de noviembre de 2013. Su cadáver fue desmembrado y no fue hasta seis días después del brutal crimen que partes del cuerpo fueron recuperadas en una quebrada y en la propia residencia de Ramos Álamo, en la barriada El Cerro. Fue el hijo mayor de la víctima quien dio con la parte superior del cuerpo de su madre, en la casa del victimario, quien después, confesó los hechos.

En el proceso trascendió que Ramos Álamo se deshizo poco a poco de partes del cuerpo de la mujer y las lanzaba en bolsas plásticas a una quebrada.

“La muerte de mi hija fue macabra. Sé que todas las muertes son difíciles, pero yo no la puede velar y tuviera en mi recuerdo su último momento. Tuve que pagar por una caja sellada y todavía al día de hoy me pregunto qué había en aquella caja, qué fue lo que encontró Forense, porque siempre he tenido mis dudas de si ellos encontraron todo o si faltaban pedazos del cuerpo de Ivonne”, expresó la afligida madre.

“Yo creo en la rehabilitación y sé que los confinados tienen derecho a la rehabilitación, pero él debe cumplir el término que le impuso el juez. Si sale ahora, lo estarían premiando”, reclamó Cintrón Cruz, quien dijo que solo ella fue notificada el 20 de mayo pasado de la vista y al día siguiente de recibir la notificación se personó con su hija Leila a la JLBP, en Hato Rey.

Leila indicó que en la JLBP fueron atendidas por una técnica sociopenal, pero dijo que se fueron del lugar con varias interrogantes.

“Por la información que hemos ido levantando, el expediente (del convicto) es incompleto, solo tiene la información de solicitud para esa vista, no es un expediente completo de los 10 años que lleva confinada esta persona. El expediente no refleja información amplia de cuál ha sido el historial de esta persona en la institución”, sostuvo la hermana de la víctima, que es psicóloga y trabajadora social.

Cuestionó también el plan de salida del convicto, pues plantea “ir a vivir al mismo pueblo donde se cometieron los hechos, donde vive mi familia, a la misma comunidad y la misma casa donde asesinó a mi hermana”. Dijo que Gurabo es un municipio pequeño con un casco urbano pequeño. “Tenemos preocupación en torno a los riesgos de seguridad que esto representa para nuestra familia”, expresó Negrón Cintrón.

También expresó dudas en torno a si el convicto cualifica para ser evaluado por la JLBP.

“Él fue sentenciado a 84 años con tres meses según el cálculo, con las bonificaciones, él no ha cumplido las penas de la Ley de Armas (uso de un arma blanca) y destrucción de evidencia, que son 25 años de prisión, pero con Ley 85, empieza a cumplir primero por asesinato en segundo grado, que bonifica y , eso es parte de los defectos que tiene esa ley que se firmó, prácticamente, a puertas cerradas, apenas sin vistas públicas, sin que nadie se enterara. Creemos en los derechos de los confinados y hay sentencias que tienen que ser reevaluadas, pero todos estos factores tenían que considerarse antes de firmar esa ley”, acentuó.

“Aunque el caso de Hermes Ávila (convicto y ahora acusado del feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega, que salió en libertad) no tiene que ver con la Ley 85, estamos en una discusión porque ese señor asesinó a otras mujeres, están poniendo en la calle a gente y el sistema no se ha asegurado que existen los recursos para minimizar los riesgos”, expuso.

Negrón Cintrón cuestionó, además, que del expediente de Ramos Álamo no surge que haya estado expuesto a un proceso de rehabilitación. “Tomó un taller ‘Vivir sin violencia’ que tiene una duración aproximada de seis meses y otro de manejo de sustancias de una semana y ¿el sistema me garantiza que esta persona está rehabilitada con esos dos talleres?”, cuestionó.

Pendiente a evaluación

La presidenta de la JLBP, Aixa Pérez Mink, confirmó a este diario que el caso está pendiente de evaluación. La funcionaria dijo que estaba para verse en una vista el 22 de julio, pero se pospuso para tener la oportunidad de citar a todos los perjudicados.

“Una víctima ha traído un listado de personas que pudiesen tener interés y están dentro del tercer grado de consanguinidad”, indicó para agregar que la vista no tiene nueva fecha hasta que citen a todos los familiares.

“No es un proceso expedito, hay que ser incisivo, cuidadoso, también las víctimas a veces no son fáciles de conseguir si han pasado muchos años y ponemos edictos. En este caso también se va a someter para un edicto”, sostuvo Pérez Mink.

Dijo que muchos casos, no precisó la cantidad, serán devueltos por falta de jurisdicción, tras el gobernador Pierluisi firmar en mayo pasado el proyecto de enmiendas a la Ley 85, que excluye del privilegio de libertad bajo palabra a convictos de delitos sexuales.

“Muchos casos que han llegado se van a devolver al DCR. Estamos preparando el borrador de resolución para ser devueltos por falta de jurisdicción”, indicó.