La Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente solicitó ayer una asignación adicional de un millón de dólares para sufragar los gastos de contratación de fiscales y personal de apoyo para ampliar su labor en casos referidos por el Departamento de Justicia.

Luis Marín Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina, dijo que se han puesto al día luego de tres años de estar casi inoperante por falta de nombramiento de dos de los tres ex jueces del Panel.

Aseguró que han implantado recortes de gastos, como congelación de plazas, consolidación de funciones, reducción de vehículos y eliminar tarjetas de crédito.

“Toda petición la evaluamos, y si ellos justifican debidamente para qué se va a utilizar, casi siempre le damos dinero adicional. No necesariamente se le asigna lo que nos piden, porque tenemos que mirar lo justificado para, por lo menos, operar adecuadamente”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Antonio Silva Delgado, en la audiencia pública sobre el presupuesto para el año fiscal 2011.

La Oficina tiene tres FEI activos, dos fiscales delegados entre los 14 empleados, con seis plazas vacantes. Se alegó que necesitan tres más para llevar a cabo el Plan de Reclasificación de Empleados.

Durante la vista, el representante popular Luis Vega Ramos cuestionó el contrato de la ex jueza y ex presidenta de la Cámara, Zaida Hernández Torres, según figuraba en documentos que la propia Oficina entregó a la Comisión.

Hernández Torres aparece con un contrato registrado en la Oficina del Contralor por $45,000 en el 2009 con la Oficina del FEI. La también ex candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Nuevo Progresista figura además con un contrato de asesoría con la Cámara de Representantes por $84,000 el mismo año.

“El Panel reconoce que el país continúa atravesando por una delicada situación fiscal, pero es precisamente en momentos de crisis económica cuando históricamente los estados están más vulnerables al crimen y la corrupción gubernamental. Entonces, una inversión en la lucha contra este mal es no sólo una medida necesaria para proteger al erario hoy, sino que constituye también una sabia inversión en la protección de los dineros públicos del futuro”, dijo Marín Rodríguez para justificar su pedido de aumento presupuestario.

Del próximo presupuesto se invertirá un 24% para gastos operacionales, 35% nómina y gastos relacionados y un 41% para investigaciones y procesamientos de casos criminales, del total de $1.8 millones.