El gobernador Pedro Pierluisi respondió esta tarde a la Junta de Supervisión Fiscal que su “compromiso es proteger y honrar las pensiones”, luego de que el ente federal anunciara que demandó al gobierno para prohibir y anular la ley del retiro digno (Ley 7).

“La política pública de mi administración siempre ha sido clara en cuanto a los recortes a las pensiones de los retirados del gobierno de Puerto Rico. Mi compromiso es proteger y honrar las pensiones. Firmé la ley de retiro digno para reiterar mi posición en cuanto al sistema de pensiones del gobierno. Reconozco que la ley tiene disposiciones que son significativamente inconsistentes con el plan fiscal certificado y que hay una controversia con la Junta de Supervisión y Administración Financiera en cuanto a la viabilidad de la misma”, expresó Pierluisi en declaraciones escritas.

“Le cursé ayer una carta a la Junta de Supervisión Fiscal en la que le solicité tiempo para buscar alternativas fiscalmente responsables que aseguren los pagos a nuestros pensionados actuales y garanticen una pensión justa a los empleados que laboran en el gobierno desde antes del año 2000, quienes contaban con un compromiso de una pensión definida”, señaló.

“Entiendo que no es necesario litigar en este momento y así lo haremos saber al tribunal. Al mismo tiempo, me voy a continuar enfocando en buscar las soluciones a esta controversia que protejan a nuestros pensionados y que sean fiscalmente viables. Seguiré el curso de trabajo para presentar las medidas legislativas necesarias y resolver esta controversia en beneficio de Puerto Rico y su gente”, sostuvo Pierluisi.

Más temprano, el presidente de la Junta, David Skeel, señaló en un comunicado de prensa que esta ley “hace la falsa promesa de un ‘retiro digno’ a los empleados retirados del gobierno mediante mayores beneficios que Puerto Rico no puede pagar”.

“La Ley 7 resulta en todo lo contrario a un ‘retiro digno’; pondría en peligro los beneficios de retiro en el futuro, ya que la ley no puede ni podrá financiar adecuadamente lo que promete. Puerto Rico permanece en una crisis fiscal y la implementación de la Ley 7 descarrilaría el progreso logrado en alcanzar una reestructuración de deuda consensuada, prolongaría la bancarrota, resultaría en inestabilidad fiscal y retrasaría la recuperación”, manifestó.