El director en Puerto Rico del Departamento federal de Agricultura (USDA, en inglés) en el área de Desarrollo Rural, Nelson Albino, acudió a las redes sociales para lanzar una advertencia del peligro que se toman los gobiernos estatales en asumir la responsabilidad fiscal para continuar otorgando el beneficio de asistencia nutricional en medio del cierre del gobierno de los Estados Unidos.

Según planteó, el dinero no sería reembolsado por el USDA.

“La movida de algunos gobiernos estatales de cubrir temporalmente con sus fondos el programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) de cupones de alimentos en lo que reabre el gobierno federal es una medida peligrosa para las finanzas de los estado porque, como dijo nuestra secretaria de USDA, Brooke Rollins, en su memo, el gobierno federal NO reembolsará a los estados el dinero que gasten en eso, ya que el gobierno federal no está obligado a hacerlo”, precisó en una publicación realizada en la red social X.

Añadió que “ya varios estados con gobernadores ambos partidos le han dicho a sus ciudadanos que a partir del primero de noviembre no hay cupones y no gastarán de sus fondos porque saben que gasto que hagan sus estados, gasto que no será reembolsado. Los gobiernos estatales deben ser cuidadosos y no dejarse tentar por el populismo”.

En Puerto Rico, no se concede el SNAP. No obstante, es el USDA quien otorga dinero para subvencionar el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). El gobierno local ya fue informado de que dejará de recibir también los fondos a partir del 1 de noviembre.

No obstante, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, explicó que unas economías de unos $50 millones que logró el Departamento de la Familia en la administración de los fondos del PAN permitirán extender la ayuda hasta la próxima semana. El gobierno todavía busca alternativas para pagar el beneficio a partir de la segunda semana del mes próximo.

Al cuestionársele a Domenech las declaraciones hechas por el funcionario, dijo que no conocía de las mismas.

Expuso que “nosotros estamos llevando conversaciones a nivel de Agricultura federal en Washington casi a diario”.

Sostuvo que, en esas conversaciones, se cubre el tema de la posibilidad de que se usen fondos estatales para dar el beneficio y de que el mismo sea reembolsado. Estas conversaciones son dirigidas por la directora de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA), Gabriela Boffelli.

Asimismo, la gobernadora Jenniffer González Colón señaló este martes que tienen dos semanas para conseguir una alternativa, en caso de que el cierre del gobierno de los Estados Unidos se prolongue. Aceptó que no han identificado de dónde podrían salir los fondos.

Por su parte, el comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, le envió una carta a la secretaria del USDA para que, entre otras cosas, aclare si el gobierno de Puerto Rico recibiría algún reembolso si utiliza fondos estatales para no dejar de proveer la ayuda del PAN a los 1.5 millones de beneficiarios.

“La administración debe aclarar si el gobierno de Puerto Rico recibirá o no un reembolso por los fondos estatales reasignados al PAN durante este cierre de gobierno. Las familias puertorriqueñas no deben quedar rezagadas simplemente porque la administración se niegue a usar las herramientas legales y los recursos que tiene a su alcance. La seguridad alimentaria no es un asunto partidista, es un asunto moral”, afirmó en un comunicado de prensa.

La carta, también firmada por la líder de la minoría del Comité de Agricultura, representante Angie Craig, y la líder de la minoría de Asignaciones de la Cámara de Representantes, representante, Rosa L. DeLauro, expone preocupación por el impacto de que se detengan las asignaciones del PAN.

“Decenas de miles de hogares en Puerto Rico dependen del PAN para comprar comida. Cualquier retraso o reducción en los beneficios tendría consecuencias inmediatas y graves para nuestros adultos mayores, nuestros niños y nuestros trabajadores de bajos ingresos”. precisó Hernández Rivera.

El cierre del gobierno de los Estados Unidos inició el pasado 1 de octubre. El mismo se debe a una discrepancia entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar el presupuesto.