Aquellas personas que todavía tienen la mala costumbre de incurrir en la práctica ilegal despedir el año haciendo disparos al aire con armas de fuego, sepan que si los agarran haciéndolo esta Navidad, la pena sería de cárcel, sin probatoria.

A eso de las 10:00 p.m. del jueves, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad en votación final el proyecto que enmienda la Ley de Armas para imponer penas más severas a dicha práctica, que muchas veces ha segado la vida de personas inocentes impactadas por las llamadas balas perdidas.

De igual forma, la Cámara avaló tarde este jueves otro proyecto de ley que dispone que tampoco habrá probatoria, ni programas de desvío, para las personas que porten o transporten un arma de fuego ilegal con excepción de los casos en los que se pueda establecer que no había riesgo de conducta criminal. Esa medida se aprobó con 32 votos a favor y 12 en contra.

Las medidas, del paquete de siete piezas legislativas incluidas por el gobernador Alejandro García Padilla en la convocatoria de la sesión extraordinaria, serían enviadas de inmediato al Senado, que tenía previsto reiniciar su sesión pasadas las 10:30 p.m.

En el Senado se espera que también sean refrendadas las medidas sobre las armas, de manera que en las próximas horas, el primer ejecutivo las convierta en ley. Con estos proyectos la Policía intentará frenar de forma más agresiva la práctica de los disparos al aire. Las medidas se suman a la implantación del Sistema de Detección de Disparos, que rastrea con tecnología GPS el lugar desde donde se está disparando y que ya opera en un sector del área metropolitana.

El proyecto de la Cámara 1559 propone enmendar el artículo 5.15 de la Ley de Armas para aumentar las penas por el acto de disparar balas al aire. La medida dispone que la persona que cometa este acto no tendrá derecho a una sentencia suspendida (probatoria) ni a salir en libertad bajo palabra, ni disfrutar de ningún programa de desvío o bonificaciones. Establece que la totalidad de la pena se cumpliría en años naturales.

El artículo 5.15 de la ley vigente no contempla el beneficio de probatoria cuando el acto de apuntar con el arma de fuego ocurre en la comisión de un delito. Con la nueva ennmienda el mero acto de disparar un arma de fuego al aire, no tiene ningún beneficio de probatoria.

La medida tuvo varias enmiendas. Una de las modificaciones fue para reducir de $5,000 a $2,500 la multa administrativa que se impondría al dueño de una propiedad que vea a una persona disparando en su terreno y no lo reporte a la Policía.

Como se trata de una multa administrativa la medida también se enmendó para ordenarle a la Policía a establecer un reglamento a los fines de la notificación y expedición de la multa.

A fin de que el reglamento pueda ser efectivo en esta época navideña, otra de las enmiendas dispone que se recurra a la sección de reglamentos de emergencia de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, explicó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Báez Rivera.

El proyecto 1560 dispone también que los fiscales sólo podrán hacer alegaciones preacordadas que impliquen dos años de cárcel o mas, a menos que el Secretario de Justicia autorice por escrito una pena menor.

La medida, aprobada con 32 votos a favor de los 44 representantes presentes en la sesión, establece una pequeña amnistía de 15 días para la entrega de armas de fuego ilegales, que comenzarían con contar tan pronto entre en vigor la medida y concede un término de 120 días para registrar armas de fuego que fueron adquiridas de forma legal.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Luis Vega Ramos dijo que algunas de las enmiendas surgieron de la ponencia del Secretario de Corrección y Rehabilitación. Indicó que en ciertos casos meritorios, se le permite al Secretario de Justicia y a los tribunales, acceder a un acuerdo que conlleve una sentencia menor.

“Sería una excepción para ciertos casos en que se demuestre que la violación a la Ley, como por ejemplo portar un arma de fuego sin licencia, no era parte de un intento de cometer un acto criminal violento”, explicó el legislador.

Genera debate medida que toca a Procurador del Paciente

Hasta entrada la noche, la única medida de la sesión extraordinaria que generó debate en la Cámara de Representantes fue una que le otorga más poderes al Procurador del Paciente en la defensa de los derechos de salud de todos los ciudadanos.

La portavoz de la minoría penepé, Jenniffer González dijo que la medida reconoce que un 55 por ciento de la población asegurada fue dejada sin la protección del Procurador porque le quitaron la jurisdicción de intervenir en casos de negligencia o de negación de algún servicio de salud.

“El proyecto reconoce que metieron las patas”, sostuvo González, quien acusó a la senadora Rossana López de tener “una vendetta” contra los procuradores que fueron nombrados por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

"La brillante idea de quitarle la jurisdicción a la oficina vino del Senado", dijo refiriéndose a López.

La senadora popular le ripostó en declaraciones escritas indicando que el Departamento de Salud federal y sus documentos validaron el reestablecimiento de las procuradurías y clasifican las personas de edad avanzada como alto riesgo.

“Si ella hoy quiere venderse como alguien responsable, entonces que explique por qué no se hicieron los reportes de fondos federales desde 2011, que explique el despilfarro de fondos a los viejos, que les están cerrando los centros y no tienen comida y que su administración no investigó”, indicó López, quien el cuatrienio pasada se desempeñaba como Procuradora de Personas de Edad Avanzada y al negarse a implementar la Ley 7 fue destituida por el entonces gobernador Luis Fortuño.

Otra de las medidas aprobadas autoriza la concesión del derecho de superficie sobre los terrenos donados a la Ciudad Deportiva Roberto Clemente. La medida fue enmendada para disponer que se le concederán planes de pago para deudas de agua y luz, como requisito para recibir fondos públicos.