Aunque se ha anunciado como una “solución” dentro de la precaria situación económica que enfrenta el gobierno de Puerto Rico, el anuncio de un acuerdo que incluye reducción de pensiones no ha caído nada bien entre los pensionados.

A juzgar por sus opiniones, muchos consideran que el gobierno les ha dado la espalda, y que las medidas de austeridad fiscal afectan de manera desproporcionada a los más necesitados.

Según el acuerdo anunciado, que aún debe ser ratificado por el tribunal, las pensiones de más de $1,200 mensuales sufrirían un recorte de 8.5%.

De acuerdo con el pensionado Ramón Marrero “no importa el gobierno que sea, del PNP (Partido Nuevo Progresista) o PPD (Partido Popular Democrático), meten la mano en un sitio y saben lo que están buscando. Automáticamente, la Junta (de Supervisión Fiscal, JSF) quiere estar a sus anchas y lo que nos quitan es pa’ cogérselo ellos”.

“Todo el mundo tiene derecho a su pensión, a que se le respete eso”, insistió Marrero. “Se supone que le quiten a aquellos con más dinero para darnos a nosotros los pobres, pero nos quitan a nosotros pa’ cogérselo ellos”.

Otro pensionado con 30 años de servicio en el gobierno, incluyendo 10 en la Universidad de Puerto Rico, pero que prefirió mantener su identidad en el anonimato, aseguró que “los políticos actúan como ganga y cuando se montan es para su propio beneficio y los de ellos. Donde los representantes del pueblo están a la venta, no se puede hacer nada. Así que estamos jod…. La gente está bien decepcionada”.

“¿Por qué no menciona alguna garantía de que cuándo Puerto Rico mejore se va a devolver eso? (el porciento de pensión)”, cuestionó.

“La revuelta que hubo para sacar a Ricky (Ricardo Rosselló) había que seguirla hasta el Capitolio. Los políticos han abusado, y van a volver a ganar, y tienen la misma gente resolviendo los problemas que ellos mismos crearon”, condenó.

Aseguró que en su caso particular “me quitan ciento y pico de pesos. Pero puedo aguantar porque tengo Seguro Social”. Sin embargo, cuestionó que “me quitan eso cuando la Junta tiene salarios de millonarios”.

Aseguró que “la única esperanza” que le están dejando a “los pobres y hasta la clase media” va a ser “ganar el Powerball”.

Por su parte, la maestra retirada Elena Cruz Aponte, quien trabajó por 36 años en una escuela de San Juan, se expresó “totalmente en contra” del acuerdo anunciado.

“Entiendo que se pudieron haber buscado otras alternativas para que no saliéramos perjudicados de todo esto. Ya hemos dado demasiado y nos quieren seguir descontando 8.5%”, denunció Cruz.

La maestra jubilada aseguró que “se hizo un estudio y se mostró que son necesarios unos $3,000 para poder vivir dignamente”, y subrayó que los maestros “no somos responsables de la crisis”.

Cruz dijo sentirse apenada de escuchar a la gobernadora Wanda Vázquez apoyar el acuerdo y aseguró que el COR (Comité Oficial de Retirados) “no me representa. Ellos defienden sus intereses y a nosotros, el Frente en Defensa de las Pensiones, no nos consultaron nada”. Arremetió en particular contra el exjuez Miguel Fabre, presidente del COR, porque “su pensión es de 100%. En el caso de nosotros la pensión es de 75%” y ahora se añadiría el 8.5% adicional para los que reciben más de $1,200.

“Y con todos esos recortes anteriores ya nosotros estábamos aportando al fisco. Pero nos quieren quitar más y dárselo a los fondos buitres y los bonistas, que la mayoría se lleva el dinero fuera de aquí”, condenó.

Cruz aseguró que la reducción de pensiones tendrá incluso un efecto negativo más allá de los pensionados afectados, porque “es algo general, es una cadena” y la gente podrá gastar cada vez menos y se afectarán los negocios y la economía en general.

“No es justo, no estoy de acuerdo”, reiteró la maestra retirada. “Cero recorte, a cualquiera. Tenemos compañeros enfermos, que pagan hipotecas. Así que vamos a seguir luchando”.