Generosa y amplia la amnistía contributiva a implantarse para aliviar la crisis que enfrentan las finanzas del Gobierno.

El proyecto de ley aprobado por Senado y Cámara trata con manos de seda a los que no han podido, o no han querido, cumplir con sus responsabilidades con el fisco.

La medida justifica el perdón tanto de deudores como de evasores, entendiendo que la economía está debilitada y que muchos ciudadanos se encuentran imposibilitados de cumplir.

La nueva amnistía no solo va a beneficiar a los que le deben al Departamento de Hacienda, sino también a los que ni siquiera han radicado planillas, lo que constituye un delito.

Se supone que nadie que esté sujeto a una acción criminal pueda acogerse a la dispensa, pero los fiscales podrán llegar a acuerdos con los acusados para que se suspenda el proceso criminal si estos pagan sus deudas.

Eso implicaría que al acusado se le puedan suprimir o rebajar los cargos o que se le reduzcan las penas.

La Legislatura se cuidó de que los funcionarios electos o los jefes de agencia y otros funcionarios que requieran de confirmación legislativa disfruten del perdón contributivo.

A la enmienda se le denominó con el nombre de Carmen Yulín Cruz por las deudas que tiene la alcaldesa de San Juan con el Departamento.

Esa deuda estuvo cerca de los $100,000.

La nueva amnistía releva del pago de intereses, recargos y penalidades a los deudores que se acojan.

El pago de intereses quedará sujeto al plan de pago que se acuerde con el Gobierno.

Los que rindieron planillas pero le deben a Hacienda pueden acogerse al proceso con respecto a los años contributivos anteriores al 31 de diciembre de 2011.

Van a disfrutar de la dispensa casi todo el mundo, incluso los comerciantes que no hayan cumplido con el envío de las remesas del impuesto al consumo o IVU.

También quedaron cobijados los patronos con deudas de retención contributiva de sus empleados y aquellos que le adeuden al fisco por contribuciones sobre herencias (de caudal relicto) o donaciones, entre otros.

Los evasores contributivos, es decir, los que ni siquiera radicaron planillas, vendrán obligados a pagarle a Hacienda la totalidad de la deuda.

“Lo que tenemos aquí es un moral hazard o un daño moral. El Gobierno está forzado a aprobar una amnistía porque necesita el dinero, pero esa práctica tiene unos efectos secundarios”, sostuvo el reconocido economista Vicente Feliciano.

Sostuvo que decretar amnistías con frecuencia es peligroso porque provoca que muchos contribuyentes se vean tentados a no pagar cuando les corresponde, confiados en que vendrá un perdón para ellos más tarde.

La última amnistía se aprobó en 2011, indicó ayer el ex presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes Antonio “Toñito” Silva.

Silva explicó que la amnistía de 2011 también excluyó a los funcionarios.

La ex presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado Migdalia Padilla subrayó que las amnistías no son justas con los que pagan religiosamente sus contribuciones.

“No es justo para el que paga. Lo que haces es premiar al que no cumple, pero nosotros (la administración pasada de Luis Fortuño) también lo tuvimos que hacer”, dijo.

Apoyo a los de Martín Peña

Primera Hora supo que hoy el gobernador Alejandro García Padilla destacará en su mensaje sobre la situación y presupuesto del país un plan de infraestructura de alcantarillados y troncales sanitarias para las comunidades del G-8 San José, Israel y Bitimul, que tendrá un costo total de $100 millones.

La primera asignación será de $18.8 millones.

Esa iniciativa debe ponerle fin al problema histórico de contaminación e inundaciones del caño Martín Peña. El proyecto comenzará a finales de año y beneficiará a 9,000 familias. También creará 225 empleos.

presupuesto un poco Mayor

En su mensaje de hoy, García Padilla estará anunciando un presupuesto un poco mayor que el del año pasado.

El presupuesto se “cuadrará” con aumentos en contribuciones, como el 4% de arbitrio a las foráneas y también se espera que se elimine la exención del pago del impuesto al consumo por parte de los que compran productos para revenderlos. El sistema se sustituiría por créditos.

Otra medida que se evaluaba era la ampliación de la base del sales tax, exceptuando los alimentos no preparados y las medicinas.

El presupuesto, se supo, viene con una reasignación de recursos, conforme a las prioridades que anunció en campaña García Padilla, entre estas la seguridad.

Se había especulado de la posibilidad de que la Lotería de la Isla se uniera a Powerball de Estados Unidos, pero ayer el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg, dijo que “eso no es correcto”.

El mensaje de García Padilla durará entre 40 y 50 minutos y se transmitirá por todos los canales comerciales, incluidos los religiosos.